Author: muddlaw

John E. Mudd is an attorney and legal analyst admitted to the practice of law in Puerto Rico, the P.R. Federal District Court, the First and Fourth Circuit Court of Appeals. He received his J.D. from the University of Puerto Rico Law School in1982. He also holds a Masters Degree from Boston University in International Relations focusing in Middle Eastern Studies. He started his litigation career as an attorney in the federal división for the PR Department of Justice. After that, he worked for many years for Ortiz Toro-Ortiz Brunet where he participated in some of the most high profile cases in PR, including the Dupont Plaza Litigation, Rio Piedras Explosion, Tobacco Litigation (lead counsel) and the Airplane Crash in Cali, Colombia. Now a solo practitioner for more than ten years, Mr. Mudd specializes in Class Actions, Bankruptcy , Constitutional Law , Mass tort litigation and Intricate Federal Issues. He also gives seminars for continued legal education. Currently, you can find him Fridays at 5:00 pm with Luis Davila Colon at El Azote, he also makes occasional tv/radio appearances. In his free time, Mr. Mudd enjoys bread baking, reading and his blog. He currently resides in Guaynabo with his wife Viviana, daughter Sara and three crazy cats. Contact information can be found in his blog johnmuddlaw.com

Et tu, Ricky y José? Versión Español

Et tu, Ricky y José?

*Traducción al Español de la columna de Caribbean Business del 20 de diciembre, 2017.

 

La mayoría de los puertorriqueños conocen de los “casos insulares”, una serie de decisiones del SCOTUS que dicen que el Congreso puede hacer con Puerto Rico como desee dado su estatus de territorio, excepto de privarlos de derechos fundamentales. La más conocida de estas decisiones fue la de 1901 Downes v. Bidwell, la cual está ahora en el centro de la teoría legal usada por la administración Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal para defender PROMESA contra reclamaciones de acreedores y la Utier que el nombramiento de los miembros de la Junta viola el Appointments Clause de la Constitución Federal.

 

Todas las partes envueltas en la litigación del Appointments Clause concurren en un punto:  El único issue en la litigación es si, como los demandantes reclaman, el presidente debió haber tenido mano libre para nombrar los miembros de la Junta sujeto a la confirmación del Senado, o si los incumbentes, que fueron en realidad escogidos por 4 miembros del Congreso debieran permanecer en sus posiciones y no tener que ir al Senado para su confirmación. Ni Aurelius ni la  Utier quieren revocar PROMESA o cambiar algunas de sus secciones excepto como se nombran los miembros de la Junta y aún en esta área solo sugieren cirugía menor.

 

La decisión de  Downes v. Bidwell no es simplemente una decisión del SCOTUS de principios del siglo pasado, es el pináculo de un momento en la historia legal de los U.S. que nos provee una imagen perfecta del pasado de nuestra nación enraizada en el racismo y el colonialismo. Pongámoslo en su contexto histórico, Downes, fue escrito por la misma Corte que sostuvo la segregación racial in Plessy v. Ferguson. El caso dice que “if the conquered are a fierce, savage, and restless people, [Congress] may […] govern them with a tighter rein, so as to curb their ‘impetuosity, and to keep them under subjection.’”  [1]La decisión le da al Congreso el derecho a crear tales organizaciones “it may deem best,” [2]y “to deprive such territory of representative government if it is considered just to do so, and to change such local governments at discretion.”[3]

 

Además, al citar Downes como precedente para apoyar la Junta como “buena ley”, el Gobierno de Puerto Rico está aceptando que la ciudadanía de U.S. de los nacidos en Puerto Rico no está protegida por la Constitución, y se les ve fundamentalmente como ciudadanos de segunda clase.  La decisión de Downes dice que la 14ava Enmienda contiene una “limitation to persons born or naturalized in the United States which is not extended to persons born in any place,” con los Puertorriqueños excluidos de la protección de la protección de la 14ava Amendment por esta limitación.

 

Downes ha sido citado por el Gobernador Rosselló y su administración, al igual que por la Junta, en su oposición al reto constitucional de Aurelius y la Utier al nombramiento de la Junta.

