Bonos

LOS BONISTAS, REESTRUCTURACION Y PROMESA

 

 

He escuchado analistas decir que PR tiene que forzar a los bonistas a aceptar recortes del principal de sus deudas. Dicen también que antes de PROMESA no había un mecanismo para obligarlos a venir a negociar. Estas personas parten o de información equivocada (usualmente proveniente del Gobierno de AGP) o de desconocimiento de como se negocian casos en Corte y mucho más en Corte Federal. Voy a tratar de explicar el proceso de negociación que ha había con los bonistas de PR y como funciona PROMESA y su Título III de Quiebra.

 

La primera vez que escuchamos hablar de negociación con los bonistas fue para julio de 2014 con la AEE, cuando esta usó un fondo de reserva para pagar los bonos que se vencían. Eso era lo que se llama un “technical default” (impago técnico) según el Acuerdo de Bonistas de 1974. Sin embargo, nadie demandó a la AEE por el “impago”. Al contrario, se sentaron a hablar los bonitas y la AEE y llegaron al Forbearance Agreement en agosto de 2014 y se ha continuado en ello a pesar de que los bonistas podrían solicitar el nombramiento de un síndico para que maneje la AEE. ¿Que nos dice eso? Que lejos de querer litigar y jorobar a PR, los bonistas querían llegar a acuerdos. Tan es así que bajo la última versión del acuerdo, algunos bonistas cogen un recorte (rebaja de principal) de 15%.

 

Desde entonces, Melba Acosta nos decía que PR se reunía con sus acreedores PERO durante el juicio de Walmart v. PR, ella testificó (y yo la escuche en persona) que la primera vez que PR se sentó con sus acreedores fue el 29 de enero de 2016, antes de PROMESA. O sea, que el Gobierno, como he dicho siempre, nos mintió. Subsiguientemente, sabemos que hubo reuniones y ofertas y contraofertas hasta junio de 2016. Sabemos que PR ofreció a los GO’s 81 centavos y cinco años de moratoria del pago del principal y ciertos límites al pago de intereses. Los GO’s ofrecieron 89 centavos y cinco años de moratoria al principal. En cuanto a COFINA, se les ofreció 80 y 60 centavos a los Senior y Subordinate y estos ofrecieron 5% de recorte y concesiones sobre el pago de intereses. Ver aquí PR nunca contestó las contraofertas de los bonistas.

 

En cuanto a la deuda del Banco Gubernamental de Fomento es aún más dramático el recorte. Ciertos bonistas, ahora demandando para que se levante el stay de PROMESA (Brigade v. García Padilla, 16-1610). Allí aceptaron un recorte de 53% de su deuda. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo entonces y están demandando? Según los bonistas debido a que la Ley de Moratoria cambio el orden de prioridad de pago de esos bonos al darle a las Cooperativas mayor prioridad. A pesar de esto, reafirmaron que están dispuestos a llegar a este acuerdo siempre y cuando se acepte que todos los bonos son pari passu (todos con derechos iguales). Veremos que hace el Juez Besosa.

 

Así que es falso que PR no tuviera, antes de PROMESA, herramientas para obligar a sus acreedores a ir a la mesa de negociaciones. Lo que pasa es que el Gobierno de AGP, mal aconsejado por sus asesores externos que no cobran mucho si resuelven los problemas rápido, no ha querido negociar.

 

Esos analistas se unen al coro del Tesoro Federal y el Gobierno de AGP de que hay que aprobar el Plan Fiscal y de inmediato comenzar al reestructuración de la deuda. Esta posición, sin embargo, es contraria a PROMESA. En primer lugar, la Junta no va a aprobar el Plan Fiscal de AGP por qué, entre otras cosas, no indica como va a pagar la deuda ni incluye un análisis de sostenibilidad de la deuda, todo esto requerido por la sec. 201(b)(1) de PROMESA. La sec. 206(a) requiere que antes de certificar a que el Territorio solicite el Título III (quiebra) la Junta tiene que determinar, inter alia, que:

 

