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LA JUNTA RETA AL SENADO

Anoche la Junta de Supervisión Fiscal le mando un reto al Senado de PR al enviarle un racimo de artículos de economía que suman 2,196 páginas sobre porque se tiene que eliminar la Ley 80. Las primeras 35 páginas son como un resumen de la literatura. Esencialmente, la Junta dice, “Aquí tienes politiquero, mira ver que haces con esto.”

El Senado tiene dos opciones, o aprueba la eliminación de la ley 80 o no la aprueba. A mi entender, Thomas Rivera Schatz luego de protestar y quejarse, eventualmente permitirá que se apruebe la eliminación, que es lo que el Gobernador y la Junta quieren. De esa forma, el Gobernador gana una victoria sobre Rivera Schatz y continua su teatro de conflictos victoriosos contra la Junta. Win Win para Rosselló González.

Por el otro lado, Thomas Rivera Schatz podría trancarse y detener la eliminación de la ley 80. ¿Que haría la Junta? La Junta podría decir se acabó el acuerdo, reduzco el presupuesto de la Legislatura, reduzco el presupuesto de PR para eliminar el bono de navidad y los días de vacaciones y enfermedad en el Gobierno. Con la ley 80, podría ir a donde la Juez Swain bajo la sec. 108(a)(2) de PROMESA, que dice:

(a) IN GENERAL.—Neither the Governor nor the Legislature

may—

(1) exercise any control, supervision, oversight, or review over the Oversight Board or its activities; or

(2) enact, implement, or enforce any statute, resolution, policy, or rule that would impair or defeat the purposes of this Act, as determined by the Oversight Board. (negrillas añadido)

Como la Junta ya tiene la literatura para justificar su petición, el peso de la prueba pasaría al opositor de la medida y ahí es donde la cosa se pone interesante; ¿quien tiene standing (legitimación active) para oponer las pretensiones de la Junta? Sabemos que el Gobierno no lo hará ya que llegó a un acuerdo con la Junta. ¿La tendría el Senado como parece indicar Rivera Schatz? Antes de que me mencionen las doctrinas del TSPR, recuerden que esto sería en Corte Federal. En Arizona State Legislature v. Arizona Independent Redistricting Commission, 576 U.S. __ (2015), el SCOTUS delimitó bajo que circunstancias la legislatura estatal tendría standing en Corte Federal. Pero no es la legislatura, es el Senado, así que maybe, maybe not. Además del Senado, no dudo que uniones y otras asociaciones retarán las acciones de la Junta, pero dudo tengan éxito.

 

De ganar la Junta, el Gobernador gana doble, derrota a un potencial opositor, Rivera Schatz, se presenta como la alternativa que menos daño hace a PR y sigue ayudando a la Junta a pasar por la piedra a los bonistas, que obviamente es su empeño. Claro, si pierde la Junta, el también pierde. Por ende, todos los que cacarean que Rosselló y la Junta son lo mismo tienen un argumento válido.

 

Antes de irme, sin embargo, debo señalar que las primeras 35 páginas del racimo de 2,196 claramente dan a entender que la eliminación del bono de navidad y la reducción de días de vacaciones y enfermedad vienen por ahí, probablemente en el próximo año fiscal. Así que vayan preparándose para la próxima pugna. 

 

****Me puedes escuchar hoy y todos los martes a las 5pm en el programa de Kike Cruz, Análisis 630 por NotiUno 630am.

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LAS IDEAS LOCAS QUE PROVOCA LA JUNTA

 

 

El colega Aníbal Acevedo Vilá publicó un columna en el Nuevo Día sobre la inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y varios adeptos del Gobierno se la celebraron. Como es mi costumbre, leí los casos y luego de analizarlos, tengo que diferir.