 

Yo puedo entender porque la Junta cita a Downes en su argumento legal ya que sus miembros harán cualquier cosa para justificar su continuada existencia. Pero lo que me deprime es ver al Gobierno Ricardo Rosselló, a quien siempre había considerado el portaestandarte del movimiento Estadista, invocar la decisión judicial más despreciable en la historia del estatus de Puerto Rico.

 

Para colmo de males, tenemos que forzosamente concluir que el Presidente de la Junta, el Sr. José Carrión III, supuesto proponente de la estadidad, haya aceptado el usar a Downes esa moción. Al hacerlo, Carrión da su apoyo a una doctrina legal racista que reclama que los Puertorriqueños son inferiores y ciudadanos de segunda clase para apoyar su nombramiento a la Junta. Vergüenza debería darle.

 

Como abogado practicante en el Tribunal Federal y estadistas el invocar a Downes  es preocupante; sin embargo, lo que lo hace más difícil de aceptar es que es innecesario invocar los casos insulares para oponer el desafío de Aurelius/Utier.  Aurelius no menciona estos casos en brief. El Gobernador Rosselló pudo haber rechazado Downes y argumentado que Puerto Rico es un territorio incorporado, al cual no le aplica Downes, como decidió el Juez Gelpí en Consejo de Salud de Playa de Ponce v. Rullan. De esta manera, Puerto Rico podía continuar argumentando la legitimidad de la Junta pero sin el discrimen inherente que permite la decisión de Downes. Así que el Gobierno de Puerto Rico está cuestionando su propia autonomía y al hacerlo refuerza la idea de que la Junta debe tener poder sobre todos los Puertorriqueños en vez del gobierno que eligieron.

 

Más aún, la moción del Gobierno apoya la ridícula idea de que la Junta es meramente una entidad “territorial”-y no federal. Como todos nosotros en Puerto Rico sabemos, esto es risible.  La realidad es que la Junta tiene poderes extensos sobre el Gobierno de Puerto Rico que ninguna agencia local tiene; de hecho, ni el Gobernadores ni la Legislatura pueden “exercise any control, supervision, oversight, or review over the Oversight Board or its activities,” [4]as Sec. 108(a)(1) of PROMESA states. Puerto Rico carece de medios de que la Junta le rinda cuentas de sus decisiones.

 

Peor aún, si la Juez Swain decidiera a favor de la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, este con podría luego cuestionar Downes case y los casos insulares nacidos de la era del racismo y el discrimen.

 

¿Por qué? La doctrina de “judicial estoppel,” que indica que si una parte argumenta un punto y recibe tratamiento favorable de la Corte sobre ese issue, está impedida de subsiguientemente argumentar lo contrario. ¿Como podría Puerto Rico luego cuestionar esta doctrina racista si cita su caso principal con aprobación?

 

¿Es la consecuencia no deseada de que el Gobernador Rosselló ayude a  José Carrión III ha deshecho más de 50 años de lucha por la igualdad y la estadidad para proteger la Junta y por razones que no son ni necesarias? to protect the Board, and for reasons that are not even necessary.

 

Y todo por la quiebra de Título III del ELA. ¿Es en los ojos de la Junta y del Gobernador Rosselló es mejor tener 100 años más de colonialismo y discrimen para colonialismo y discrimen que pagar las deudas de la isla. Este es el “unkindest cut of all.” ¿Et tu, Ricky y José?

 

[1] “Si los conquistados son un pueblo feroz, salvaje e inquieto, [el Congreso] puede […] gobernarlos con una rienda más fuerte, para frenar su ‘impetuosidad y mantenerlos bajo sujeción'”.

[2] “Puede considerar mejor”

[3] “Privar a ese territorio del gobierno representativo si se considera que lo hace, y cambiar a discreción a los gobiernos locales”.