(1) the entity has made good-faith efforts to reach a consensual

restructuring with creditors;

 

(2) the entity has—

(A) adopted procedures necessary to deliver timely audited financial statements; and

(B) made public draft financial statements and other information sufficient for any interested person to make an informed decision with respect to a possible restructuring;

 

(3) the entity is either a covered territory that has adopted a Fiscal Plan certified by the Oversight Board, a covered territorial instrumentality that is subject to a Territory Fiscal Plan certified by the Oversight Board, or a covered territorial

instrumentality that has adopted an Instrumentality Fiscal Plan certified by the Oversight Board

 

En otras palabras, el Plan Fiscal tiene que estar aprobado, tiene que haber habido negociación de buena fe de parte del territorio y los estados financieros auditados tienen que estar disponibles o la información para crearlos.

 

Sabemos, sin embargo, que desde junio, PR NO HA negociado y mucho menos de buena fe. Por ende, no puede haber quiebra aún ya que el stay de PROMESA se hizo con la idea de negociar la deuda antes de quiebra. Ver, sec. 405 de PROMESA. PR ha malgastado todo el stay hasta el momento sin negociar nada. Por eso el Juez Besosa advirtió en su decisión de mantener el stay en los casos de Peje, etc. que PR no debía desaprovechar esta oportunidad que provee el stay. Y recordemos que para proveer la certificación de quiebra, se necesita el voto de 5 de los 7 miembros de la Junta, ver sec. 206(b) de PROMESA.

 

Cuando la Junta apruebe el uso del Título III de PROMESA, y no dudo que en algún momento lo haga, la Junta tiene que tener todos los números de esta entidad, algo indispensable en todo caso ANTES de que se radique la petición. Más aún, recordemos que con la autorización que provee la Junta, PR NO va a radicar quiebra alguna. La Junta es la que representa al quebrado, la Junta radica la petición de quiebra y la Junta es la que radica el Plan de Quiebra. Ver secciones 304 y 312 de PROMESA. En otras palabras, PR NO DECIDE cuando ni como su gobierno se va a la quiebra. Es la Junta. Por lo tanto, puede que la Junta decida que parte del Gobierno se va a la quiebra y como se va a tratar las deudas dentro del Plan.

 

Otra falacia es el pensar que los bonistas tendrán que “contestarle” a un Juez de Quiebras dentro de un procedimiento ordenado. El que se crea esto NUNCA a estado en un caso Capítulo 11. De la misma manera que los bonistas han radico más de un docena de casos luego de que PROMESA se puso en efecto, en una quiebra habrá muchas más peticiones de levantamiento del stay, demandas (en quiebras se llaman “adversary proceedings”), peticiones para “adequate protection”, etc. Nada es ordenado y nada es fácil. Más aún, la “experiencia” de muchos analistas parece ser el caso de Detroit, donde el Juez Rhodes convenció al Tribunal de Distrito y al Sexto Circuito de no darle paso a las diferentes apelaciones del caso, forzando a muchos bonistas a tener que aceptar grandes recortes en sus bonos. En el Título III eso no puede ocurrir ya que PROMESA requiere que los Tribunales de Distrito y Apelativo muevan los asuntos con rapidez. Además, sabemos que el caso de Detroit fue una excepción y no la regla. En el caso de City of San Bernardino California estuvieron más de 3 años sin la aprobación de un plan y el caso aún no ha terminado.

 

Más aún, aunque el Título III contiene un stay, ver, sec. 301 de PROMESA (adoptando la sección 362 de quiebras, el “automatic stay”), hay ciertas deudas a las cuales no aplica. Por ejemplo, 11 USC sec. 922(d) nos dice que el stay no aplica al pago a “pledged special revenues in a manner consistent with section 927 of this title to payment of indebtedness secured by such revenues . . .” Las secciones 922 y 927 fueron adoptadas por la sec. 301 de PROMESA, al igual que la sec. 928, importante para la AAA y la AEE. ¿Por qué mencionó todo esto? El Juez Besosa en la opinión del caso de Peajes nos dice a la página 16:

 

Because of these provisions, and because PRHTA’S pledged revenues are constantly replenished by an ongoing stream of toll payments, Peaje Investments continues to hold a security interest in a stable, recurring source of income that will eventually provide funds for the repayment of the PRHTA bonds. Though it will not receive the pledged revenues during the stay period, this enduring security interest means that it faces only a delay in recouping such funds, not a permanent loss of them.