 

La tesis del colega Acevedo Vilá es que el Congreso, al darle poderes legislativos y ejecutivos a la Junta de Supervisión Fiscal, viola la separación de poderes con el Gobierno de Puerto Rico. Cita a un caso del Supremo Federal sobre Filipinas (sin decir el nombre) y al caso de Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1974) para adelantar la idea de que la separación de poderes es de extrema importancia y que por ende el Congreso se excedió de sus facultades al darle esos poderes a la JSF y por lo tanto la misma es inconstitucional. Difiero.

 

El caso de Filipinas, Springer v. Government of the Phillipines Islands, 277 U.S. 189 (1928) efectivamente menciona la importancia de la separación de poderes ya que la legislación que le proveyó a las islas su gobierno propio, como en PR, se copió de la Constitución Federal. Sin embargo, la pugna en Springer era entre el Gobernador de Filipinas y la Legislatura sobre la interpretación de la legislación de gobierno propio de las islas. No era sobre el poder del Congreso para legislar sobre las islas. El caso de Buckley también trata de la separación de poderes, pero entre el Congreso y el presidente, no sobre el poder del Congreso para legislar sobre los territorios.

 

En PR, la separación de poderes es tan importante que el Congreso le impuso dos requisitos a PR para tener constitución, una Carta de Derechos y que forma republicana de Gobierno, ver, Artículo I, sección 2 de la Constitución de PR. Forma republicana de gobierno no es más que la separación de poderes, ver, Misión Industrial v. Junta de Planificación de Puerto Rico, 146 D.P.R. 64 (1998) y Guzmán Vargas v. Calderón, 164 D.P.R. 220 (2005).

 

Ciertamente, el Congreso no puede afectar los derechos fundamentales de los puertorriqueños y esto es así desde antes del caso de Springer ya que, en Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922), el Supremo Federal así lo sentenció. Pero no existe caso alguno que indique que los ciudadanos de los territorios tienen un derecho constitucional a gobierno propio. Todo lo contrario, en Downes v. Bidwell, 183 U.S. 244, 289-290 (1901), el Supremo Federal dijo:

 

The Constitution has undoubtedly conferred on Congress the right to create such municipal organizations as it may deem best for all the territories of the United States, whether they have been incorporated or not, to give to the inhabitants as respects the local governments such degree of representation as may be conducive to the public wellbeing, to deprive such territory of representative government if it is considered just to do so, and to change such local governments at discretion. (Énfasis suplido)

 

Claramente el Supremo Federal ha indicado que el Congreso puede conceder gobierno propio, o quitarlo a su antojo. Así que, en respuesta al colega, SI, el Congreso puede legislar para que PR sea gobernado por un rey o un gobernador vitalicio.

 

Más aún, como el colega Acevedo Vilá no está envuelto en el caso de la quiebra de PR, tal vez no sabe que Aurelius y la Utier argumentan que el nombramiento de los miembros de la Junta, no la ley PROMESA, fue hecho inconstitucionalmente ya que el presidente tuvo que utilizar una lista de candidatos del Congreso y usan el caso de Buckley como parapeto. La Junta y el Gobierno de PR ambos argumentan que el caso de Buckley y la doctrina de los nombramientos presidenciales (appointments clause) no son aplicables a los territorios y tal vez tengan razón. Eso lo decidirá la Juez Swain.

 

Finalmente, si el colega entiende que su teoría tiene validez, lo único que tiene que hacer es buscar un cliente y presentar su caso. Y de paso, puede añadir su teoría de que el Gobierno Federal es responsable de la deuda de su territorio, aunque sea totalmente contrario a 48 U.S.C. § 795 que dice:

 

All expenses that may be incurred on account of the government of Puerto Rico for salaries of officials and the conduct of their offices and departments, and all expenses and obligations contracted for the internal improvement or development of the island, not, however, including defenses, barracks, harbors, lighthouses, buoys, and other works undertaken by the United States, shall, except as otherwise specifically provided by the Congress, be paid by the treasurer of Puerto Rico out of the revenue in his custody.

 

A la verdad que PROMESA ha provocado ideas bien locas entre los políticos.

 

LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.