Deuda

LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.

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La Ñoñería de la Auditoría de la Deuda

EL IMPAGO DEL 1RO DE JULIO DE 2016

 

 

Ayer el Gobernador Alejandro García Padilla, un día después de que entrara en vigor PROMESA, y en contubernio con el Tesoro Federal y el Presidente Obama, incumplió con el pago de la deuda garantizada por la Constitución de más de $800 millones Esto no fue coincidencia. En muchas ocasiones he mencionado que la pugna del pago de la deuda de PR es solo la punta de lanza de la pugna mayor en USA sobre la santidad de estos bonos que tiene grandes repercusiones en esos bastiones demócratas como Illinois, California y New York.

 

Al impagar esta partida antes considerada sacrosanta y protegida por la Constitución de PR , el Gobernador no solo incumple su juramento de proteger y defender la Constitución, si no que aleja aún más a bonistas futuros de la isla. Lo hizo bajo la teoría de que no se puede demandar a PR durante el “stay” provisto por PROMESA (sección 405). Pero como nos tiene acostumbrado, el Gobernador malentiende el “stay”. Ciertamente no se puede demandar a PR en cobro de dinero durante el “stay”, pero el mismo expira el 15 de febrero de 2017, y es prorrogable hasta un máximo de 75 días adicionales, o sea, mayo de 2017 (sección 405(d)). Además, el “stay” se puede levantar el mismo “after notice and hearing” y “for cause shown” (sección 405(e)).

 

En adición, los bonistas de GO’s pueden acudir al Tribunal en sentencia declaratoria solicitando que se declare que la acción de Gobernador viola la Constitución, viola el 11 U.S.C. § 903 (la usada por los Tribunales para anular la quiebra criolla) sin pedir cobro de dinero o en su defecto, solicitar este remedio al mismo tiempo que solicitan que se levante el “stay”. Más aún, hay que recordar que la sección 405(k) de PROMESA indica que “[t[his section does not discharge an obligation of the Government of Puerto Rico or release, invalidate, or impair any security interest or lien securing such obligation.” Finalmente, la sección 405(l) nos dice:

 

Nothing in this section shall be construed to prohibit the Government of Puerto Rico from making any payment on any Liability when such payment becomes due during the term of the stay, and to the extent the Oversight Board, in its sole discretion, determines it is feasible, the Government of Puerto Rico shall make interest payments on outstanding indebtedness when such payments become due during the length of the stay.

 

En otras palabras, las acciones del Gobernador no necesariamente van a estar protegidas por PROMESA. Veremos, pues, lo que pase.