aaa

LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.

Advertisements

OTRA COLUMNA DE @JAYFONSECAPR SOBRE LA DEUDA

Hoy 9 de noviembre mi amigo Jay Fonseca presenta otra columna sobre la deuda. Sin embargo, hay varios puntos que Jay no menciona y es importante discutirlos.

El primer punto de Jay es el alabar de forma casi faraónica la gesta de Liza Donahue en la AEE. Pero veamos los detalles. Jay menciona que los bonistas querían subir la tarifa en 30%. ¿Cuando? Porque dependiendo cuando, dado la fluctuación en el costo por kilovatio/hora, ese porciento tenía que bajar o subir. Además, esto es fácticamente incorrecto. En mayo de 2014, la Legislatura pasó la ley 57 estableciendo la Junta de Energía y la misma establecía que la revisión de tarifas de la AEE se haría no más tarde de seis meses después de firmada, o sea noviembre de 2014. En julio de 2014, para poder pagar su deuda, la AEE sacó dinero de un fondo de mejoras en violación de su Bondholders Agreement de 1974. Es en ese momento y no antes, que comienzan negociaciones que llevan en agosto de 2014 al Forbearance Agreement y luego en septiembre al nombramiento. O sea, que era IMPOSIBLE aumentar legalmente la tarifa de la AEE en julio/septiembre.

Más aún, en septiembre de 2015, la National Public Finance Guarantee Corporation solicitó de la Junta de Energía un aumento de 4.2 centavos en la tarifa, la cual fue rechazada. Si vemos que el kilovatio/hora era 17 centavos, eso es un aumento de .247%, lejos del 30%. En su plan de restructuración, o por lo menos la versión que Miss Donahue nos permitió ver, ella habla que el aumento necesario era de 7.8 centavos y lo trata de disfrazar diciendo que todos los stakeholders tenían que cooperar. Además, ENDI recientemente nos dijo que venía un aumento de 11 centavos, que equivale a .647% de aumento. A esto hay que añadirle que la ley que ENDI nos exige se apruebe no solo provee para un proceso expedito de cambio (eufemismo para aumento) de tarifa, si no que habrá un cargo especial por la titularización (securitization) de los bonos que vaya a emitir la AEE. Este cargo no estará sujeto a revisión por la Junta de Energía. O sea, que además de un aumento de tarifa, vamos a tener un cargo adicional de Dios sabe cuanto. Finalmente, el acuerdo de la AEE es con el 35% de sus bonistas, interesantemente los fondos buitres. Y depende de que para el 12 de noviembre de 2015 se haga un acuerdo con las aseguradoras, que para el 20 de noviembre se apruebe la ley del acuerdo, y que para el 1ro de marzo de 2016 este el aumento establecido.

Otro asunto que no entiendo son los números que nos pone Jay. Asumiendo que todo salga bien, los bonos de la AEE se intercambiaran por una de dos: (a) bonos con un 15% de descuento (si el bono original es $100, lo intercambias por uno de $85) que pagarán intereses pero no principal por 5 años; (b) lo intercambias por un bono del mismo valor pero no recibes intereses ni principal por 5 años. En ambos casos el principal se acumula y en el segundo ambos principal e intereses se acumulan. Por ende, hasta que no sepamos la proporción de bonos que se van a intercambiar, no sabemos que se va a economizar la AEE. Además, 15% de $8.3 billones es $1.24 billones, no $1.4 billones.

Finalmente, tengo que añadir que nadie parece discutir el posible conflicto de intereses entre Jim Milstein, quien no tiene contrato con la AEE, sobre restructuración contratos de compra de combustible entre Stone Point Capitol, Free Point Commodities, LLC, y Millstein & Co. Ver mi discusión del asunto aquí. Y ni hablar del bono de $9 millones a Millstein por la restructuración de la AEE, ver mi discusión aquí. Me parece que falta mucho para decidir si el acuerdo con la AEE y los bonistas los ayuda a ellos o al consumidor. Recordemos que se le ofreció por los bonistas varias propuestas que traían dinero a la corporación a cambio de la venta de generación y contrato de compra de energía como con las cogeneradoras que consistentemente la generan mucho más barata que la AEE. Veremos.

En el segundo punto de Jay, sobre Medicare, lo felicito por decir lo que otros omiten; PR no paga igual que los estados y además, estos fondos no solo lo que se le manda a los estados. Hay un componente del fondo general que viene de los pagos de income tax. Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980) cae perfecto para esta situación. Por esa razón PR no ha demandado para exigir la paridad, el PPD sabe que perdería.

La posibilidad de la inconstitucionalidad de parte de la deuda existe. Como llega Jay al 33% ni idea tengo porque me parece que para determinar esto hay que ir emisión por emisión. Jay sabrá.

En cuanto al 4-5, la premisa inarticulada es que hay que aumentar los impuestos. NO, BASTA YA. Se han aumentado mucho los impuestos. Es tiempo de cortar gastos profundamente. Como el mismo Jay ha dicho, vamos a tener el gobierno que podemos pagar, no el que queremos.

En el 6, la premisa inarticulada es que hay que forzar a los bonistas a negociar. Intima que la falta de la ley de quiebras es el problema pero como he dicho MULTIPLES VECES, eso solo aplicaría al 33% de la deuda. Lo demás es de gobierno. En adición, habría que cumplir con el 11 USC sec. 109(c) que requiere que la corporación pública este insolvente. No me parece que la AEE y la AAA estén insolventes pero probablemente Carreteras lo esté. Y hay que preguntarse si el BGF podría acogerse al Capítulo 9. The devil is in the details.

Finalmente, concuerdo con que “[n]uestros medios tienen que regresar a informar al Pueblo honestamente . . .” Esto nos aplica a todos por igual.