Financial Control Board

LA AGENDA MAS IMPORTANTE DE LA GOBERNADORA

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La Gobernadora tiene mucho taller ante sí. Pero sobre los dos asuntos más apremiantes, la Junta y la corrupción, nada ha dicho. Ambos asuntos son de lapidaria importancia, como diría mi apreciado profesor, Don Herminio Brau (QEPD).

 

El asunto de la Junta es multi-temática. ¿Continuará la Gobernadora la actitud de conflicto y desafío continuo a la Junta o tratará de ser más conciliatoria? ¿Que va a hacer sobre las pensiones, los bonos y la venta de la AEE? Definitivamente la Gobernadora no puede continuar con la política de confrontación abierta con la Junta de la Administración de Rosselló. Muchos de los cambios que propone la Junta son necesarios pero anatema a la clase política, como la reducción de pensiones y los bonos de navidad. Pero la confrontación a nada lleva ya que con excepción de la victoria sobre Zamot, la administración ha perdido todas las demás batallas.

 

Tampoco puede unirse al esfuerzo de la Junta de destruir a los bonistas de obligación general. Aún si PR gana ese enfrentamiento, el mal sabor que esto dejará sobre los inversores retrasará cualquier regreso al mercado con intereses razonables, uno de los dos requisitos para la salida de la Junta. Hay que mirar al futuro y no a la próxima elección como fue la visión de Rosselló. Un acuerdo similar al de COFINA para los bonistas de obligación general ayudaría mucho a la imagen de la isla ante los inversores internacionales. Esto podría llevar a una confrontación con la Junta pero al fin y al cabo, PR es quien tiene que ejecutar el plan de ajuste y va a ser más difícil para la Juez Swain aprobar el mismo si el Gobierno lo objeta. No imposible, pero definitivamente más difícil.

 

Otro asunto atado a lo anterior es el costo de la representación legal del ELA. Peter Friedman y compañía ha hecho un muy buen trabajo PERO a $1,300 la hora. Es tiempo de examinar los costos de abogados y peritos y decidir si firmas locales no pueden hacer el mismo trabajo por una fracción del costo. Lo mismo se puede decir de los peritos de AAFAF. Esto nos lleva a otro asunto. ¿Quien será el director de AAFAF y cual será la actitud de la agencia hacia la deuda? ¿Quien será el representante ante la Junta y cual será su actitud hacia la Junta? Es tiempo de una revisión completa de ambas agencias y de que hacer. PR aumenta ingresos cada mes por encima de lo predicho por la Junta. PR tiene que comenzar a pagar su deuda, cosa que muchos políticos rehúyen hacer. Mientras más paguemos, mejor opinión tendrán de nosotros en los mercados de inversión, a los cuales tendremos que ir, más pronto de lo que muchos pensamos.

 

Por último, la corrupción. En escritos anteriores he señalado que el Depto. de Justicia bajo Wanda Vázquez se hizo de la vista larga sobre señalamientos de corrupción. Si de verdad la Gobernadora quiere demostrar que no es una politiquera, tiene que atajar la corrupción en el Gobierno y eso se hace con arrestos y convicciones. Obviamente se comienza con investigaciones pero la verdadera prueba de un compromiso  con combatir la corrupción es arrestando y consiguiendo convicciones de los que roban del erario público. Solo así se le puede demostrar al Pueblo y al Gobierno Federal, que no hacen falta monitores para velar por su dinero. La bola esta en la cancha de la Gobernadora.  Le deseo el mas sincero éxito en esta difícil labor.

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JULY AND THE COMMONWEALTH PLAN OF ADJUSTMENT

 

 

During the June 12, 2019 Omnibus Hearing, Martin Bienestock informed Judge Swain that the Board would file the Commonwealth Plan of Adjustment. Since the Plan of Adjustment must be consistent with the Fiscal Plan, and the latter requires cuts to pensions, it is likely Governor Rosselló will oppose it. To this we must add that the Board filed an adversary proceeding against the Commonwealth to invalidate law 29-2019, which exempts municipalities from contributing to the pension funds and medical plans. The adversary proceeding also wants the Commonwealth to comply with the reporting requirements throughout PROMESA. The Governor has promised a vigorous defense.

 

Although PROMESA is silent on this issue, an opposition by the Commonwealth to its Plan of Adjustment does not abide well for it. In addition, GO bondholders will oppose since it severely cuts its “secured” credits. Moreover, although the Board sued to invalidate certain PBA and GO bonds, it now wants a stay on that litigation in order to process the Plan of Adjustment. Although this stay only benefits the Board, it is likely Judge Swain will grant it. Moreover,  from the glimpse we got from the Board when it announced its settlement with certain GO and PBA creditors, it seems unsecured creditors of the Commonwealth will receive ~ 9% of their claims. Since the Commonwealth is sitting in over $10 billions in deposits which no one has explained, it is a certainty that there will be myriad of complicated and arcane objections to the Plan of Adjustment even before it is voted upon.

