Equality

Et tu, Ricky y José? Versión Español

Et tu, Ricky y José?

*Traducción al Español de la columna de Caribbean Business del 20 de diciembre, 2017.

 

La mayoría de los puertorriqueños conocen de los “casos insulares”, una serie de decisiones del SCOTUS que dicen que el Congreso puede hacer con Puerto Rico como desee dado su estatus de territorio, excepto de privarlos de derechos fundamentales. La más conocida de estas decisiones fue la de 1901 Downes v. Bidwell, la cual está ahora en el centro de la teoría legal usada por la administración Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal para defender PROMESA contra reclamaciones de acreedores y la Utier que el nombramiento de los miembros de la Junta viola el Appointments Clause de la Constitución Federal.

 

Todas las partes envueltas en la litigación del Appointments Clause concurren en un punto:  El único issue en la litigación es si, como los demandantes reclaman, el presidente debió haber tenido mano libre para nombrar los miembros de la Junta sujeto a la confirmación del Senado, o si los incumbentes, que fueron en realidad escogidos por 4 miembros del Congreso debieran permanecer en sus posiciones y no tener que ir al Senado para su confirmación. Ni Aurelius ni la  Utier quieren revocar PROMESA o cambiar algunas de sus secciones excepto como se nombran los miembros de la Junta y aún en esta área solo sugieren cirugía menor.

 

La decisión de  Downes v. Bidwell no es simplemente una decisión del SCOTUS de principios del siglo pasado, es el pináculo de un momento en la historia legal de los U.S. que nos provee una imagen perfecta del pasado de nuestra nación enraizada en el racismo y el colonialismo. Pongámoslo en su contexto histórico, Downes, fue escrito por la misma Corte que sostuvo la segregación racial in Plessy v. Ferguson. El caso dice que “if the conquered are a fierce, savage, and restless people, [Congress] may […] govern them with a tighter rein, so as to curb their ‘impetuosity, and to keep them under subjection.’”  [1]La decisión le da al Congreso el derecho a crear tales organizaciones “it may deem best,” [2]y “to deprive such territory of representative government if it is considered just to do so, and to change such local governments at discretion.”[3]

 

Además, al citar Downes como precedente para apoyar la Junta como “buena ley”, el Gobierno de Puerto Rico está aceptando que la ciudadanía de U.S. de los nacidos en Puerto Rico no está protegida por la Constitución, y se les ve fundamentalmente como ciudadanos de segunda clase.  La decisión de Downes dice que la 14ava Enmienda contiene una “limitation to persons born or naturalized in the United States which is not extended to persons born in any place,” con los Puertorriqueños excluidos de la protección de la protección de la 14ava Amendment por esta limitación.

 

Downes ha sido citado por el Gobernador Rosselló y su administración, al igual que por la Junta, en su oposición al reto constitucional de Aurelius y la Utier al nombramiento de la Junta.

 

Yo puedo entender porque la Junta cita a Downes en su argumento legal ya que sus miembros harán cualquier cosa para justificar su continuada existencia. Pero lo que me deprime es ver al Gobierno Ricardo Rosselló, a quien siempre había considerado el portaestandarte del movimiento Estadista, invocar la decisión judicial más despreciable en la historia del estatus de Puerto Rico.

 

Para colmo de males, tenemos que forzosamente concluir que el Presidente de la Junta, el Sr. José Carrión III, supuesto proponente de la estadidad, haya aceptado el usar a Downes esa moción. Al hacerlo, Carrión da su apoyo a una doctrina legal racista que reclama que los Puertorriqueños son inferiores y ciudadanos de segunda clase para apoyar su nombramiento a la Junta. Vergüenza debería darle.

 

Como abogado practicante en el Tribunal Federal y estadistas el invocar a Downes  es preocupante; sin embargo, lo que lo hace más difícil de aceptar es que es innecesario invocar los casos insulares para oponer el desafío de Aurelius/Utier.  Aurelius no menciona estos casos en brief. El Gobernador Rosselló pudo haber rechazado Downes y argumentado que Puerto Rico es un territorio incorporado, al cual no le aplica Downes, como decidió el Juez Gelpí en Consejo de Salud de Playa de Ponce v. Rullan. De esta manera, Puerto Rico podía continuar argumentando la legitimidad de la Junta pero sin el discrimen inherente que permite la decisión de Downes. Así que el Gobierno de Puerto Rico está cuestionando su propia autonomía y al hacerlo refuerza la idea de que la Junta debe tener poder sobre todos los Puertorriqueños en vez del gobierno que eligieron.

