La Saga de Doral ya es una Tragedia Griega

Hacienda continua con su agenda contra Doral. A pesar de que el Tribunal Apelativo determinó que Hacienda tenía el peso de la prueba para demostrar fraude, engaño o falseamiento de un hecho esencial. El Gobierno le pidió reconsideración al Tribunal de Primera Instancia que había adoptado esta posición. Si examinamos los casos citados por las partes, es claro que Hacienda se equivoca. Hacienda argumenta, además, que no tiene que probar intención para demostrar fraude, lo que es totalmente contrario a lo que los mismos casos citan dicen. Afortunadamente, el Tribunal de Primera Instancia estuvo de acuerdo con Doral y denegó la petición.

 

Hacienda, además ha utilizado al CPA Lidio Soriano como su testigo, a pesar de que nada sabe del acuerdo de 2012, fue empleado (CFO) con Doral, tiene un acuerdo de confidencialidad con Doral y este levantó el privilegio de CPA/cliente. Es especialmente preocupante que el CPA Lidio Soriano es empleado del Banco Popular de PR, fue representado en su deposición por un abogado interno y otro externo del Banco Popular, quienes alegadamente lo invitaban a testificar a pesar de las continuas objeciones de Doral. De ser así, que interés tiene el Banco Popular en este asunto? Acaso existe interés en que Doral se liquide por el FDIC para así comprar haberes a precio de “pescao abombao” ? O habrá hecho Hacienda promesas a la atribulada institución bancaria? De cualquier manera, ya el Tribunal decidirá.

 

Desde por lo menos abril de 2014, Hacienda ha tomado acciones que perjudican a Doral, uno de los pocos bancos que quedan en PR, el segundo en originación de hipotecas. En el banco trabajan más de 1,000 padres de familia que perderían su empleo de ser liquidado Doral, amén de que los accionista perderán su inversión. Habrá hecho esto Hacienda para ahorrarse $229 millones? O será una vendetta política contra el presidente de Doral por ser PNP y el anterior Secretario de Hacienda?

 

Si Doral, como todo parece apuntar, prevalece en su, caso podría tener derecho a reivindicar sus derechos, sea por la vía federal o estatal y todo eso puede acabar costándole más al contribuyente que los $229 millones que festinadamente le niega Hacienda al Banco.

 

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