Governor of PR

LA AGENDA MAS IMPORTANTE DE LA GOBERNADORA

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La Gobernadora tiene mucho taller ante sí. Pero sobre los dos asuntos más apremiantes, la Junta y la corrupción, nada ha dicho. Ambos asuntos son de lapidaria importancia, como diría mi apreciado profesor, Don Herminio Brau (QEPD).

 

El asunto de la Junta es multi-temática. ¿Continuará la Gobernadora la actitud de conflicto y desafío continuo a la Junta o tratará de ser más conciliatoria? ¿Que va a hacer sobre las pensiones, los bonos y la venta de la AEE? Definitivamente la Gobernadora no puede continuar con la política de confrontación abierta con la Junta de la Administración de Rosselló. Muchos de los cambios que propone la Junta son necesarios pero anatema a la clase política, como la reducción de pensiones y los bonos de navidad. Pero la confrontación a nada lleva ya que con excepción de la victoria sobre Zamot, la administración ha perdido todas las demás batallas.

 

Tampoco puede unirse al esfuerzo de la Junta de destruir a los bonistas de obligación general. Aún si PR gana ese enfrentamiento, el mal sabor que esto dejará sobre los inversores retrasará cualquier regreso al mercado con intereses razonables, uno de los dos requisitos para la salida de la Junta. Hay que mirar al futuro y no a la próxima elección como fue la visión de Rosselló. Un acuerdo similar al de COFINA para los bonistas de obligación general ayudaría mucho a la imagen de la isla ante los inversores internacionales. Esto podría llevar a una confrontación con la Junta pero al fin y al cabo, PR es quien tiene que ejecutar el plan de ajuste y va a ser más difícil para la Juez Swain aprobar el mismo si el Gobierno lo objeta. No imposible, pero definitivamente más difícil.

 

Otro asunto atado a lo anterior es el costo de la representación legal del ELA. Peter Friedman y compañía ha hecho un muy buen trabajo PERO a $1,300 la hora. Es tiempo de examinar los costos de abogados y peritos y decidir si firmas locales no pueden hacer el mismo trabajo por una fracción del costo. Lo mismo se puede decir de los peritos de AAFAF. Esto nos lleva a otro asunto. ¿Quien será el director de AAFAF y cual será la actitud de la agencia hacia la deuda? ¿Quien será el representante ante la Junta y cual será su actitud hacia la Junta? Es tiempo de una revisión completa de ambas agencias y de que hacer. PR aumenta ingresos cada mes por encima de lo predicho por la Junta. PR tiene que comenzar a pagar su deuda, cosa que muchos políticos rehúyen hacer. Mientras más paguemos, mejor opinión tendrán de nosotros en los mercados de inversión, a los cuales tendremos que ir, más pronto de lo que muchos pensamos.

 

Por último, la corrupción. En escritos anteriores he señalado que el Depto. de Justicia bajo Wanda Vázquez se hizo de la vista larga sobre señalamientos de corrupción. Si de verdad la Gobernadora quiere demostrar que no es una politiquera, tiene que atajar la corrupción en el Gobierno y eso se hace con arrestos y convicciones. Obviamente se comienza con investigaciones pero la verdadera prueba de un compromiso  con combatir la corrupción es arrestando y consiguiendo convicciones de los que roban del erario público. Solo así se le puede demostrar al Pueblo y al Gobierno Federal, que no hacen falta monitores para velar por su dinero. La bola esta en la cancha de la Gobernadora.  Le deseo el mas sincero éxito en esta difícil labor.

Et tu, Ricky y José? Versión Español

Et tu, Ricky y José?

*Traducción al Español de la columna de Caribbean Business del 20 de diciembre, 2017.

 

La mayoría de los puertorriqueños conocen de los “casos insulares”, una serie de decisiones del SCOTUS que dicen que el Congreso puede hacer con Puerto Rico como desee dado su estatus de territorio, excepto de privarlos de derechos fundamentales. La más conocida de estas decisiones fue la de 1901 Downes v. Bidwell, la cual está ahora en el centro de la teoría legal usada por la administración Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal para defender PROMESA contra reclamaciones de acreedores y la Utier que el nombramiento de los miembros de la Junta viola el Appointments Clause de la Constitución Federal.

