Blog

JUDGE BESOSA REFUSES TO STAY LEX CLAIMS COMPLAINT

 

 

On February 17, 2017, Judge Besosa decided important issues in the Lex Claims litigation. In this case, plaintiffs, a group of GO bondholders, seek an injunction against the use of the sales tax to pay COFINA bonds, claiming they have first lien on “available resources” as per the Puerto Rico Constitution.

 

Defendants included, inter alia, the Government of PR, COFINA and its Executive Director, who filed various motions to stay the litigation. In addition, Ambac, a monoline that insures COFINA senior bonds, COFINA Senior Bondholders, Puerto Rico based bondholders and Mayor COFINA Bondholders (subordinate COFINA bondholders) filed motions to intervene, as did the Board.

 

Judge Besosa reviewed all of defendants’ arguments for the stay in great detail and rejected all. Hence, the claims for injunction against the payment of COFINA bonds and violation of civil rights (42 U.S.C. § 1983) will go forward. In addition, Judge Besosa granted intervention to all that sought it, except for COFINA Senior Bondholders since their request was limited to claiming the stay was applicable.

 

What will happen now? It is clear Judge Besosa wants to resolve the GO/COFINA controversy, which makes it unlikely that he will send it to the PR Supreme Court. Moreover, the case is what we call paper litigation. The issues before the Court revolve around an interpretation of the PR Constitution, the Constitutional Convention, the 1961 Amendment to the Constitution and its legislative record, COFINA statutes, its legislative record and the bond documents. There is no need for a hearing since there would not be any testimony, expert or otherwise as happened in the previous litigation on the stay.

 

Can PR or other defendants “appeal” Judge Besosa’s decision? Not really. The Federal system is hostile to appeals where there is no final determination of the issues. For example, in the Peaje litigation that recently went to the First Circuit, there was a final order since once the decision favored the stay, “there was nothing left for the district court to do.” Here, however, there is much left to do. Of course, defendants may seek leave from the District Court to appeal and then seek appeal via 28 U.S.C. § 1292(b). The First Circuit, however, is very hostile to this type of appeal and rarely grants it. Hence, defendants will have to continue with this litigation.

 

How long can it take? I am sure plaintiffs are at this time preparing their motion for summary judgment to have the Court decide the issue quickly and I have no doubt he will do so. Remember that the First Circuit reminded Judge Besosa “In conducting such proceedings, the district court should be mindful of Congress’s explicit direction to ‘expedite’ its disposition of the matter ‘to the greatest possible extent.’” Section 106(d) of PROMESA.

 

What should PR and the Fiscal Supervisory Board do? Both the Board and PR have said they will not take sides on the controversy but I think they should. GO’s and COFINA amount to half of PR’s bond debt ($18 billion in GO related and $17 billion in COFINA) and there is no chance on voluntarily restructuring GO’s unless the issue is resolved since they will claim, with certain reason, Constitutional priority. A quick decision on the issue would not only resolve the issue but if COFINA is illegal, it would lose any claim to a stream of income from the sales tax, it would not have a pledge and lien and in a Title III proceeding would be an unsecured creditor. The Court could then reduce its indebtedness close to zero. Let’s see what happens.

Advertisements

LA UPR: ALGO MAS QUE UN ALMA MATER

 

 

Cuando mi madre me mandó a PR, fue a vivir con mí tía y su esposo, Manuel Carrasquillo Herpén (Papa como yo le llamaba), quien fue maestro de matemáticas de la UPR por más de 37 años. Recuerdo la mesa del comedor llena de los papeles de sus exámenes mientras los corregía. Así que desde pequeño, la “UPI” era más que una Universidad, era parte de mi vida. Luego estudie allí por 7 años, bachillerato y leyes. Y a diferencia de muchos compañeros, volvía con frecuencia a la biblioteca de derecho a estudiar casos, leer tratadistas y revistas jurídicas. Así que la “UPI” ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria.

 

Por años la UPR ha funcionado como si existiera al margen de la realidad puertorriqueña. Gobernadores estadistas no osan contaminar con su presencia la Universidad que recibe el 80% de sus ingresos del erario público y al menor intento de aumentar una matrícula sumamente baja, los estudiantes se rebelan y declaran huelga.