 

Más aún, la moción del Gobierno apoya la ridícula idea de que la Junta es meramente una entidad “territorial”-y no federal. Como todos nosotros en Puerto Rico sabemos, esto es risible.  La realidad es que la Junta tiene poderes extensos sobre el Gobierno de Puerto Rico que ninguna agencia local tiene; de hecho, ni el Gobernadores ni la Legislatura pueden “exercise any control, supervision, oversight, or review over the Oversight Board or its activities,” [4]as Sec. 108(a)(1) of PROMESA states. Puerto Rico carece de medios de que la Junta le rinda cuentas de sus decisiones.

 

Peor aún, si la Juez Swain decidiera a favor de la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, este con podría luego cuestionar Downes case y los casos insulares nacidos de la era del racismo y el discrimen.

 

¿Por qué? La doctrina de “judicial estoppel,” que indica que si una parte argumenta un punto y recibe tratamiento favorable de la Corte sobre ese issue, está impedida de subsiguientemente argumentar lo contrario. ¿Como podría Puerto Rico luego cuestionar esta doctrina racista si cita su caso principal con aprobación?

 

¿Es la consecuencia no deseada de que el Gobernador Rosselló ayude a  José Carrión III ha deshecho más de 50 años de lucha por la igualdad y la estadidad para proteger la Junta y por razones que no son ni necesarias? to protect the Board, and for reasons that are not even necessary.

 

Y todo por la quiebra de Título III del ELA. ¿Es en los ojos de la Junta y del Gobernador Rosselló es mejor tener 100 años más de colonialismo y discrimen para colonialismo y discrimen que pagar las deudas de la isla. Este es el “unkindest cut of all.” ¿Et tu, Ricky y José?

 

[1] “Si los conquistados son un pueblo feroz, salvaje e inquieto, [el Congreso] puede […] gobernarlos con una rienda más fuerte, para frenar su ‘impetuosidad y mantenerlos bajo sujeción'”.

[2] “Puede considerar mejor”

[3] “Privar a ese territorio del gobierno representativo si se considera que lo hace, y cambiar a discreción a los gobiernos locales”.

[4] “Ejercer cualquier control, supervisión, supervisión o revisión sobre la Junta de Supervisión o sus actividades”

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The Road to Hell is Paved with Good Intentions

 

Lin Manuel Miranda's 100 Miles Across

Lin Manuel Miranda’s 100 Miles Across

On Last Week With John Oliver last night, Lin Manuel Miranda and John Oliver made an impassioned plead in favor of Congressional help to Puerto Rico. Since I am not a fan of musical theater, my wife, who would give a kidney for tickets to Hamilton, had to explain who Lin Manuel was, I saw the video and recognize his incredible talent.  It is clear that they both are sincere in their plead for the island. It is also clear that they do not have all the information on the PR Debt Crisis.

 

The bad guys in their narrative are the hedge funds or as they call them, vulture funds. These are funds that go into distressed businesses or municipalities and buy their bonds at a discount. In the case, for example, of the Puerto Rico Government Development Bank bonds, they are selling at around 18 cents on the dollar. This is equivalent of a 34% interest rate. Of course, PR will likely default on them on May 1.

 

Hedge funds come in all colors and sizes. Some want to be paid 100 cents on the dollar, others are willing to take a haircut (a cut in the price and hence the interest rate paid) because they would still make money. For example, in the PR Power Electric Company’s deal, where bondholders are taking haircuts, there are hedge funds. Hence, to say they are the enemy is disingenuous.

 

Another misconception is Chapter 9. If you hear Mr. Miranda or Mr. Oliver, it seems the panacea to all of the island’s problems. However, Chapter 9 DOES NOT APPLY to the Government of Puerto Rico or to ANY state government. It applies to MUNICIPALITIES, which is defined as the more common cities of a state or its political subdivisions. In Puerto Rico’s case, much of the debt was issued by political subdivisions. Still, Chapter 9 does not provide much relief as I further explain.

 

According to the Government Development Bank Quarterly Report dated May 7, 2015, PR’s GO debts total $23.804 billion. PR’s GO’s have the protection of the island’s constitution which requires that in case of a lack of funds in the budget, they be paid before anything else. See, Article VI, section 8 of the Constitution. That leaves us with $48.400 billion as potentially subject to Chapter 9. However, 11 U.S.C. § 109(c) requires that state law specifically allow a municipality or public corporation to file for Chapter 9 protection. If Law 71-2014, the Recovery Act, is any indication of the legislature’s intent, municipalities, the GBD and its subsidiaries, the Fideicomiso de Niños, the Commonwealth’s Retirement System and its instrumentalities, the Judicial Retirement Fund, the Agency for Municipal Financing, AFI, COFINA, the Teacher’s Retirement Fund, and others were excluded from filing for its protection. Therefore, one can conclude that the legislature would not allow them to file for Chapter 9 protection. If one excludes these parties bonds, one is left with only $24.914 billion that could file for Chapter 9 protection, leaving $47.290 unprotected. See pages 56 and 64 of Government Development Bank Quarterly Report dated May 7, 2015.

