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LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.

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LA RENUNCIA DE MELBA

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En el día de hoy, el Gobernador García Padilla aceptó la renuncia de Melba Acosta a la presidencia del Banco Gubernamental de Fomento. La misma será efectiva al final del mes de julio. La carta menciona la venida de la Junta como razón, pero ésta no entrará en funciones antes de octubre, como temprano. Y decir que ya ha cumplido con lo que tenía que hacer obvia la realidad de la crisis. ¿Por qué la renuncia con 5 meses para acabar el cuatrienio? Veamos.

 

Melba Acosta ha demostrado ser una personalidad que necesita el controlar todo su entorno y no comparte información ni con el Pueblo ni con sus legisladores. La venida de la Junta de Supervisión Fiscal definitivamente le quitará muchas funciones a Melba pero esta no vendrá a funcionar hasta octubre como temprano. Así que esta no puede ser la razón.

 

En el día de hoy, ENDI publica una nota de una investigación del Securities and Exchange Commission sobre emisiones de bonos de la AEE. La nota nos dice que la investigación comprende este cuatrienio y comenzó desde el 2014. Todos sabemos que las investigaciones de este tipo toman tiempo y Fiscalía Federal le gusta acusar personas en posiciones de poder cerca de las elecciones. Una investigación del SEC puede conllevar acusaciones criminales bajo la Sección 17(a) del Securities Act de 1933, las Reglas 10b-5 y 15c-12 del SEC. Además de cargos criminales, que tienen que llevarse a través del DOJ, el SEC puede demandar civilmente a PR o las personas envueltas en violaciones de las antes mencionada ley y reglamentos.

 

Y no es solamente la SEC la que estará envuelta en investigación. El Senador Orrin Hatch solicitó al SEC una investigación a las emisiones de bonos de PR y también indicó que el Comité de Finanzas del Senado también llevará a cabo una investigación. ¿Sabrá Melba algo que no sabemos? ¿Serán estas investigaciones la razón? Time will tell.

 

 

Puerto Rico Bonds and the Courts

During the presentation to bondholders by Puerto Rico, Mr. James Millstein stated that without restructuring any litigation involving bonds would take at least 5 years. I beg to differ. Bond litigation will commence with the exception of $3.9 billion, which I will discuss later, in the Federal District Court for the District of Puerto Rico or in the Court of First Instance in San Juan. Since I litigate in both, I think I am in a better position to describe what could happen.

 

At the get go, the immense majority of issues in any PR Bond litigation will of interpreting bond documents, including the Constitution of Puerto Rico. I cannot think of many factual issues that would require discovery, except maybe to determine the actual available resources of the Commonwealth. In any event, these can be disposed of as I discuss infra.

 

If different cases are filed in the PR Federal District Court, pursuant to the Rule 42 of the Federal Rules of Civil Procedure, if cases “involve a common question of law or fact, the court may:

(1) Join for hearing or trial any or all matters at issue in the actions;

(2) consolidate the actions; or

(3) issue any other orders to avoid unnecessary cost or delay.” The actual procedure to do it in PR is described in Local Rule 42.

 

Now lets go to certain examples. In Franklin California v. Commonwealth, the PR Recovery Act case, the complaint was filed on June 28, 2014. The District Court issued the injunction declaring the law unconstitutional on February 6, 2015. No discovery was done. Defendants appealed to the First Circuit and the Court, recognizing the importance of the issues, expedited matters and issue its opinion on July 6, 2015. Defendants’ requested certiorari to the Supreme Court, which obliged and the case will be decided on or before June 30, 2016, two years after the case was filed.

 

More recently, Wal-Mart sued the Commonwealth of PR for constitutional violations in December of 2015, discovery ensued, there was a 4-day hearing in February and we are waiting for a decision from Judge Fusté. Fast indeed.

 

But what about state court? First, the same Rule of Consolidation of Cases exists in state court, to wit, Rule 38 of the Puerto Rico Rules of Civil Procedure. Moreover, PR has a set of Rules for the Litigation of Complex Cases, and they provide for the consolidation of all cases of the same nature with one judge. Hence, there will not be multiple judges deciding issues.

 

Two examples show how fast it cases can proceed in PR. In January of 2014, the Teachers Union sued the Commonwealth for Constitutional violations. After discovery and an evidentiary hearing, the PR Supreme Court decided the case in a intrajurisdictional certification in April of 2014. In the Doral v. ELA case, the complaint was filed in July of 2014, the case went three times to the Supreme Court for intrajurisdictional appeal, which was not granted, the Supreme Court ordered the case to move quickly, went twice in interlocutory appeals to the Appellate Court, there was discovery and a four-day hearing, which Doral won. Defendants’ appealed to the Appellate Court, which overruled the Court of First Instance on February 25, 2015 and the Supreme Court of PR denied certiorari on February 27, 2015. As we can see, the Courts in PR can move very quickly indeed.

 

There is, however, a $400 million issue by the Highway Authority in 2013 and a $3.5 billion issue of GO’s that are governed by NY law and to which NY courts will have jurisdiction as per bond documents. The bond documents, however, do not require that the cases be filed in NY and gives the parties the flexibility to file in San Juan. Also, the same situation of simply interpreting legal documents applies to these two bond issues. Moreover, if bondholders have cases in Federal District Court in PR and NY, any party may seek for the Judicial Panel for Multidistrict Litigation to consolidate for discovery, etc., the cases in one Court. If the cases are pending in Federal and State or Commonwealth Court, this cannot occur, however. Nevertheless, I have no doubt that NY Federal or Supreme Court’s would decide the issues in these cases in a very swift manner as their counterparts in PR have done.