LA NUEVA DEMANDA DE BRIGADE

 

 

El 4 de abril de 2016, Brigade Leveraged Capital Structures Fund Ltd y varios otros que poseen bonos del BGF, demandaron a la entidad en Corte Federal bajo diversidad de ciudadanía (28 U.S.C. § 1332) para que no pagara ningún dinero a sus acreedores excepto para servicios esenciales. Brigade quería conservar los fondos del BGF y entendió que esta era la mejor manera. Poco después, el Gobernador emitió bajo la Ley de Moratoria, una orden ejecutiva haciendo esencialmente lo que Brigade pedía y los demandantes retiraron la solicitud de injunction. De hecho, en una vista ante el Tribunal Federal, se llegaron a unos acuerdos de negociar para no tener que litigar el caso. Los demandantes de este caso son parte de los bonistas

 

Sorpresivamente, el 21de mayo de 2016, Brigade y compañía, acompañados por Fir Tree Value Master Fund, LP y otras de afiliadas, enmiendas a la demanda. La nueva demanda alega violación de derechos constitucionales y la jurisdicción se basa en federal question (28 U.S.C. § 1331). Alegan que varias de las partes de la Ley de Moratoria son inconstitucionales. Los demandantes alegan que la Ley de Moratoria viola la Constitución Federal al menoscabar las obligaciones contractuales, constituye un “taking without just compensation” en violación de la 5ta Enmienda, de la Clausula de Comercio Interestatal de la Constitución Federal, violación al acceso a Corte Federal y del campo ocupado (preemption) del 11 U.S.C. § 903. Este último fue el mismo que se uso para invalidar la Quiebra Criolla en el caso de Franklin California, ahora ante el Tribunal Supremo Federal.

 

Era obvio que en algún momento, bonistas impugnaran la Ley de Moratoria en la Corte Federal. Lo que es diferente en esta demanda es que se alega que el Gobierno de PR violó acuerdos hechos el 2 de mayo (página 2, párrafo 2). Como parte de ese acuerdo, los bonistas, que se sentaron a negociar con PR, intercambiarían sus bonos por unos valorados 56.25% del valor de su bono origina. Más aún, si se llegaba a un acuerdo global, como se esperaba, habría otro intercambio de bonos y los bonistas recibirían uno nuevo con valor de solo 47% del original (páginas 11-12, párrafo 28). En otras palabras, los bonistas de quien tan mal se habla, estaban dispuestos a tomar un descuento (haircut) de 53%. So much for vultures.

 

El 5 de mayo la Legislatura, a pesar de que los bonistas estaban negociando los detalles del acuerdo, enmienda la Ley de Moratoria con la Ley 40-2016 al cambiar las prioridades del pago de los bonos (páginas 11-18). Mis fuentes me indican que ese cambio de los términos de los acuerdos de 2 de mayo y la falta de negociación de buena fe del Gobierno que lleva a Fir Tree a unirse a la demanda y al radical cambio en la misma. De ser cierto, y no tengo razón de dudar que sea cierto, esto es altamente preocupante ya que remueve cualquier incentivo para que bonistas negocien con PR en este momento. ¿Para qué va un bonista a negociar en este momento con un PR dominado por aquellos que no cumplen acuerdos si dentro de poco lo harán bajo la sombra de PROMESA?

 

Esta demanda, igual que otras que de seguro llegaran, tiene altas probabilidades de éxito, aún si es detenida por el “stay” que promueve PROMESA. Y si como sospecho, PROMESA no es aprobada, el Pueblo va a pagar caro la arrogancia de AGP y compañía.

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One comment

  1. Una persona conocida me contó que su grupo aceptó vender bonos, conforme propuesta de una firma abogados de EEUU, que le explicaron lo del lobo, un pelo… lo más que me llamó la atención fue que esos abogados le pidieron que lo mantuvieran EN SECRETO… Sospecho q. la razón para ello es que si los NUEVOS compradores negocian con los deudores lo hacen a base del 100%, por lo que CUALQUIER suma por sobre lo que realmente pagaron puede multiplicar por varias veces lo q. pagaron (¿ buitres?…claro q.sí !!!). Para negociar con estos “vultures” se debe exigir prueba fehaciente de lo que pagaron y sobre tal precio hacer el acuerdo… así es q. se brega con los buitres. OTRA: sI la deuda es extra-constitucional, es ILEGAL y no cobrable (al Gobierno). Es como el q. vende drogas ‘a crédito’…. ¿puede recurrir al tribunal para gestionar así el cobro?…. La única vía, es ir contra la casa de corretaje por intervenir, dándole un rating atractivo y cobrando por ‘sus servicios’; también contra los q. intervinieron en representación del Gobierno o sus agencias…. lo que legalmente no se puede hacer directamente, NO SE PUEDE HACER INDIRECTAMENTE… POR ULTIMO, NO ES PATRIMONIO lo que se estructura para rendir un servicio con fines lucrativos…. Case in point: AEE. Hay q. venderla y reducir la deuda en unos $9 billones. El comprador, entonces, puede hacer uso de e. renovable, etc….

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