 

Moreover, 11 USC § 109(c) requires that a municipality be insolvent in order to file for Chapter 9 protection. But COFINA is not insolvent. Hence, even if PR law allowed it to file, it could not. In addition, § 109(c) requires that the parties negotiate in good faith. Ms. Melba Acosta, head of the Government Development Bank testified in a case in February 2016 in Federal Court where WalMart was challenging a PR tax and admitted, under oath, that the FIRST time PR had met with its creditors was January 29, 2016. Hence, this good faith negotiation has not yet been met.

 

These and other reasons are why PR is pushing for a Super Chapter 9 where it would restructure all of its debt. That, however, has a snowball’s chance in hell of being approved since no STATE can do this and would be a terrible precedent for General Obligation bondholders. If Congress gives this to a territory, why would it not provide it to the states? And the 10th Amendment would not be a bar since it would mirror Chapter 9 by making it a state decision to take advantage of the law.

 

Another inaccuracy is the mention of firing teachers as a hedge funds idea. Happens to be that it is part of the Government of Puerto Rico’s Krueger report, which in typical IMF fashion, favors wholesale firing of employees and lowering of minimum wage. AGAIN, THIS IS NOT HEDGE FUNDS’ IDEAS BUT RATHER AN OFFICIAL GOVERNMENT REPORT. As to the hospital that had its electricity disconnected, there is no mention that the lack of government payments was what forced the default. PR’s Government claims it cannot pay its bond debt, but it is not paying its suppliers to the tune of $2 billion. In addition, there is no mention of the fact that the last 4 administrations have more than doubled the debt in order to finance its budgetary deficits or that the island has 120 public agencies. Nevertheless, Puerto Rico has been able to pay TENS OF  MILLIONS  to their restructuring advisors and spin-doctors without complain.  See:  Professional Services Contracts for the Government Development Bank 1/1/2013-4/26/2016 (And this is just for the Government Development Bank, does not include the TENS OF MILLIONS already spent over at PREPA, PRASA, and other agencies)

Finally, and more importantly, the fact is that the PR economy has not grown in quite a while. Without economic development, PR cannot pay its debt. At the center of this morass is the status, which Mr. Miranda seems to want to ignore. Interestingly, since the 1930’s Luis Muñoz Marín proclaimed that the status was not the issue but rather improving the economy. More than 70 years later the economy is worse than ever. The status IS the issue.

 

Puerto Rico is in dire problems, yes, and help is needed, yes, but as Sergeant Joe Friday used to say, “just the facts, just the facts.”

 

You can also read on my blog:  CHAPTER 9 DOES NOT RESOLVE PUERTO RICO’S PROBLEMS

 

Previous Last Week With John Oliver where he mentioned Puerto Rico

La Estadidad y la Igualdad Requieren Acción

La Estadidad y la Igualdad Requieren Acción

 

En noviembre de 2012, el Pueblo de PR votó en contra del ELA como existe. El 24 de diciembre de 2015, el Gobierno de Obama radicó un escrito de amigo de la Corte donde claramente dice que PR es un territorio y nada cambió en 1950-52. El Comisionado Residente celebró, con razón, esta posición y el Gobernador con sus acostumbradas cantinfladas, culpa al Solicitor General Verrilli como si el hiciera algo sin la aprobación de su jefe, el Presidente Obama.

 

Esta es una oportunidad sin igual para reseñar que el ELA no es lo que nos vendieron en 1952, es un territorio sin poderes y peor aún, una colonia que es responsable de nuestro atraso económico. Esa oportunidad probablemente llegue en o antes de junio de 2016 mediante una decisión del SCOTUS.

 

El momento llegó para que el PNP deje de ser un partido colonialista y sea lo que su fundador, Luis A. Ferré quiso: el motor del cambio hacia la estadidad. No usemos la decisión futura del SCOTUS como una herramienta de ganar elecciones. Úsenla para traer el cambio que tanto necesitamos. La lucha que se avecina puede ser estadidad v. soberanía. Hay que desenmascararla como lo que es, un tipo de independencia. No hagan como se hizo con el informe del GAO sobre la estadidad, absolutamente nada. Hay que entender que un animal herido y moribundo es más peligroso que uno saludable. Hay que rematar al ELA sin piedad. Dejemos los intereses mezquinos a un lado. La estadidad y la igualdad requieren acción decisiva.

 

“All that evil needs to triumph is for good men to do nothing. “~ Sir Edmund Burke.