Camara de Representantes de PR

Investors Beware: Bonds and Amending the Constitution

Today, three PPD (Manuel Natal, Luis Vega & Luis Torres) members of the Puerto Rico House of Representatives announced that tomorrow, they will be filing a Joint Resolution to consult the People of the Island whether to amend the Constitution “to permit the renegotiation of the Government’s debt and of the public corporations recognizing the importance that it does not impair or subordinate to it other socioeconomic development priorities of our people. Among these priorities are: the financing of cheaper energy; cheaper drinking water, strategic investment in infrastructure that encourages private investment and job creation; schools with teachers and materials that students need; special education programs; and better and more far reaching health services for the whole island.”

Natal Alvelo reminded us that PC 2003, which he wrote, seeks a 4-year moratorium on debt service, extendable for 3 additional years. In addition, PC 2314, also of Natal Alvelo’s authorship, calls for the creation of a Special Independent Commission to review all debt issues to determine which are legal and which are illegal. The illegal debt would be rejected. Witch hunt anyone?

At this time, we do not know how much support this Constitutional Amendment or the abovementioned measures have. Suffice it to say that if approved, they are tantamount to Puerto Rico rejecting its General Obligation debt, at least temporarily. Fortunately, Article VII of the Puerto Rico Constitution requires that the Joint Resolution be approved by 2/3’s of the legislative assembly in order for it to be put to popular vote, which would need to be held with the general election, unless ¾ of the legislature so approved it, which then could be at any time. Since the PPD has only a 3-vote majority in the House, it is unlikely it will be approved.

Even if this amendment was approved by the electorate, it would be subject to challenge in federal court for impairment of contractual obligations, see, United Auto., Aerospace, Agr. Implement Workers of America Intern. Union v. Fortuño, 633 F.3d 37 (1st Cir. 2011), and Romer v. Evans, 517 U.S. 620 (1996) (state constitution is not free from federal scrutiny).

As to PC 2003 and PC 2314, they were filed in 2014 and have not been moved in the House. This does not mean, as we saw with the Recovery Act, that they could not be approved, if need be, in one day. Investors need to monitor the situation closely.

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Más Leyes Inservibles

Nuestros fabulosos legisladores vuelven a la carga.

Hoy, Urayoan Hernández Alvarado propuso un programa donde todo automóvil vendido en PR tendría un dispositivo para el rastreo del mismo de ser hurtado. Algo así como un LoJack, que es un servicio privado por el cual uno paga. Suena fabuloso, pero al ser compulsorio, este programa choca con la decisión del SCOTUS en U.S. v. Jones, 132 S. Ct. 949 (2012). En este caso, la policía de Washington DC y el FBI pidieron una orden para poner un GPS en el automóvil del Sr. Jones pero no lo hizo hasta que la misma expiró. No reanudo su petición pero el GPS grabó los movimientos del vehículo por 28 días. Esta documentación fue usado por fiscalía federal para enjuiciar al Sr. Jones. El caso llegó al SCOTUS quien unánimemente decidió que dadas las circunstancias, fue recolectada en violación de la 4ta Enmienda a la Constitución Federal ya que no había mediado una orden válida para el rastreo.

Este caso ha sido utilizado para determinar que no son válidos registros sin orden bajo las excepciones de Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968) tales como circunstancias especiales o causa probable, ver, U.S. v. Katzin, de octubre de 2013 del Tercer Circuito. Otros casos que discuten la privacidad en la era digital, ver, City of Ontario v. Quon, 130 S. Ct. 2619 (2010); Safford Unified School Dist. No. 1 v. Redding, 557 U.S. 364 (2009) y U.S. v. Wurie, 728 F.3d 1 (1st Cir. 2013), este ultimo pendiente de revisión por el SCOTUS.

Legisladores, antes de proponer legislación, oriéntense por el amor de Dios. Para algo tienen asesores pagos por el Pueblo.

Fin de Mes, Nueva Advertencia de Moody’s

El jueves 27 de febrero de 2014, el Senado de P.R. aprobó el PC 1696 para la emisión de $3,500,000,000 en bonos de obligación general de P.R. El mismo tiene que regresar a la Cámara ya que el lenguaje de renuncia a la inmunidad soberana y sumisión a tribunales de NY fue modificada. Al día siguiente, Moody’s emitió  una clasificación provisional de Ba2 con perspectiva negativa. Para que entiendan lo que esto quiere decir, los bonos de obligación general de PR están clasificados Ba1, ya chatarra. La clasificación de los nuevos bonos es un escalafón más BAJO que el que tienen las obligaciones generales anteriores.

Moodys indica que no es probable que esta clasificación se mejore en el futuro cercano. Indica además que la misma podría bajar si ocurren alguna de las siguientes:

No conseguir suficientes fondos en la emisión para proveer liquidez adecuada a para el 2015;

Inclusión en la transacción de términos opresivos;

Indicación de que el ELA esta activamente considerando reestructuración de la deuda u otras estrategias adversas a los bonistas;

Evidencia de debilidad adicional de la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento;

Que continúe la debilidad económica resultando en baja en los recaudos y aceleración de la emigración de los residentes.

¿Que quiere decir todo esto? Sencillo, Moodys cree que la nueva emisión de bonos tiene más probabilidades de no ser pagada y si algunas de las condiciones que menciona se dan, y probablemente todas se den, la clasificación bajará. Esta determinación puede aumentar la tasa de interés de la emisión o en el instrumento o en “recorte” de la misma. El recorte lo que quiere decir es que, como nos anunció el Senador Nadal Power, emitimos $3,500,000,000 y pagamos por esa cantidad PERO recibimos $2,700,000,000 o menos. Tremendo negocio para luego en el 2015 tener que admitir que no podemos pagar.