 

Todas las partes envueltas en la litigación del Appointments Clause concurren en un punto:  El único issue en la litigación es si, como los demandantes reclaman, el presidente debió haber tenido mano libre para nombrar los miembros de la Junta sujeto a la confirmación del Senado, o si los incumbentes, que fueron en realidad escogidos por 4 miembros del Congreso debieran permanecer en sus posiciones y no tener que ir al Senado para su confirmación. Ni Aurelius ni la  Utier quieren revocar PROMESA o cambiar algunas de sus secciones excepto como se nombran los miembros de la Junta y aún en esta área solo sugieren cirugía menor.

 

La decisión de  Downes v. Bidwell no es simplemente una decisión del SCOTUS de principios del siglo pasado, es el pináculo de un momento en la historia legal de los U.S. que nos provee una imagen perfecta del pasado de nuestra nación enraizada en el racismo y el colonialismo. Pongámoslo en su contexto histórico, Downes, fue escrito por la misma Corte que sostuvo la segregación racial in Plessy v. Ferguson. El caso dice que “if the conquered are a fierce, savage, and restless people, [Congress] may […] govern them with a tighter rein, so as to curb their ‘impetuosity, and to keep them under subjection.’”  [1]La decisión le da al Congreso el derecho a crear tales organizaciones “it may deem best,” [2]y “to deprive such territory of representative government if it is considered just to do so, and to change such local governments at discretion.”[3]

 

Además, al citar Downes como precedente para apoyar la Junta como “buena ley”, el Gobierno de Puerto Rico está aceptando que la ciudadanía de U.S. de los nacidos en Puerto Rico no está protegida por la Constitución, y se les ve fundamentalmente como ciudadanos de segunda clase.  La decisión de Downes dice que la 14ava Enmienda contiene una “limitation to persons born or naturalized in the United States which is not extended to persons born in any place,” con los Puertorriqueños excluidos de la protección de la protección de la 14ava Amendment por esta limitación.

 

Downes ha sido citado por el Gobernador Rosselló y su administración, al igual que por la Junta, en su oposición al reto constitucional de Aurelius y la Utier al nombramiento de la Junta.

 

Yo puedo entender porque la Junta cita a Downes en su argumento legal ya que sus miembros harán cualquier cosa para justificar su continuada existencia. Pero lo que me deprime es ver al Gobierno Ricardo Rosselló, a quien siempre había considerado el portaestandarte del movimiento Estadista, invocar la decisión judicial más despreciable en la historia del estatus de Puerto Rico.

 

Para colmo de males, tenemos que forzosamente concluir que el Presidente de la Junta, el Sr. José Carrión III, supuesto proponente de la estadidad, haya aceptado el usar a Downes esa moción. Al hacerlo, Carrión da su apoyo a una doctrina legal racista que reclama que los Puertorriqueños son inferiores y ciudadanos de segunda clase para apoyar su nombramiento a la Junta. Vergüenza debería darle.

 

Como abogado practicante en el Tribunal Federal y estadistas el invocar a Downes  es preocupante; sin embargo, lo que lo hace más difícil de aceptar es que es innecesario invocar los casos insulares para oponer el desafío de Aurelius/Utier.  Aurelius no menciona estos casos en brief. El Gobernador Rosselló pudo haber rechazado Downes y argumentado que Puerto Rico es un territorio incorporado, al cual no le aplica Downes, como decidió el Juez Gelpí en Consejo de Salud de Playa de Ponce v. Rullan. De esta manera, Puerto Rico podía continuar argumentando la legitimidad de la Junta pero sin el discrimen inherente que permite la decisión de Downes. Así que el Gobierno de Puerto Rico está cuestionando su propia autonomía y al hacerlo refuerza la idea de que la Junta debe tener poder sobre todos los Puertorriqueños en vez del gobierno que eligieron.

 

Más aún, la moción del Gobierno apoya la ridícula idea de que la Junta es meramente una entidad “territorial”-y no federal. Como todos nosotros en Puerto Rico sabemos, esto es risible.  La realidad es que la Junta tiene poderes extensos sobre el Gobierno de Puerto Rico que ninguna agencia local tiene; de hecho, ni el Gobernadores ni la Legislatura pueden “exercise any control, supervision, oversight, or review over the Oversight Board or its activities,” [4]as Sec. 108(a)(1) of PROMESA states. Puerto Rico carece de medios de que la Junta le rinda cuentas de sus decisiones.

