Author: muddlaw

John E. Mudd is an attorney and legal analyst admitted to the practice of law in Puerto Rico, the P.R. Federal District Court, the First and Fourth Circuit Court of Appeals. He received his J.D. from the University of Puerto Rico Law School in1982. He also holds a Masters Degree from Boston University in International Relations focusing in Middle Eastern Studies. He started his litigation career as an attorney in the federal división for the PR Department of Justice. After that, he worked for many years for Ortiz Toro-Ortiz Brunet where he participated in some of the most high profile cases in PR, including the Dupont Plaza Litigation, Rio Piedras Explosion, Tobacco Litigation (lead counsel) and the Airplane Crash in Cali, Colombia. Now a solo practitioner for more than ten years, Mr. Mudd specializes in Class Actions, Bankruptcy , Constitutional Law , Mass tort litigation and Intricate Federal Issues. He also gives seminars for continued legal education. Currently, you can find him Fridays at 5:00 pm with Luis Davila Colon at El Azote, he also makes occasional tv/radio appearances. In his free time, Mr. Mudd enjoys bread baking, reading and his blog. He currently resides in Guaynabo with his wife Viviana, daughter Sara and three crazy cats. Contact information can be found in his blog johnmuddlaw.com

¿QUE NOS DEPARA EL 2019 EN LA REESTRUCTURACION DE LA DEUDA DE PUERTO RICO?

 

 

Ya el 2018 agoniza y viene el 2019. ¿Qué podemos esperar en este año venidero en todos los problemas que la deuda de Puerto Rico ha causado? Veamos

 

En algún momento en diciembre/enero, el Primer Circuito decidirá la controversia de Aurelius y el nombramiento de los miembros de la Junta. Si la decisión de la Juez Swain es confirmada, Aurelius solicitará certiorari al SCOTUS y de concederse, seguirá la incógnita. Si la Juez Swain es revocada, la situación es diferente ya que el nombramiento, al ser ilegal, pone en tela de juicio todo el andamiaje del Título III y los planes fiscales. Sería entonces la Junta la que acudiría al SCOTUS en busca de un certiorari y de concederse, tendríamos PROMESA esencialmente paralizado hasta junio de 2019. Si el SCOTUS no concede certiorari ante la revocación de la Juez Swain, entonces el Presidente, con el consejo y consentimiento del Senado Republicano, nombraría 7 miembros, nuevos o reincidentes. De cualquier forma, la membresía de la Junta cambiará para agosto de 2019 ya que sus términos expirarán. Las probabilidades que una Junta nombrada de esta manera sea favorable a PR es bien baja. Veremos.

 

En algún momento en el 2019, el Primer Circuito decidirá la controversia sobre el presupuesto del Gobierno. Recordemos que la Juez Swain falló a favor de la Junta y aunque anticipo que el Circuito haga igual, una revocación sería un “game changer” en la relación de Gobierno/Junta.

 

En enero 16, 2019, la Juez Swain, a menos que el Circuito la revoque en Aurelius, celebrará la vista sobre la confirmación del Plan de Ajuste de COFINA. Ya hay 3 objeciones al mismo, ninguna de las cuales le doy mucha probabilidad de triunfo pero hay tiempo para más objeciones. Veremos que ocurre.

 

En mayo de 2019 expira el término prescriptivo para que la Junta radique causas de acción contra terceras personas, basadas mayormente en el Informe de Kobre & Kim. Aunque el informe no adjudica responsabilidades como tal, bancos locales y firmas de corretaje son mencionadas en el mismo. Es probable que veamos algunos casos radicados contra entidades locales de renombre. Let the games begin.

 

La Junta adelantó que para verano se radiquen uno o más casos de Título III. Mencionaron a la AAA y la UPR, pero esta última dijeron que sería probablemente un Título VI. Mi único problema con esto es que fuera de Título III no creo que se puedan restructurar las pensiones y difícilmente los convenios colectivos. Pero algo pasará con estas dos agencias.

 

La Junta también dijo que en el caso del Título III del ELA, un “cramdown” es posible. Esto quiere decir que los acreedores no estarían de acuerdo con el Plan de Ajuste y la Junta le pide a la Juez Swain que imponga el Plan de todas maneras bajo la § 314(c) de PROMESA y la 11 U.S.C. § 1129. Easier said than done pero eso es lo que nos dijo Martin Bienestock, abogado de la Junta. Esto es especialmente preocupante para los acreedores no asegurados del ELA, que incluye miles de demandas de daños y perjuicios que podrían cobrar poco o nada.