[4] “Ejercer cualquier control, supervisión, supervisión o revisión sobre la Junta de Supervisión o sus actividades”

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PUERTO RICO ANTE LA ENCRUCIJADA DE LA VIDA POST-MARIA

 

 

María nos azotó fuerte, la mayoría del Pueblo carece de electricidad y muchos no tienen agua o está contaminada. El Gobierno Federal va a ayudar y los seguros privados pagarán parte de los daños. La pregunta es ¿ahora qué? ¿Que vamos a hacer de ahora en adelante? PR debe $74 billones en deuda pública. Si la Junta convence a la Juez Swain que el Gobierno no puede pagar ni un mísero centavo y nos libera de la deuda, ¿entonces qué? Tenemos varias interrogantes.

 

¿Cuál es nuestra estrategia de desarrollo económico? Desde finales de los años 40, con Operación Manos a la Obra, esa estrategia ha sido, hasta el día de hoy, la exención contributiva. Todos hemos escuchado el lloriqueó de los PPD y no pocos PNP’s sobre las 936. Irrespectivo de la patraña PPD de que nos quitaron la 936, la realidad es que llevamos 21 años desde su derogación y 11 años de que dejaran de existir. Entiéndalo, NO VAN A VOLVER. La pregunta es ¿cuál es nuestra estrategia de desarrollo? !Y no me vengan con las alianzas público privadas! La administración pasada no pudo lograr ni una y a pesar de los loables esfuerzos de José Laboy, solo se han logrado tres pequeñas en este año. Si no pagamos a los bonistas vamos a estar fuera del Mercado por varios años. A manera de ejemplo, Ecuador tardó 7 años en volver al mercado y Detroit no ha podido ir al mismo sin la garantía del estado de Michigan.

 

Nuevamente, ¿cual es la estrategia de desarrollo? ¿Cuál es la ventaja competitiva de PR sobre el resto de los estados de la Unión y de las otras islas del Caribe? Obviamente, el clima y sus bellezas naturales, pero no hemos invertido (de nuevo la maldita palabra) en nuevos hoteles y la infraestructura necesaria para mantenerlos. Tal vez con una nueva red eléctrica al fin lo podamos hacer. Pero no olvidemos al grupo del no, aquellos que dicen no se puede, eso trae contaminación, trae corrupción, etc., etc. Tenemos que entender sus reclamos, algunos de los cuales son válidos, pero también aceptar que “logic dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few” (Mr. Spock in The Wrath of Khan)

 

¿Que haremos con el estatus? No podemos caer en el pescaíto de Muñoz de que primero mejoramos la economía y luego bregamos con el estatus. Ese cuento data de los años 30 y no ha resuelto nada. Tenemos que entender que hay que resolver el estatus de una vez y para siempre. La estadidad trae unas ventajas y la independencia trae otras. Pero sin lugar a dudas, el estatus quo no nos ayuda. Ahora la Cámara aprobó impuestos de 20% para productos hechos por las subsidiarias de US en PR y nada pudimos hacer. Tenemos una Junta de Supervisión Fiscal sobre la cual muy poco podemos hacer. Las 936 las eliminó el Congreso, no el PNP. El poder está en el Congreso y no tenemos representación en ese cuerpo.

 

Esto me lleva a la tercera y más importante pregunta, ¿como cambiar la mentalidad Boricua de que el Gobierno es el motor de todo, el Centro de Todo y el Gobierno tiene que ayudarme? Para mi esa mentalidad es la que no nos permite postular soluciones claras a las primeras dos preguntas. Parte del problema es la UPR que vive y respire esa mentalidad, parte del problema son los partidos que viven a base de proveer prebendas y ventajas a sus adeptos. Solo con el control del Gobierno grande y potente los políticos mantienen su poder. Hay que entender que el Gobierno es tu enemigo, que hay que ponerle el pie en el cuello bien duro para que no te muerda. Esta administración prometió reducir el Gobierno a 35 agencias, pero ni siquiera ha comenzado porque se dio cuenta del costo a su poder. La administración tiene que vender las partes del Gobierno que se puedan vender y reducir o eliminar otras. Solo así podremos comenzar a cambiar la mentalidad de principios del Siglo XX. Recordemos, estamos en el Siglo XXI y tenemos que atemperarnos a los tiempos.