 

The Court believes that the existence of this continuing lien on a perpetual source of revenue satisfies the “flexible” standard applicable to determinations of adequate protection. (subrayado nuestro)

 

A la página 17 de la opinión habló sobre los bonos de Altair y dijo:

 

Those plaintiffs, pursuant to the terms of the applicable bond resolution, hold a security interest and lien in certain pledged property, including all future employer contributions. This lien continues indefinitely until ERS’s outstanding debt obligations have been satisfied in full. As discussed above, nothing in the language of PROMESA or the Moratorium Act diminishes or destroys this lien against the ERS employer contributions, which, like the PRHTA toll revenues, are a perpetual revenue stream whose value is not decreased by the Commonwealth’s acts of temporary suspension.

 

En otras palabras, estos dos bonos son acreencias aseguradas a las cuales no les aplica el stay. Entonces, ¿como se va a “forzar” a estos acreedores a aceptar un recorte si legalmente tienen acreencias aseguradas y las cuales hay que pagar a pesar del stay? Bueno, pregúntenle a los analistas.

 

Otro problema es que en quiebra, todas las deudas se tienen que poner en la petición. Eso incluye salarios, alquileres, suplidores, y convenios colectivos. O sea, si la Autoridad de Carreteras se va al Título III, puede que los suplidores pierdan sus pagos, despidan empleados y rechacen los convenios colectivos. Todo muy legal y muy común en quiebra.

 

Además, el Juez Besosa en el caso de Assured Guarantee, Corp. v. García Padilla (16-1037, 16-1095), emitió una opinión donde dijo que la sec. 903 de la ley de Quiebra Federal no ocupaba el campo en cuanto a la Ley de Moratoria de PR pero que de todas maneras podría ser inconstitucional. A la página 4 de esta opinión dijo que “[i]n cases of an unbalanced budget, the Commonwealth Constitution establishes a priority system detailing in what order appropriations will be paid. P.R. Const Art. VI § 8. First priority is assigned to ‘interest on the public debt and amortization thereof.’” Se preguntan ¿por qué es esto importante? Pués resulta que el Gobierno de PR ha dicho siempre, al igual que algunos analistas, que son más importante los servicios esenciales que el pago de la deuda. Aquí el Juez ya decidió que es lo que dice la Constitución sobre esto Y resulta que PROMESA, sec. 314(b)(6) y (7) requiere que el plan de quiebras sea en el mejor interés de los acreedores (esto es parte de 11 USC sec. 1129) y que el mismo sea consistente con el Plan Fiscal. A su vez, el plan fiscal tiene que respect the relative lawful priorities or lawful liens, as may be applicable, in the constitution, other laws, or agreements of a covered territory or covered territorial instrumentality in effect prior to the date of enactment of this Act.” Ver, sec. 201(b)(1)(N). La Juez Lynch, en su opinión en el caso de Wal-Mart v. Commonwealth interpretó esta sección y dijo:

 

Under section 201, the Board must approve a Fiscal Plan that “provide[s] a method to achieve fiscal responsibility and access to the capital markets.” Id. § 201(b)(1). That Plan must, however, respect the Commonwealth’s “relative lawful priorities” that were in effect prior to PROMESA’s enactment. Id. § 201(b)(1)(N) (“A Fiscal Plan developed under this section shall … respect the relative lawful priorities or lawful liens, as may be applicable, in the constitution, other laws, or agreements … in effect prior to the date of enactment of this Act.”). Accordingly, PROMESA appears to grant no power to the Board to repeal or amend the Fiscal Sustainability Act, which continues to cap payments of court judgments at $3 million per year and continues to grant Puerto Rico discretion not to pay even that amount depending on the availability of funds that year. Nor does it appear to allow the Board to repeal or amend the Treasury guidelines, which “prioritize some government payment obligations over others” but make “no provision … to prioritize the payment of a court judgment ordering a tax refund.”

