Impago PR

El Estatus y los Casos Ante el SCOTUS

En este término, el Tribunal Supremo de USA (SCOTUS) concedió dos certioraris a petición del Gobierno de PR, PR v. Sánchez, sobre la 5ta enmienda y PR v. Franklin California (dos casos consolidados en uno) sobre la quiebra criolla. Ya varios líderes del PNP están hablando de que esta es una oportunidad para que el SCOTUS determine “si las reglas en un territorio, propiedad de los Estados Unidos y poblado por ciudadanos americanos, deben seguir siendo distintas, como lo determinó hace un siglo un Supremo plagado de jueces racistas y segregacionistas de la época” Respetuosamente discrepo de la Representante.

El SCOTUS emite certioraris para contestar las preguntas que entiende pertinente contestar basados en la petición que se le hace. Hay ocasiones que se le presentan 2 o más preguntas y escoge solo una. En los casos de PR, estas fueron las preguntas presentadas y las que contestarán.

PR v. Franklin California

Whether Chapter 9 of the federal Bankruptcy Code, which does not apply to Puerto Rico, nonetheless preempts a Puerto Rico statute creating a mechanism for the Commonwealth’s public utilities to restructure their debts.

Acosta Febo v. Franklin California

Whether chapter 9 of the federal Bankruptcy Code, which does not apply to Puerto Rico, nonetheless preempts a Puerto Rico statute creating a mechanism for the Commonwealth’s public utilities to restructure their debts.

PRv. Sánchez

Whether the Commonwealth of Puerto Rico and the Federal Government are separate sovereigns for purposes of the Double Jeopardy Clause of the United States Constitution.

Como verán, en los primeros dos casos, el issue es si PR puede hacer su propia ley de quiebra criolla. Subyacente a esta pregunta está si los estados que no permiten a sus municipalidades acogerse el Capítulo 9 (11 USC sec. 109(c) requiere que la ley del estado expresamente permita a cada entidad acogerse al Capítulo 9) hacer su propia ley de liquidación. Así que hasta cierto punto, aunque la opinión de la Juez Lynch del 1er Circuito trata a PR como un territorio, el issue es más grande en términos de si el territorio o estado conflige con un campo ocupado federal. Por lo tanto, el issue territorial no es el issue más importante ya que es claro que PR es un territorio.

En cuanto a PR v. Sánchez, el issue es más sobre el estatus. ¿Hubo un cambio de estatus en 1952 o fue simplemente unos poderes delegados por el Congreso a PR? Aquí, el SCOTUS puede decidir que PR es algo especial y fabuloso, no sujeto a la clausula territorial, como cree el Juez Breyer, ver, Córdova & Simonpietri Ins. Agency, Inc. v. Chase Manhattan Bank, N.A., 649 F.2d 36 (1st Cir. 1981) y Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974). El único obstáculo es la Constitución misma y Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980). El SCOTUS podría decir, además, que PR es un territorio de los USA y nada más como dijo en Puerto Rico v. Shell Co. (P.R.), 302 U.S. 253 (1937). El SCOTUS no tiene que entrar a discutir si PR como territorio no incorporado, que es lo que se introdujo con los casos insulares, tiene soberanía propia ya que los territorios como Utah si tenían soberanía que emanaba del Congreso, ver Thompson v. Utah, 170 U.S. 343 (1898). El SCOTUS también podría decir que PR es algo especial y aunque sigue siendo un territorio, para efectos de la 5ta Enmienda, tiene soberanía primigenia y no procede la doble exposición.

En síntesis, para decidir los casos antes si, el SCOTUS no tiene que tocar el issue de si PR es un territorio incorporado o no. Más aún, el SCOTUS si podría darle más vida al ELA moribundo si decide que si, que es un estatus especial y único, aunque dudo mucho lo haga. Además, la tradición de no salirse de los issues a los cuales se les concedió certiorari es fuerte, aunque en raras ocasiones se salen de ahí. Estas dos decisiones serán de gran importancia para destruir o fortalecer el ELA más no para levantar el discrimen de los casos insulares desgraciadamente.

 

 

 

 

 

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¿POR QUÉ EL IMPAGO?

Hoy, por primera vez en su historia, PR va dejar de pagar su deuda de bonos. Muchos se preguntan ¿por qué? La contestación es complicada y al mismo tiempo sencilla. Ocurrió porque las últimas cuatro administraciones, tres PPD y una PNP, prefirieron financiar sus gastos recurrentes con préstamos en vez de hacer lo que había que hacer para crecer la economía.

Desde Sila Calderón hasta Alejandro García Padilla, más que se duplico la deuda pública sin que eso se tradujera en crecimiento económico significativo. Se aumentaron impuestos, se aumentó la nómina, se aumentaron los contratos. Se sacó recursos de los grupos productivos en PR para entregárselo al sagrado gobierno para que los políticos de turno pudieran tratar de ser reelectos.

Muchos culpan a los partidos políticos, pero ellos no son los únicos culpables, la culpa es compartida con el Pueblo que ha requerido de sus oficiales electos más prebendas, más servicios, más baile, botella y baraja. Pero se acabo lo que se daba. Ahora, tenemos que pagar.

Esta administración o la próxima tendrá que despedir empleados y cortar servicios. En el 2017 se acaban los recaudos de la ley 154 y a menos que el IRS lo extienda, PR pierde el 20% de sus recaudos. Nos cortaron el 11% del Medicaid/Medicare y puede ser más. Algunas Viejas 936 se expanden, pero otras se van. ¿Alguien ha escuchado en los últimos 3 años el establecimiento de alguna nueva manufacturera? Y los empresarios locales han sido incapaces de llenar la brecha, no que el gobierno los ayude mucho. PR le da el c&^% a cualquiera de fuera que cree par de empleos pero entorpece y castiga a los locales que tratan de hacerlo. Son “los grandes intereses, los colmillús, los malos”. Como me dijo una vez un empresario “en PR el hacer dinero es un pecado.”

Así que el Pueblo tiene las consecuencias lógicas de sus actuaciones. Gobierno dame más ha sido su mensaje sin entender que el Gobierno no tiene maquinita de hacer dinero. Los que hacían dinero están abandonando la isla en manadas. ¿Y ahora que?