Monday Update –September 18, 2017

 

 

Welcome to your weekly Title III update for September 18, 2017. As Hurricane María bears down on Puerto Rico, we should recap several important things from the past week. Judge Swain denied the PREPA bondholders’ request to lift the stay to request the appointment of a receiver. Interestingly, the Court based its decision on only one of the Board’s arguments, making it clear that Judge Swain knows who the boss in these Title III cases is. At page 10 she stated:

 

“Section 305 of PROMESA provides that, “notwithstanding any power of the court, unless the Oversight Board consents or [the debtor’s Title III] plan [of adjustment] so provides, the court may not by any stay, order or decree, in the case or otherwise, interfere with – (1) any of the political or governmental powers of the debtor; (2) any of the property or revenues of the debtor; or (3) the use or enjoyment by the debtor of any income-producing property.” PROMESA § 305. The Debtor here, PREPA, is a government instrumentality of the Commonwealth, exercising governmental powers in providing electrical service to the inhabitants of the Commonwealth, using its property to generate that power and deriving income from the sale of the power so generated. The rates it charges for its services define the magnitude and impact of its principal revenues. The relief that Movants seek – permission to require the appointment of a receiver to manage PREPA’s operations and seek the approval of rates higher than those PREPA has thus far chosen to charge – is facially inconsistent with Section 305 of PROMESA. Section 305 bars the Court, “notwithstanding any power of the court,” from using “any . . . order or decree, in the case or otherwise,” to interfere with such basic functions and assets of PREPA absent the Oversight Board’s consent, which has not been given here.” (underlining added)

 

At page 13, she made the most important point of the opinion:

 

“Congress, similarly, denied the Title III court power to displace PREPA’s management, even for misconduct, by omitting Section 1104 of the Bankruptcy Code, which provides for the appointment of a trustee or an examiner in a Chapter 11 bankruptcy case, from the Bankruptcy Code provisions incorporated into PROMESA’s statutory scheme. Instead, Section 301(c)(7) of PROMESA specifically designates the Oversight Board as the sole “trustee” under PROMESA. See PROMESA § 301(c)(7).” (underlining added)

 

Anyone familiar with a Trustee in bankruptcy knows that when one is appointed for a debtor, she is the one who calls the shots. Hence, Judge Swain has made it clear that the Board, and not Puerto Rico’s elected officials, are in charge of the management of PREPA and the rest of the entities in Title III. Very telling. Board 2, Bondholders 0, but PREPA bondholders have vowed to appeal the decision. Peaje has already filed its notice of appeal.

 

Also this week, the COFINA agent answered the UCC’s complaint. As you remember from last week’s update, the UCC, as Commonwealth Agent filed a complaint against COFINA with 13 causes of action, including the unconstitutionality of the law. The COFINA agent came out swinging with a 71 page counterclaims, answer and defenses.

 

In addition to the oft repeated platitudes of legal opinions and legislative statements, COFINA’ First Cause of Action at page 29:

 

“[S]eeks a declaration that: (i) the statutes creating COFINA and directing transfer of the Pledged Sales Tax and the Dedicated Sales Tax Fund to COFINA are constitutional under the Constitution of Puerto Rico; (ii) the Pledged Sales Tax, including all Pledged Sales Tax revenue collected in the future, and the Dedicated Sales Tax Fund are the property of COFINA; and (iii) the Pledged Sales Tax and the Dedicated Sales Tax Fund are not “available resources” under the Constitution of Puerto Rico. In the alternative, Counterclaim Plaintiff seeks a declaration that: (i) COFINA has a perfected and unavoidable lien.”

 

Its Second Cause of Action states that Commonwealth actions violate the Takings Clause and Impairment of Contractual Obligations of both Constitutions. The Third Cause of Action that the Compliance law violates PROMESA, the Fourth Cause of Action that Act 84 violates PROMESA. The Fifth Cause of Action claims tortious interference with a contractual relation and the Sixth Cause of Action claims that if COFINA is unconstitutional, PR committed Fraud, which it likely did, since it should have known that the PR Constitution did not permit the surrendering of the power to tax and that GO’s had priority. The Seventh Cause of Action seeks an injunction but the Eighth Cause of Action claims that “GO Bonds, PBA Bonds and Other Debt Issued in Violation of the Debt Limit Set Forth in the Constitution of Puerto Rico Are Not Entitled to Priority Under the Constitution.”

