Alejandro García Padilla

UNA PESADILLA LLAMADA ALEJANDRO GARCIA PADILLA

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En noviembre de 2012, el Pueblo de Puerto Rico, en el espíritu de castigar a Luis Fortuño, eligió a Alejandro García Padilla Gobernador. El 2 de enero de 2013, comenzó la administración de García Padilla donde dijo que no iba a echar culpas. Sin embargo, lo primero que hizo fue echarle la culpa de todo a Luis Fortuño.

 

La pesadilla de García Padilla comenzó con un “me vale” a las casas acreditadoras que lo premiaron con degradación tras degradación. Siguieron con una “reforma” al plan de pensión de los empleados del ELA. La reforma forzó a muchos empleados a retirarse ya que si no lo hacían, tendrían pensiones menores. La misma aumentó la edad de retiro, aumentó la contribución de los empleados y del Gobierno al sistema de retiro, pero García Padilla decidió no pagar la contribución especial.

 

García Padilla quiso hacer lo mismo con los maestros pero estos lo llevaron al Tribunal y ganaron la demanda. Como castigo, decidió hacer nada sobre su sistema de retiro a pesar que rápidamente se quedaba sin fondos.

 

En noviembre de 2013 le dijo a Bloomberg News “PR cannot default”

 

 

 

Al Nuevo Día le dijo “Salvamos las Finanzas”

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En febrero de 2014 contrató asesores en reestructuración a pesar que fue al Mercado con una emisión de $3.5 billones y en junio se aprobó la ley de Quiebra Criolla en un solo día. A pesar que muchos, incluyéndome, se lo advertimos, el Tribunal de Distrito Federal, el Primer Circuito y el SCOTUS le dijeron que el campo estaba ocupado por la ley federal y por ende la Quiebra Criolla era inconstitucional. No le quedó más remedio que ir al Congreso a pedir cacao y le impusieron a PR una Junta de Supervisión Fiscal.

 

Aumentó o creo nuevos impuestos para mantener el nivel de gastos que le dio la gana. La AEE tuvo que llegar a un acuerdo de indulgencia con sus acreedores porque no podía pagar sus deudas en julio de 2014, El IVU subió a 11.5% a pesar que nos dijo que lo iba a bajar a 6.5% En dos años ha gastado más de $500 millones en asesores. ¿Y todo para que?

 

El 29 de junio de 2015, García Padilla cambia de idea de que PR no puede impagar y dice que la deuda es impagable En agosto de 2015, PR impagó por primera vez en su historia. Todo bajo la tutela de Alejandro, el incompetente.

 

El Tribunal Supremo de PR decide en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle que PR es un territorio para efectos de la 5ta enmienda y en su absoluta soberbia acude al Supremo Federal que le confirma la decisión del Juez Martínez Torres. El mismo día que la opinión se anuncia, la Cámara Federal aprueba PROMESA. Ya el 9 de junio no es solamente el cumpleaños de mi esposa, ahora es un anuncio de la mentira del ELA.

 

García Padilla alegó que negociaba con los bonistas pero en el juicio de Wal-Mart, Melba Acosta admitió bajo juramento que la primera vez que PR se reunió con sus acreedores fue el 29 de enero de 2016. Y supimos en las vistas de transición que las negociaciones cesaron en junio una vez PROMESA se aprobó. El 1ero de julio de 2016 hubo un impago de más de un billón de dólares. Se le debe dos billones a los suplidores, y el déficit de este año fiscal va a ser de $7 billones.

 

La Junta de Supervisión Fiscal le pide un plan fiscal, lo entrega y nadie, ni siquiera sus propios peritos (la Dra. Ann Krueger) dijeron que cumplía con los requisitos de la Ley PROMESA. Cuando le piden que lo cambié, Alejandro se tiró una rabieta y dijo que lo iba a hacer.

 

A horas de su salida como gobernador, García Padilla indulta a un asesino que no ha servido ni un día en la cárcel y alcaldes populares convictos por hostigamiento sexual. Se que hay más ejemplos de la gobernación de este incompetente pero mi cerebro las reprime. Sin lugar a duda, la Gobernación de García Padilla ha sido una pesadilla que afortunadamente ha llegado a su fin.

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ALEJANDRO GARCIA PADILLA: ¿PROFESOR DE DERECHO CIVIL?

 

El Gobernador Alejandro García Padilla se convertirá en profesor de derecho civil ahora que sale de la Gobernación. En los últimos doce años ha sido Secretario de DACO, senador y ahora gobernador. Antes de eso, fue asesor de la Legislatura. ¿Que conocimiento especial tiene sobre el derecho civil? Ninguno. Yo llevo 34 años de graduado y he tenido que experiencia en Corte Federal y del Estado Libre Asociado, he llevado múltiples casos de derecho federal y de derecho civil, muchos de ellos de alto perfil.  He ofrecido mis servicios en múltiples ocasiones en la UPR Derecho y la Interamericana Derecho y en ambas me han ignorado.

 

La profesión de abogado es una eminentemente práctica, especialmente en el área de litigio. Tan es así que el America Bar Association aprobó la Resolución 10b donde recomienda a las escuelas de derecho, inter alia, “to implement curricular programs intended to develop practice ready lawyers including, but not limited to enhanced capstone and clinical courses that include client meetings and court appearances.”

 

No saben las veces que abogados principiantes me dicen que no saben como escribir una demanda, un Informe de Conferencia con Antelación al Juicio (“Pretrial”) o como presentar evidencia en un juicio.

 

Sin embargo, ambas la UPR y la Interamericana, prefieren colocar políticos y teóricos que nunca han visto en interior de un Tribunal excepto como parte. Esto es aún más dramático cuando vemos que hay más de 17,000 abogados en PR pero solo alrededor de 2,500 en activos en la Corte Federal. En la Corte de Quiebra, donde puede que pronto este el Gobierno de PR, el Bar es de alrededor de 200.