 

En enero de 2019, la Junta tiene que presentar, si así lo desea, su oposición a la solicitud de los bonistas de la AEE para que se levante un stay para imponer un “receiver” (síndico) a la agencia. Contrario a la vez anterior que la Junta fue clara en su oposición, esta nada ha dicho (AAFAF ya dijo oponerse). Me parece que esta negociando con AAFAF y los bonistas para darles más dinero en un intento de llegar a acuerdos con estos para poder radicar un plan de ajuste para la AEE. Sin embargo, hay rumores que la Junta esta considerando seriamente el nombramiento de este “receiver” dada la mala administración en la AEE. Veremos.

 

Entre mayo y junio de 2019, surgirá otra lucha titánica entre la Junta y el Gobierno sobre las pensiones. La Junta insiste en un modesto recorte de 10% y el Gobierno se niega. El problema es que el Gobierno esta pagando $2.25 billones todos los años por las pensiones debido a que el fondo se agotó y estos son acreedores no asegurados. La pelea puede ser superflua si se decide antes la controversia del presupuesto, pero eso no es seguro.

 

Durante la última semana del 2018 y el 2019, la Junta indicará si la Reforma Tributaria es aprobada o modificada o simplemente dejada sin efecto. Eso es importante ya que los que trabajamos por nuestra cuenta tendremos retención de 10% en vez de 7% como es ahora.

 

Esto es lo que se vislumbra para el 2019, pero todavía quedan las reformas al Gobierno que la administración Rosselló rechaza y que si algo se hará con los Municipios. El 2019 será un año lleno de retos y sorpresas.

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COSAS QUE NADIE MENCIONA

 

 

A los boricuas les encanta hablar y quejarse de su entorno, pero rara vez discuten lo que en realidad les afecta o va a afectar. Ya es tiempo que comencemos la discusión de las cosas de verdadera importancia.

 

Los políticos hipnotizaron a muchos con que se les iba a bajar la contribuciones y a pesar de las advertencias de la Junta y de otros que eso no iba a ocurrir, hubo muchos que se ilusionaron. ¿Que pasó? La Junta le puso paro y les dijo a los políticos que eso no iba a funcionar y que iban a bajar los recaudos. Hay ya algunos que se quejan de que la Junta no deja trabajar el Gobierno electo, pero se olvidan que el Gobierno electo se comporta fiscalmente irresponsable como todos los Gobiernos electos anteriores que nos trajeron al desastre que vivimos. Imagino que ahora dirán que llevarán a la Junta al Tribunal, se gastarán un montón de dinero y perderán.

 

Ya que estamos con la legislatura, como parte del acuerdo de COFINA, la legislatura tiene que aprobar legislación que ya sometió el Ejecutivo, pero aparte de repartirla a comisiones, nada más se ha hecho. La sesión legislativa termina el jueves 8 de noviembre y nada se ha discutido. ¿Acaso la mayoría PNPR va a echar por la borda la transacción más grande lograda hasta el momento en el caso de Título III? Me parece que, si no se aprueba antes del jueves, el Gobernador tendrá que llamar a una sesión extraordinaria en diciembre. Lo digo porque la vista para confirmar el plan de ajuste de COFINA, que depende del acuerdo que a su vez depende de la legislación, se celebrará el 17 de enero de 2019. Queda poco tiempo. Pero es más importante parecer que están ayudando a los pobres y la clase media, énfasis en parecer.

 

Esto es importante ya que, si la Junta concluye que las ramas del Gobierno de PR no están cooperando para resolver los casos de Título III, podría optar por definir lo que son servicios esenciales o requerir a PR definirlos, suspendiendo a todos los empleados que no estén en esas funciones. La Junta podría, además, podría solicitar la desestimación del Título III bajo el 11 U.S.C. § 930(a). Adiós protección del stay, adiós pago de pensiones, adiós bonos de navidad. Y los bonistas correrán a cobrar todo lo que PR no les ha pagado. A eso se arriesga PR y NADIE HABLA DE ESTO. Ahora saben.