 

The COFINA dispute promises to be an interesting slug-fest. The complaint was filed on September 8, but the UCC has already issued 22 subpoenas duces tecum including law firms, Banco Popular, Santander, Barclays and Moody’s, to name a few.

 

Also last week, Siemens Transportation Partnership, S.E., an HTA creditor, sought permission from the Court to conduct Rule 2004 discovery from the GDB, Carlos Vizcarrondo (GDB) and Hector Betancourt (AFAF). Ambac also sought leave to conduct discovery pursuant to Rule 2004 from the Board as representative of the Commonwealth of Puerto Rico, the Commonwealth; and AAFAF and other parties. More specifically, Siemens, at page 5 of its motions, states:

 

“Siemens files this Motion to obtain information about the account and the funds therein, including GDB’s funding of the account and any withdrawals or transfers, to determine whether and to what extent: (i) Siemens’ claim against HTA Authority may be paid from funds that are not property of HTA or GDB; and (ii) any third parties have received funds from the account, and if so, whether such transfers may give rise to a claim for fraudulent transfer, conversion or other action, such that Siemens may recover on account of its claim against HTA from parties or assets other than the HTA, which is a Debtor in the above-captioned proceeding, under Title III of PROMESA.”

 

On this same subject, the UCC reported to Judge Dein that the Board was not cooperating on the coordination of Rule 2004 discovery, which the Board confirmed saying:

 

“Based on the meet and confer and the Initial Work Plan, the Oversight Board proposes that the UCC’s motion be deferred, and that no decision be made on the UCC’s request to conduct an investigation at this time. The Oversight Board makes this proposal based on its belief that there is no need for the UCC to conduct a separate, potentially duplicative investigation at this time. It would be premature for the UCC to conduct its own investigation given the Independent Investigator’s commitment to maintain open lines of communication with the UCC, to solicit input from the UCC, and to seek documents, including but not limited to those already sought by the UCC. The Investigation should proceed as outlined above and, if there comes a time when the UCC is not satisfied with the speed or substance of the Investigation, it should make an application to the Court to pursue its own investigation on the specific matters on which it is not satisfied.”

 

Translation: The Board wants to be the only one conducting any investigation on Puerto Rico’s debt and wants no interference. The UCC, in my humble opinion, showed that the Board was conflicted and that it was dragging its feet, which lead Judge Dein to say coordinate because the discovery will be done. Let’s see what happens.

 

Also this week, PREPA filed a motion requesting an order establishing a procedure to reject power purchasing agreements, of which it states more than 60 exists. Pretty normal procedure in a bankruptcy, except that these contracts are for renewable energy. Why does the Board want to reject them? Is it, as I have been saying, to level the playing field to sell PREPA as free of encumbrances as possible? Is it preparing to sell only the generation part of PREPA? Questions, questions.

 

On September 11, 2017, Judge Swain listened to oral arguments in the Municipality of San Juan’s request for an injunction against the GDB RSA. Absent from the argument was any real proof of irreparable harm, which is essential to any injunction. In addition, Judge Swain seemed to believe that the monies deposited by the Municipality were a loan and hence could be altered via Title VI. Judge Swain took the arguments under advisement and will render her opinion soon. In the meantime, defendants filed a motion to dismiss the complaint and the one filed by the Municipality of Caguas. Given the Judge’s comments and the Federal Courts view of a municipality, they may be granted.

 

Finally, on Friday, Judge Dein heard arguments on the UCC’s renewed motion to intervene in the NY Mellon-COFINA bondholders dispute. The UCC has filed motion to intervene in most of the adversary proceedings filed in the Commonwealth and COFINA cases. Judge Dein seems baffled by the arguments and will have to further study them.

 

Before I leave I want to make one thing clear about these weekly updates. This summary is merely what I believe are the more salient motions and decisions in the cases. I receive an average of 20 filings each day so it would be impossible to summarize everything. If you have legal interest in these cases, I urge you to hire an attorney to represent you.