 

Compete a las Escuelas de Derecho de PR el ofrecer a los futuros abogados cursos que los capaciten para ofrecerle servicios a la ciudadanía y al mismo tiempo se puedan ganar la vida. Hay que preguntarnos si esta práctica influye en que las estadísticas de fracasos en la reválida de abogados sean tan deplorables.

 

Pueden decirme mordido o lo que quieran, hasta cierto punto lo estoy, porque se lo que podría aportar como profesor, pero esto de que solo con palas políticas consigues ser profesor en las Escuelas de Derecho no solo esta mal, si no que se le da flaco servicio a las futuras generaciones de abogados en PR.

 

Desde que veía a mi tío que me crió, Lcdo. Manuel Carrasquillo Herpén,  preparar los exámenes para sus cursos de matemáticas en la UPR supe que algún día quería hacer eso. Parece que no se va a dar ya que no soy de “los escogidos”.

 

 

THE BALCANIZATION OF ENVIRONMENTAL POLICY

 

 

We have all seen the protests in Peñuelas and Fortaleza by a group of activists intent on stopping the deposit of coal ash in a landfill and the Courts’ rejection of challenges to the legality of said deposit, including the latest denial by the Appellate Court of a reconsideration on its ruling reversing an injunction prohibiting this activity. We have also seen populist politicians respond to those protestors by reviving Senate Bill 340 to prohibit said deposit. Given all this turmoil I would like to discuss the legal and economic ramifications of these acts.

 

Puerto Rico’s environmental policy is entrusted to the Puerto Rico Environmental Quality Board by the Legislature to put into effect said policy. This commonsense approach, however, has been put in jeopardy by some municipalities intent on putting in effect policies the EQB has rejected.

 

AES buys coal in Columbia and burns it to generate approximately 16% of the electricity sold in PR. The burning of this coal produces two types of ashes: bottom ash and fly ash. These types of ash are collectively referred to as coal combustion residuals. AES produces approximately between 200,000 to 250,000 tons a year of this ash, also called coal ash.

The Environmental Protection Agency (EPA), the federal agency entrusted by Congress to regulate these substances, considers this ash a “non-hazardous solid waste.” The Federal EPA has delegated the issuance of permits for the disposal of said non-hazardous solid waste to the Puerto Rico Environmental Quality Board (EQB), which is in accordance to the island’s environmental public policy. Several companies in PR have permits issued by the EQB based on the regulations approved by the EPA. In other words, the local EQB, as the agent of the EPA, puts in effect federal environmental policy and Puerto Rico’s public policy as to environment.

 

Peñuelas and Humacao, however, have opted to illegally bypass federal and Puerto Rico law and enacted ordinances that directly conflict with them. The municipalities have also sued several companies that use this ash in landfills as part of their permits. In one case, the Court of First Instance issued the injunction against the deposit of ash in landfills but the PR Appellate Court determined that the ordinance of the Municipality of Peñuelas had been issued in violation of due process and was invalid. Another Court of First Instance this time in Ponce determined that the ordinance was invalid since it was contrary to PR law and public policy. At the same time, another Court of First Instance issued an injunction from the deposit of the ash reasoning that the issue was before the PR Supreme Court, although plaintiff had not asked for it but rather an injunction to obstruction to the deposit of ash. Fortunately, the Appellate Court reversed this decision this November. Also, the ordinance issued by the Municipality of Humacao is being challenged in the Court of First Instance.

 

As stated before, the controversy in one of these cases is before the PR Supreme Court but it has yet to issue a certiorari. Strangely enough, although these companies have all their EQB permits; neither the agency nor the PR Government has filed amicus curiae with the Supreme Court. The reason? Both Peñuelas and Humacao are headed by powerful PPD mayors and consistent with the García Padilla’s administration’s practice of preferring politics to sound governmental policy. If you are a PPD mayor, Governor García Padilla will look the other way if you do anything wrong, irrespective of the damage to PR. Moreover, there are at least 20 PPD municipalities with landfills that are documented as polluting groundwater, soil and air but have faced no action by AGP’s EQB and the press has all but ignored their protest but thoroughly covered the Peñuelas protests. Nor is there a mention by the Governor or the press that ECL and PVL are documented as compliant with regulations and non-polluting on the community in Peñuelas.

 

This situation has profound implications for PR’s economic development. PR’s environmental public policy is put into effect by the EQB, who has issued permits pursuant to federal regulations to these companies. These municipal laws are not only preempted by federal law, but are illegal since they are in conflict with the clear PR public policy evidenced by the permits issued by the EQB. If the Supreme Court were to allow municipalities to stop the application of federal and Commonwealth policy in their demarcations will not only further delay any economic growth we may experience but will also mean the balkanization of environmental policy of the island. The mayors of Peñuelas and Humacao are shamelessly spending public money to favor some of their PPD cronies in these cases. If the Supreme Court permits this, what will prevent from other municipalities from favoring their “friends” by blocking companies with proper permits from operating in their demarcations? It is now up to the Supreme Court to stop this nefarious practice.

 

Finally, populist senators are pressuring the Governor to include Senate Bill 340 in the Extraordinary session. Even if unsuccessful, it has come to my attention, that PNP senators such as Larry Seilhamer are contemplating support for the bill. The EPA and EQB regulations on coal ash come after hundreds of hours of scientific study and commentary. Politicians cannot be swayed by protestors alone. PNP leaders will have to decide whether to support the rule of law and US environmental protection regulations and EQB statements that the ash is non-hazardous or join the independentistas to garner a few votes at the cost of the rule of law and economic growth of the island.