 

We must also consider that the Rosselló Administration is facing close to a dozen investigations by the FBI and the Inspector General. If any of these investigations results in arrests of the administrations close collaborators or key politicians, will this affect the weight of its objections to the Plan of Adjustment? In any event, it seems plausible that the Rosselló administration wishes to postpone any approval of any Plan of Adjustment until after the elections of 2020 so not to receive any negative impact of said plan, including to start paying debt.

 

Moreover, on July 24, 2019, the First Circuit will hear oral arguments on the issue of Board recommendations being put in the Plan of Adjustment as an order and its implications for the budgets. Judge Swain sided with the Board and although I believe she will be upheld, you never know. If she is reversed, this would create havoc for the Plan of Adjustment. Also, on October 15, 2019, the Supreme Court of the United States will hear arguments on the constitutionality of the Board’s appointments. Normally the granting of the Board’s certiorari would weigh heavily on a reversal but the SCOTUS granted cert on ALL petitions. This means that the SCOTUS could determine that the Board was constitutionally appointed, could affirm the First Circuit decision or could decide the Board was unconstitutionally appointed and all of its actions were null and void. That would mean back to square one.

 

What does this all mean? That even if the Plan of Adjustment for the Commonwealth is filed this month, its approval would likely not be soon. There are too many imponderables at the present time.

LA JUNTA RETA AL SENADO

Anoche la Junta de Supervisión Fiscal le mando un reto al Senado de PR al enviarle un racimo de artículos de economía que suman 2,196 páginas sobre porque se tiene que eliminar la Ley 80. Las primeras 35 páginas son como un resumen de la literatura. Esencialmente, la Junta dice, “Aquí tienes politiquero, mira ver que haces con esto.”

El Senado tiene dos opciones, o aprueba la eliminación de la ley 80 o no la aprueba. A mi entender, Thomas Rivera Schatz luego de protestar y quejarse, eventualmente permitirá que se apruebe la eliminación, que es lo que el Gobernador y la Junta quieren. De esa forma, el Gobernador gana una victoria sobre Rivera Schatz y continua su teatro de conflictos victoriosos contra la Junta. Win Win para Rosselló González.

Por el otro lado, Thomas Rivera Schatz podría trancarse y detener la eliminación de la ley 80. ¿Que haría la Junta? La Junta podría decir se acabó el acuerdo, reduzco el presupuesto de la Legislatura, reduzco el presupuesto de PR para eliminar el bono de navidad y los días de vacaciones y enfermedad en el Gobierno. Con la ley 80, podría ir a donde la Juez Swain bajo la sec. 108(a)(2) de PROMESA, que dice:

(a) IN GENERAL.—Neither the Governor nor the Legislature

may—

(1) exercise any control, supervision, oversight, or review over the Oversight Board or its activities; or

(2) enact, implement, or enforce any statute, resolution, policy, or rule that would impair or defeat the purposes of this Act, as determined by the Oversight Board. (negrillas añadido)

Como la Junta ya tiene la literatura para justificar su petición, el peso de la prueba pasaría al opositor de la medida y ahí es donde la cosa se pone interesante; ¿quien tiene standing (legitimación active) para oponer las pretensiones de la Junta? Sabemos que el Gobierno no lo hará ya que llegó a un acuerdo con la Junta. ¿La tendría el Senado como parece indicar Rivera Schatz? Antes de que me mencionen las doctrinas del TSPR, recuerden que esto sería en Corte Federal. En Arizona State Legislature v. Arizona Independent Redistricting Commission, 576 U.S. __ (2015), el SCOTUS delimitó bajo que circunstancias la legislatura estatal tendría standing en Corte Federal. Pero no es la legislatura, es el Senado, así que maybe, maybe not. Además del Senado, no dudo que uniones y otras asociaciones retarán las acciones de la Junta, pero dudo tengan éxito.

 

De ganar la Junta, el Gobernador gana doble, derrota a un potencial opositor, Rivera Schatz, se presenta como la alternativa que menos daño hace a PR y sigue ayudando a la Junta a pasar por la piedra a los bonistas, que obviamente es su empeño. Claro, si pierde la Junta, el también pierde. Por ende, todos los que cacarean que Rosselló y la Junta son lo mismo tienen un argumento válido.

 

Antes de irme, sin embargo, debo señalar que las primeras 35 páginas del racimo de 2,196 claramente dan a entender que la eliminación del bono de navidad y la reducción de días de vacaciones y enfermedad vienen por ahí, probablemente en el próximo año fiscal. Así que vayan preparándose para la próxima pugna. 

 

****Me puedes escuchar hoy y todos los martes a las 5pm en el programa de Kike Cruz, Análisis 630 por NotiUno 630am.