Corte Federal

DECLARACION DE EMERGENCIA DE TRUMP

 

Donald Trump dijo el 14 de febrero que iba a hacer una declaración de emergencia. Hay muchos comentarios en las redes sociales de lo que puede o no puede hacer el Presidente. Aquí trataré de darles un sentido sobre los poderes del Presidente.

Todos imaginamos que la declaración de emergencia tiene que ver con la construcción del muro en la frontera con México y ya en el pasado ha dicho que va a utilizar fondos de recuperación de California y Puerto Rico y para la construcción de vivienda militar. ¿Puede el Presidente hacer esto? ¿Qué tiene que hacer?

El Presidente tiene poderes inherentes para declarar emergencias pero modernamente se hace a base de estatus. El National Emergencies Act, 50 U.S.C. § 1601, et seq., regula las declaraciones de emergencia. La sección 1621(a) establece que “[w]ith respect to Acts of Congress authorizing the exercise, during the period of a national emergency, of any special or extraordinary power, the President is authorized to declare such national emergency. Such proclamation shall immediately be transmitted to the Congress and published in the Federal Register.“ La emergencia termina al año de ser declarada a menos que se renueve la declaración por un año más. La sección 1622 establece también que una resolución conjunta del Congreso, con la aprobación del Presidente, terminaría la emergencia. En otras palabras, el Senador republicano tendría que estar de acuerdo con la Cámara Demócrata para ello y el Presidente también tendría que aprobarlo. Si no, el Congreso tendría que ir por encima del veto del Presidente. No sería fácil.

El National Emergencies Act no define lo que es una emergencia. El Congressional Research Service en el 2007 publicó un informe al Congreso titulado National Emergency Powers. A la página CRS-4, dijo:

An eminent constitutional scholar, the late Edward S. Corwin, explained emergency conditions as being those “which have not attained enough of stability or recurrency to admit of their being dealt with according to rule.” During congressional committee hearings on emergency powers in 1973, a political scientist described an emergency in the following terms: “It denotes the existence of conditions of varying nature, intensity and duration, which are perceived to threaten life or well-being beyond tolerable limits.” Corwin also indicated it “connotes the existence of conditions suddenly intensifying the degree of existing danger to life or well-being beyond that which is accepted as normal.” (notas al calce omitidas)

Según el Brennan Center for Justice, nada conservador, identificó 136 bases para el poder del Presidente para declarar emergencias, incluyendo dos directamente relacionados al muro.  Estos son el 33 U.S.C. § 2293 y 10 U.S.C. § 2808. El primero dice;

(a)Termination or deferment of civil works projects; application of resources to national defense projects

In the event of a declaration of war or a declaration by the President of a national emergency in accordance with the National Emergencies Act [50 U.S.C. 1601 et seq.] that requires or may require use of the Armed Forces, the Secretary, without regard to any other provision of law, may (1) terminate or defer the construction, operation, maintenance, or repair of any Department of the Army civil works project that he deems not essential to the national defense, and (2) apply the resources of the Department of the Army’s civil works program, including funds, personnel, and equipment, to construct or assist in the construction, operation, maintenance, and repair of authorized civil works, militar construction, and civil defense projects that are essential to the national defense.

El segundo dice:

(a)

In the event of a declaration of war or the declaration by the President of a national emergency in accordance with the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) that requires use of the armed forces, the Secretary of Defense, without regard to any other provision of law, may undertake militar construction projects, and may authorize the Secretaries of the militar departments to undertake militar construction projects, not otherwise authorized by law that are necessary to support such use of the armed forces. Such projects may be undertaken only within the total amount of funds that have been appropriated for militar construction, including funds appropriated for family housing, that have not been obligated.

Obviamente, esto tendría que ver con fondos que van al Corps of Engineers para hacer mejoras en Puerto Rico. Pero además el Presidente y su gente puede identificar otras bases estatutarias. Veremos.

No existe casos sobre esta ley que impacten lo que podría pasar.  En Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952), el SCOTUS detuvo acciones del Presidente Truman para detener una huelga en la industria del acero. Sin embargo, el SCOTUS se basó en la inexistencia de ley para justificar lo que hizo.  Aquí tenemos más de cien leyes sobre el asunto.