 

Peor aún, si la Juez Swain decidiera a favor de la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, este con podría luego cuestionar Downes case y los casos insulares nacidos de la era del racismo y el discrimen.

 

¿Por qué? La doctrina de “judicial estoppel,” que indica que si una parte argumenta un punto y recibe tratamiento favorable de la Corte sobre ese issue, está impedida de subsiguientemente argumentar lo contrario. ¿Como podría Puerto Rico luego cuestionar esta doctrina racista si cita su caso principal con aprobación?

 

¿Es la consecuencia no deseada de que el Gobernador Rosselló ayude a  José Carrión III ha deshecho más de 50 años de lucha por la igualdad y la estadidad para proteger la Junta y por razones que no son ni necesarias? to protect the Board, and for reasons that are not even necessary.

 

Y todo por la quiebra de Título III del ELA. ¿Es en los ojos de la Junta y del Gobernador Rosselló es mejor tener 100 años más de colonialismo y discrimen para colonialismo y discrimen que pagar las deudas de la isla. Este es el “unkindest cut of all.” ¿Et tu, Ricky y José?

 

[1] “Si los conquistados son un pueblo feroz, salvaje e inquieto, [el Congreso] puede […] gobernarlos con una rienda más fuerte, para frenar su ‘impetuosidad y mantenerlos bajo sujeción'”.

[2] “Puede considerar mejor”

[3] “Privar a ese territorio del gobierno representativo si se considera que lo hace, y cambiar a discreción a los gobiernos locales”.

[4] “Ejercer cualquier control, supervisión, supervisión o revisión sobre la Junta de Supervisión o sus actividades”

THE PUERTO RICO GOVERNMENT AND THE MARKETS

Puerto Rico for years has been saying that it will pay all its debts. Governor García Padilla told Bloomberg news (quite incorrectly) that Puerto Rico’s Constitution required the payment of all debts. In January, 2013, the Administration was under pressure from members of its own party to repudiate a lease agreement of Luis Muñoz Marín Airport and the Governor refused, saying that Puerto Rico honored its agreements. That was the administration’s mantra until very recently.

Right after the Mach 2014 record setting bond emission of $3.5 billion in General Obligation Bonds, came rumors of debt restructuring, PS 993 by Senator Angel Rosa, a PR bankruptcy law was filed. The contracts of Puerto Rico with Cleary Gottlieb, Proskauer Rose and Millco Advisors, all firms with restructuring and bankruptcy experience, were registered with the Comptroller’s office. All of a sudden, restructuring was the buzz-word for PR bonds. The Administration kept insisting that these firms were hired to prevent restructuring and denied it would happen.

Then in May of 2014, for no apparently valid reason, Treasury Secretary Melba Acosta decided to unilaterally determine that a closing agreement with Doral of 2012 was invalid. Doral had to sue the Treasury department in order to have it declared valid and at this writing the Appellate Court reversed a determination for the controversy to be heard in Hacienda in an Administrative Proceeding. Now it will be heard in a Court and the Government has the burden of proof. We await final decision.

On June 25, 2014, the Governor, through Senator Bhatia, filed the new PR bankruptcy law and got it approved the same day. On June 28, 2014, it was signed into Law 71 and that same night, Franklin and Oppenheimer filed their challenge in Federal Court.

Irrespective of whether the law is constitutional, a good idea, or simply a back stab to investors, the plain truth its that it aims to change the contractual obligations of payment of principal, interest, or both, by the island’s public corporations. No creditor likes the debtor to unilaterally change the payment terms, be it a moratorium on payment or outright haircuts. They hate it so much that crediting agencies and the markets have punished all of PR’s bonds, including GO’s. What is the reason for their wrath? They now believe that PR will restructure its GO’s and give as a reason that now PR has abandoned its mantra of we will pay everything to we will pay something at some time. It seems that the Governor and its team does not understand the basic business idea of TRUST. Right now, the markets don’t TRUST the Puerto Rico government and no amount of press conferences or conference calls will change that. Let’s see if the Government will learn its lesson.