 

Siendo eso así, el Título III no es la panacea que muchos que no han visto en su vida un caso federal, mucho menos uno de quiebra, siguen diciendo. La quiebra de cualquier parte del Gobierno va a afectar a los suplidores y ciudadanos de PR a quien se les debe mucho dinero. Para colmo, puede que los bonistas sigan cobrando y los acreedores locales no. ¿Es eso lo que queremos?

 

La próxima vez que escuchen a un analista diciendo que “el Gobernador tiene que convencer a la Junta de que se radique quiebra”, vengan aquí y relean esto.

 

 

 

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LA NUEVA DEMANDA DE BRIGADE

 

 

El 4 de abril de 2016, Brigade Leveraged Capital Structures Fund Ltd y varios otros que poseen bonos del BGF, demandaron a la entidad en Corte Federal bajo diversidad de ciudadanía (28 U.S.C. § 1332) para que no pagara ningún dinero a sus acreedores excepto para servicios esenciales. Brigade quería conservar los fondos del BGF y entendió que esta era la mejor manera. Poco después, el Gobernador emitió bajo la Ley de Moratoria, una orden ejecutiva haciendo esencialmente lo que Brigade pedía y los demandantes retiraron la solicitud de injunction. De hecho, en una vista ante el Tribunal Federal, se llegaron a unos acuerdos de negociar para no tener que litigar el caso. Los demandantes de este caso son parte de los bonistas

 

Sorpresivamente, el 21de mayo de 2016, Brigade y compañía, acompañados por Fir Tree Value Master Fund, LP y otras de afiliadas, enmiendas a la demanda. La nueva demanda alega violación de derechos constitucionales y la jurisdicción se basa en federal question (28 U.S.C. § 1331). Alegan que varias de las partes de la Ley de Moratoria son inconstitucionales. Los demandantes alegan que la Ley de Moratoria viola la Constitución Federal al menoscabar las obligaciones contractuales, constituye un “taking without just compensation” en violación de la 5ta Enmienda, de la Clausula de Comercio Interestatal de la Constitución Federal, violación al acceso a Corte Federal y del campo ocupado (preemption) del 11 U.S.C. § 903. Este último fue el mismo que se uso para invalidar la Quiebra Criolla en el caso de Franklin California, ahora ante el Tribunal Supremo Federal.

 

Era obvio que en algún momento, bonistas impugnaran la Ley de Moratoria en la Corte Federal. Lo que es diferente en esta demanda es que se alega que el Gobierno de PR violó acuerdos hechos el 2 de mayo (página 2, párrafo 2). Como parte de ese acuerdo, los bonistas, que se sentaron a negociar con PR, intercambiarían sus bonos por unos valorados 56.25% del valor de su bono origina. Más aún, si se llegaba a un acuerdo global, como se esperaba, habría otro intercambio de bonos y los bonistas recibirían uno nuevo con valor de solo 47% del original (páginas 11-12, párrafo 28). En otras palabras, los bonistas de quien tan mal se habla, estaban dispuestos a tomar un descuento (haircut) de 53%. So much for vultures.

 

El 5 de mayo la Legislatura, a pesar de que los bonistas estaban negociando los detalles del acuerdo, enmienda la Ley de Moratoria con la Ley 40-2016 al cambiar las prioridades del pago de los bonos (páginas 11-18). Mis fuentes me indican que ese cambio de los términos de los acuerdos de 2 de mayo y la falta de negociación de buena fe del Gobierno que lleva a Fir Tree a unirse a la demanda y al radical cambio en la misma. De ser cierto, y no tengo razón de dudar que sea cierto, esto es altamente preocupante ya que remueve cualquier incentivo para que bonistas negocien con PR en este momento. ¿Para qué va un bonista a negociar en este momento con un PR dominado por aquellos que no cumplen acuerdos si dentro de poco lo harán bajo la sombra de PROMESA?