Irrespectivo de lo antes dicho, si el Presidente redirige fondos para California y Puerto Rico, estos irán al Tribunal para detenerlo. California es parte del 9no Circuito y Puerto Rico el 1er Circuito. Si los estados ganan, es usual el que se detenga la ejecución del injunction hasta la apelación pero si no ocurre, el Presidente usualmente va al SCOTUS, que puede detenerlo. Además, si los Circuitos estuviesen en conflicto, uno a favor del Presidente y otro en contra, el SCOTUS intervendría y usualmente el Presidente gana. Usualmente. Pero California y Puerto Rico tienen que ir al Tribunal y ya el Gobernador Rosselló señaló que llevará al Presidente al Tribunal. Good for him.

Si Trump toma esta acción, definitivamente estaría poniendo en tela de juicio nuestra democracia y espero que pierda. Aún si pierde, esto puede obligar a la Cámara a comenzar el proceso de residenciamiento. Esta situación es bien seria y no va a acabar bien. Manténganse al tanto.

 

 

Advertisements

LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.

SI SOY MUDO EXPLOTO

 

Como dice el viejo dicho, si soy mudo exploto.

 

 

La propaganda barata del Gobierno me tiene hasta la coronilla. El jueves pasado, la Juez Swain le denegó un préstamo con garantía de $1 billón del ELA para la AEE. Indicó que no se había pasado prueba de la necesidad de esa cantidad ni la legalidad de la transacción. La juez si indicó que estaría dispuesta a aprobar un préstamo de hasta $300 millones con una súper prioridad administrativa. Ni cortos ni perezosos, la Junta y AAFAF radicaron a las 4:21 de la madrugada del viernes la petición para ese préstamo. La Juez indicó ese mismo día que los que se opusieran al préstamo tenían que hacerlo no más tarde del sábado a las 7 pm hora de PR. De no ninguna parte solicitar vista, decidiría sin ella y de ser necesario, la vería el martes 20 a las 10:30 am.

 

A pesar de esta buena noticia, la AEE insiste en comenzar a racionar la producción de electricidad, asustando al Pueblo con nuevos apagones. Algo totalmente innecesario como explico a continuación.

 

En los documentos radicados por la Junta y AAFAF para el préstamo original, estos dijeron que el ELA puede prestarle a la AEE sin permiso del Tribunal. Efectivamente, la sección 364(c-e) de Quiebras solo requiere permiso del Tribunal si se va a imponer un gravamen. Además, de la vista trascendió, que corporaciones públicas de PR le deben a la AEE $233 millones y el ELA puede prestarles ese dinero para que paguen su deuda. Por ende, no existe necesidad de comenzar a racionar la electricidad como indicó la AEE que iba a hacer. ¿Por qué lo están haciendo entonces? Un burdo intento de presionar no solo a la Juez Swain si no al Tesoro para que le preste dinero que fue aprobado por el Congreso y así poder politiquear con el cómo hacen todos los gobiernos de PR. Deleznable.

 

Otra cosa que me tiene por el techo es la defensa a ultranza de los twitteros del Gobierno de las personas en el Chat de WhatsApp del Juez Ramos. Seamos realistas, el Juez Ramos estaba en funciones oficiales y no como oficial del PNP en las elecciones. Por ende, sus actuaciones podrían ser delito. Y si sus actuaciones pudieran ser delito, los envueltos en el grupo de Chat podrían ser co-conspiradores en ese(os) delitos. Además, si el Juez Ramos violó la ética judicial, y aparentemente la Juez Presidente así lo cree, los abogados envueltos en ese chat a su vez podrían haber faltado a la ética profesional y de ser así, ser sancionados por el Tribunal Supremo. NO es excusa que nada hayan dicho, que sepamos. Si no querían estar en ese chat, se podían salir del mismo, todos lo hacemos a diario cuando nos incluyen en uno que no queremos estar y esto era algo serio que afecta sus actuaciones profesionales. No es algo que se pueda obviar.

 

 

 

¿Qué piensa hacer el líder sobre esto? Al fin y al cabo, todo se refleja en él.