Doral Bank

DORAL QUESTIONS THE APPLICABILITY OF LAW 66

On Wednesday, December 31, both Doral and the government filed their respective appeals. Some may ask why is Doral Appealing? The bank seeks additional factual determinations of fact and the imposition of attorney’s fees on the Government for a baseless defense. But the real reason is another. Again, Doral’s legal representation has made an intelligent move by saying:

The additional facts are essential for the imposition of attorney’s fees and to prevent future litigation that the State faced with its defeat in court has already raised. For example, the State already hollers its attempt to apply Article 28 of Law 66-2014 in order not to comply with the installment payments established in the 2012 Agreement. [See pg. 175 of this Report ]. This although it is not an obligation imposed by a Judgment but by a contract that was illegally left without effect. (Translation ours. Emphasis in the original, page 9 of Doral’s Appeal )

Law 66, is known as the “Special Operations Fiscal Sustainability Act and Government of Puerto Rico”  allows the Government when the obligations is a judgment that is to be satisfied, and exceeds $28 million, to pay instead a maximum of $3 million per year. That way, the Government, as Doral points out, would take 76 years (in reality it is 76.6) in paying it

As Doral says, the law is probably unconstitutional under both constitutions ( my analysis on the constitutionality of the law) Doral argues that since the Government never argued the applicability of Law 66 to the litigation, it waived this allegation since affirmative defenses that are not raised in the answer to the complaint are waived (except for jurisdictional ones, of which this is not one). In the alternative, Doral argues that since the judgment is of a declaratory nature, it does not alter the contractual nature of the 2012 final agreement, which was when the obligation was created and hence, Law 66 is inapplicable. What Doral actually is doing is inviting the Appellate Court to prevent having to deal with a constitutional discussion in the future about Law 66 in the future. Doral quotes Brau v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 190 D.P.R. 315, 337 (2014) “courts must make an effort to come to congruent and compatible that advance the constitutionality of . . . the laws” in support of its invitation to avoid the future constitutional controversy. Excellent presentation and it may very well succeed.

All this is important for the Government’s game is delay, delay delay, in the hope of the FDIC liquidating Doral, more than in winning the case. Since the FDIC and the American taxpayer would collect the proceeds of the contract (more about this later), and the Government knows this; there must be some interest of its “dearest friends” in the liquidation of Doral. We will see what happens.

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DORAL YA CUESTIONA LA APLICACION DE LEY 66

El miércoles 31 de diciembre, Doral y el gobierno radicaron sus respectivas apelaciones. Algunos podrán preguntarse ¿por qué Doral apela? El banco solicita determinaciones de hecho adicionales y que se le impongan honorarios de abogado al Gobierno por defender un caso temerario. Pero la verdadera razón es otra. Nuevamente la representación legal de Doral hace una movida inteligente al decir así:

Estos hechos adicionales son esenciales para la imposición de honorarios de abogados y para evitar litigios futuros que ya el Estado ha levantado ante su derrota en los tribunales. Por ejemplo, el Estado ya vocifera su intento de aplicar el Artículo 28 de la Ley 66-2014 para no cumplir con los pagos a plazos dispuestos en el Acuerdo de 2012 [ver pág. 175 de este informe ] . Esto, a pesar de que no se trata de una obligación impuesta por una Sentencia sino de un contrato que fue ilegalmente dejado sin efecto. (Énfasis en el original, página 9 del alegato de Doral)

La Ley 66, conocida como la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, permite al Gobierno cuando la obligación de una sentencia que esta por cobrarse y excede de $28 millones, el pagar un máximo de $3 millones al año. Así, el Gobierno, como bien alega Doral, se tardaría 76 años (en realidad 76.6 años) en pagarla.

Como intima Doral, la ley probablemente es inconstitucional bajo ambas constituciones ( mi análisis sobre la Ley 66) Doral argumenta que como el Gobierno nunca argumentó al aplicabilidad de la Ley 66 al pleito, renunció a esta alegación, ya que las defensas afirmativas que no se levantan en la contestación a la demanda se renuncian (excepto las jurisdiccionales, de las cuales esta no es una). En la alternativa, Doral argumenta que como la sentencia declaratoria no altera el carácter contractual del acuerdo final de 2012, que es cuando se crea la obligación y por ende no le aplica la Ley 66. En realidad lo que hace Doral es invitar al Tribunal Apelativo a evitar tener que entrar en una futura disquisición constitucional sobre la Ley 66. Doral cita a Brau v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 190 D.P.R. 315, 337 (2014) “[L]os tribunales deben esforzarse por lograr interpretaciones congruentes y compatibles que adelanten la constitucionalidad de . . . las leyes” en apoyo a su invitación de evitar la futura controversia constitucional. Excelente presentación y puede muy bien prosperar.

Todo esto es importante por que el juego del Gobierno es retrasar, retrasar, retrasar, mucho más que ganar su caso, con la esperanza de que el FDIC liquide a Doral. Ya que el FDIC y el contribuyente estadounidense serían los que cobrarían el crédito (más sobre esto pronto) y el Gobierno lo sabe, tiene que haber un interés de los “amigos del alma” en liquidar a Doral. Veremos que más ocurre.

con la esperanza de que el FDIC liquide a Doral. Ya que el FDIC y el contribuyente estadounidense serían los que cobrarían el crédito (más sobre esto pronto) y el Gobierno lo sabe, tiene que haber un interés de los “amigos del alma” en liquidar a Doral. Veremos que más ocurre.

Doral Demanda a la Cámara

Hoy Doral demandó  a la Cámara de Representantes en Sentencia Declaratoria pidiendo que declare que la Cámara no tiene jurisdicción para solicitar lo que solicita o que en la alternativa, la limite a lo indicado en la RC 1071. La demanda es corta y sin duda el Gobierno la opondrá vigorosamente.

El poder de la Legislatura es bien amplio pero por el otro lado, el caso esta sometido al Tribunal y la intención política de hacerle daño a Doral es claro. Estamos ante un asunto constitucional complicado y con pocos precedentes. Como indique, el poder de la Legislatura de investigar es amplio pero se reclaman muchos privilegios en la demanda y no hemos tenido estos conflictos desde la investigación del Cerro Maravilla.

No puedo opinar sobre quien tiene la razón hasta que no se radiquen las mociones de desestimación y las correspondientes oposiciones. Si puedo decir que los representantes legales de Doral en este caso son diferentes al caso del reintegro, pero son competentes. Seguiremos informando a medida que los documentos se radiquen.