 

Las aseguradoras de los bonos de la AEE solicitaron al principio de octubre el levantamiento del stay para el nombramiento de un síndico (receiver) en la agencia. AAFAF dijo en seguida que se opondría y en el pasado la Junta ha dicho no para ya van 30 días y no ha dicho absolutamente nada. Desde esa fecha, diferentes entidades han reportado visos de corrupción, amiguismo y otras anomalías en la AEE y puede que esto estén hacienda a la Junta pensar dos veces sobre ese asunto. ¿Se imaginan el sal pa’ fuera si la Junta consintiera al síndico? Podría ser el golpe final a la administración Rosselló. Personalmente no creo que un síndico, que se reporta al Tribunal, pueda ser peor que la presente o pasada administración de la AEE. Hay que mantenernos atentos a los desarrollos.

 

Escucho constantemente a los analistas que nunca han visto un caso federal en su vida, mucho menos uno de quiebras, quejarse de los acuerdos de la Junta con los bonistas. Recuerdo perfectamente como celebraban cuando la Junta quiso imponer un recorte de 74% y hasta algunos se burlaban cuando yo decía que no se podía. Parece que yo tenia razón después de todo. Ahora, hay que reconocer que algunos analistas financieros en US piensan que estos acuerdos van a llevar a una segunda quiebra de PR en algunos años. Tal vez tengan razón, pero una acreedor asegurado es un acreedor asegurado y la Junta no los puede forzar a aceptar menos que su garantía. Mucho ha logrado que se llegado a acuerdos con acreedores asegurados. A menos que la legislatura los sabotee. Nuevamente, vamos a ver que pasa.

LOS AUMENTOS DE SALARIO, RICKY Y LA JUNTA

 

 

Ante la realidad del gobierno federal pagando por la reconstrucción de PR, el Gobernador Rosselló inesperadamente duplicó el salario mínimo a los empleados de la construcción a través de orden ejecutiva con la excusa de “justicia social”. Suena más Popular que los mismos Populares. La verdadera razón es electorera; quiere parecer como el campeón de los trabajadores, especialmente cuando acordó con la Junta eliminar la Ley 80 de Despido Injustificado.

 

La Cámara de Comercio rápidamente solicitó a la Junta que se paralizara este aumento. La Junta ya le hizo un recomendación a RR bajo la sección 205 de PROMESA para que paralice este aumento. Aunque la Junta le dio 90-días para responder, el Gobernador nuevamente dice que va a hacer lo que el crea mejor y deja el aumento sobre el tapete.

 

El problema es que bajo la sección 205, el Gobernador tiene que explicarle al Congreso y el presidente por qué. Y luego de hacerlo, la Junta puede establecer esta recomendación como parte del Plan Fiscal y obligar a PR a cumplir. Eso ya esta decidido por la Juez Swain y era lo que yo anticipe iba a ocurrir. Obviamente el Gobernador lo sabe, pero su cálculo político es que tiene que parecer más pro obrero que Thomas Rivera Schatz, cuya legislatura ya radicó su notificación de apelación ante el Primer Circuito. Y aunque es poco probable que ganen, la posibilidad existe.

 

El duplicar el costo de la mano de obra de construcción en PR no aumentará el salario allí solamente, lo hará en otras industrias y encarecerá los bienes y servicios en la isla. Recordemos que la mano de obra es un componente importante de los costos de producción en todas partes, incluyendo PR. He escuchado personas decir que con los salarios más altos en US es necesario hacerlo para mantener a los empleados en PR, pero olvidan que si necesitas empleados, los atraes con mejores salarios y beneficios, pero cuando el Gobierno establece la compensación, se emplean menos personas. Cuando la última vez que se aumentó el salario mínimo, varias personas en construcción me indicaron que iban a despedir personas para cumplir con el.

 

El Gobernador sabe que en los próximos dos años habrá una bonanza de fondos federales. Sabe además que el PPD se enfrenta a un sisma y su competencia no es de ese lado. Su competencia es Thomas Rivera Schatz. La pugna entre ellos es cada día mas abierta. Por ende, todas las acciones que veremos en los próximos dos años serán para asegurar ese frente.

 

Mientras tanto, la pugna con la Junta continuará y continuará la facturación de los bufetes de US, cuyos socios cobran a $1,000 la hora y sus asociados a $700. Todo esto pagado por nosotros. ¿Para que? Para hacer ver bien al Gobernador. Me parece que podemos usar ese dinero en cosas más útiles.