 

Pero al fin la cruda realidad toca la UPR. Con un déficit de $7.6 billones, la Junta de Supervisión Fiscal determinó que el Gobierno no puede seguir subsidiando de forma ilimitada la UPR. Le indicó a ambos que hay que reducir el presupuesto en $300 millones, un tercio de la contribución del estado. Una verdadera crisis, la más grave que ha atravesado la Universidad en su historia. Como dijo Thomas Paine en The American Crisis, “these are the times that try men’s souls”. Pero ¿que hace el liderato de la UPR? ¿Busca maneras de ahorrar en una burocracia totalmente sobre inflada? ¿Busca maneras de que la empresa privada compre sus servicios? ¿Busca más fondos federales? No, el liderato de la UPR renunció. La presidenta interina y los rectores acaban de “renunciar y rechazar” los cortes de la Junta. El liderato de la institución académica más importante se juyó de la dura tarea a la cual se enfrentaban. Y que no vengan a decir que hay poco tiempo para hacer el plan fiscal. La Junta puso a la UPR como un “covered instrumentality” desde septiembre y sabían que había que hacer un plan fiscal y que tenían que cortar. Si no comenzaron entonces fue por pura dejadez.

 

Yo crecí en Dos Pinos, una urbanización de profesores universitarios, pero con la idea de que “when the going gets rough, the tough get going”. Si las cosas se ponían difíciles, se le buscaba la vuelta. Pero parece que el liderato de la UPR lo que aprendió fue que si el juego no va como ellos quieren, se van para su casa.

 

Nadie quiere que le corten $300 millones a la UPR pero si no lo hace su liderato, lo va a hacer la Junta. Uno pensaría que los que han vivido de la UPR la quieren lo suficiente para tratar de salvarla, tratar de minimizar el efecto de los recortes, pero, tal cual ratas en un barco que se hunde, huyen de su responsabilidad histórica. Yo solo se que Papa no hubiera huido y hubiera hecho todo lo que se podía hacer para salvarla. Se que no la hubiera abandonado. Pero eran otros tiempos y también se que Papa amaba la UPR y se que estos cobardes no la aman, solo son parte del problema que la ha llevado a donde está ahora.

LA COMISION DE AUDITORIA DE LA DEUDA Y PROMESA

 

PR creó una comisión para la auditoría de la deuda bajo la pasada administración pero no le asignó dinero para hacer su trabajo. Así de importante era. En el día de hoy, la prensa puertorriqueña, sin estudiar el punto, se hace eco de los cuestionamientos de esta comisión, aduciendo que son ellos y no la Junta, los que tienen que auditor la deuda de PR. Ha llegado al punto que la Comisión dice que son ellos y no la Junta los que tienen que auditar la deuda. Esto es un soberano paquete, embuste y mentira.

 

El representante Serrano propone la enmienda a PROMESA que se convirtió en la sección 413 de la misma. Esta dice:

 

Nothing in this Act shall be interpreted to restrict—

 

(1) the ability of the Puerto Rico Commission for the Comprehensive Audit of the Public Credit to file its reports; or

(2) the review and consideration of the Puerto Rico Commission’s findings by Puerto Rico’s government or an Oversight Board for Puerto Rico established under section 101.

 

Como verán, nada ahí habla de que la Comisión es la que tiene que hacer esto o lo otro o que es la que es llamada a hacer una auditoría primero que la Junta. De hecho, el Congressional Record contiene referencias a que la Junta tiene que hacer una auditoría. El Representante Garret nos dice que “[m]ost importantly, the bill creates a seven-member oversight board to oversee their debt restructuring and to conduct financial audits.” Speaker Ryan nos dijo que la Junta “will audit Puerto Rico’s books

and make sure the restructuring is open and fair.” Más aún, cuando el Representante Serrano introdujo la que después fue la sección 413, hizo esta aclaración de la misma:

 

This amendment simply preserves the ability of this commission to continue their work and for either the government or the oversight board to review and consider any findings that the commission might have.

 

En otras palabras, los resultados de la “auditoría” de la Comisión de PR podrán serán revisados por el Gobierno de PR y por la Junta. Nada habla el Congressional Record que la Comisión de PR tenga primicia en la auditoría de la deuda de la isla. Más aún, ni la Junta ni la Comisión pueden invalidar deuda alguna de PR. Eso solo lo puede hacer un Tribunal, sea del ELA o Tribunal Federal. Prensa de PR, lean antes de hacer pensar al lector que la Comisión no es más que un embeleco de la pasada administración.