 

Esta demanda, igual que otras que de seguro llegaran, tiene altas probabilidades de éxito, aún si es detenida por el “stay” que promueve PROMESA. Y si como sospecho, PROMESA no es aprobada, el Pueblo va a pagar caro la arrogancia de AGP y compañía.

Puerto Rico Bonds and the Courts

During the presentation to bondholders by Puerto Rico, Mr. James Millstein stated that without restructuring any litigation involving bonds would take at least 5 years. I beg to differ. Bond litigation will commence with the exception of $3.9 billion, which I will discuss later, in the Federal District Court for the District of Puerto Rico or in the Court of First Instance in San Juan. Since I litigate in both, I think I am in a better position to describe what could happen.

 

At the get go, the immense majority of issues in any PR Bond litigation will of interpreting bond documents, including the Constitution of Puerto Rico. I cannot think of many factual issues that would require discovery, except maybe to determine the actual available resources of the Commonwealth. In any event, these can be disposed of as I discuss infra.

 

If different cases are filed in the PR Federal District Court, pursuant to the Rule 42 of the Federal Rules of Civil Procedure, if cases “involve a common question of law or fact, the court may:

(1) Join for hearing or trial any or all matters at issue in the actions;

(2) consolidate the actions; or

(3) issue any other orders to avoid unnecessary cost or delay.” The actual procedure to do it in PR is described in Local Rule 42.

 

Now lets go to certain examples. In Franklin California v. Commonwealth, the PR Recovery Act case, the complaint was filed on June 28, 2014. The District Court issued the injunction declaring the law unconstitutional on February 6, 2015. No discovery was done. Defendants appealed to the First Circuit and the Court, recognizing the importance of the issues, expedited matters and issue its opinion on July 6, 2015. Defendants’ requested certiorari to the Supreme Court, which obliged and the case will be decided on or before June 30, 2016, two years after the case was filed.

 

More recently, Wal-Mart sued the Commonwealth of PR for constitutional violations in December of 2015, discovery ensued, there was a 4-day hearing in February and we are waiting for a decision from Judge Fusté. Fast indeed.

 

But what about state court? First, the same Rule of Consolidation of Cases exists in state court, to wit, Rule 38 of the Puerto Rico Rules of Civil Procedure. Moreover, PR has a set of Rules for the Litigation of Complex Cases, and they provide for the consolidation of all cases of the same nature with one judge. Hence, there will not be multiple judges deciding issues.

 

Two examples show how fast it cases can proceed in PR. In January of 2014, the Teachers Union sued the Commonwealth for Constitutional violations. After discovery and an evidentiary hearing, the PR Supreme Court decided the case in a intrajurisdictional certification in April of 2014. In the Doral v. ELA case, the complaint was filed in July of 2014, the case went three times to the Supreme Court for intrajurisdictional appeal, which was not granted, the Supreme Court ordered the case to move quickly, went twice in interlocutory appeals to the Appellate Court, there was discovery and a four-day hearing, which Doral won. Defendants’ appealed to the Appellate Court, which overruled the Court of First Instance on February 25, 2015 and the Supreme Court of PR denied certiorari on February 27, 2015. As we can see, the Courts in PR can move very quickly indeed.

 

There is, however, a $400 million issue by the Highway Authority in 2013 and a $3.5 billion issue of GO’s that are governed by NY law and to which NY courts will have jurisdiction as per bond documents. The bond documents, however, do not require that the cases be filed in NY and gives the parties the flexibility to file in San Juan. Also, the same situation of simply interpreting legal documents applies to these two bond issues. Moreover, if bondholders have cases in Federal District Court in PR and NY, any party may seek for the Judicial Panel for Multidistrict Litigation to consolidate for discovery, etc., the cases in one Court. If the cases are pending in Federal and State or Commonwealth Court, this cannot occur, however. Nevertheless, I have no doubt that NY Federal or Supreme Court’s would decide the issues in these cases in a very swift manner as their counterparts in PR have done.