Impago

El Posible Impago de Diciembre

El día 6 de noviembre de 2015, se reveló que el Gobierno no va cerrar operaciones ese mes. Eso puede querer decir que el Gobierno no pagará la deuda en diciembre o la pagará parcialmente. Recordemos que el Gobernador, a preguntas (obviamente plantadas) de Bernie Sanders, dijo que alguna de la deuda se había emitido en violación de la Constitución, probablemente el Artículo VI, sección 2. Esta posibilidad lleva meses sobre el tapete y puede ser develada en diciembre.

El escenario sería así. En diciembre, el BGF, que es quien debe la cantidad mayor, $354.7 millones, hace un pago parcial, diciendo que a base de su análisis, esto es lo que constitucionalmente debe ya que la mayor parte fue emitida en violación de la Carta Magna. Los bonistas entonces tendrían que decidir entre demandar o sentarse con Melba Acosta para que les explique la teoría. Exactamente lo mismo ocurriría en enero de 2016, cuando se vencen muchos pagos, incluyendo $331.6 millones de bonos de obligación general (GO’s).

La maniobra tiene varias ventajas para el Gobernador. Al hacer esto, acalla a aquellos sectores de izquierda que están clamando por que no corra para la reelección, se queda con millones de dólares para utilizar en proyectos para comprar votos y tal vez, solo tal vez, lograr la reelección. El que la maniobra falle e impida a PR volver al Mercado por varios años no le importará por que cuando todo acabe, o es gobernador de PR o esta fuera del gobierno. Así es la política Boricua.

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PARA AÑADIR A LOS INSULTOS, AHORA TAMPOCO SOMOS SERIOS

En el día hoy, el amigo Benjamín Torres Gotay dice en su columna dominical que “[n]o hay mucha gente seria que crea que la deuda es pagable en su totalidad en los términos actuales, o que se pueda hacer sin que implique descomunales sacrificios para el ciudadano común.” Creo que el Dr. Carlos Colón de Armas, el Dr. Elías Gutierrez, Dr. José M. Saldaña y este servidor, para dar ejemplos, si creemos que se puede pagar la deuda sin “descomunales sacrificios”. Esto sin mencionar los continuos insultos que el Gobernador profiere contra aquellos que desenmascaramos las mentiras en sus agendas e informes. Demos, pues, un vistazo a la alternativa del impago.

PR necesita desesperadamente inversión. ¿Cuantos invertirían en un territorio que no cumple con sus deudas? Más aún, si hiciéramos como Ecuador, que hizo una Comisión (como la empuja el Representante Natal) para determinar que deuda es legítima y cual es odiosa ésta nación libre y soberana no pudo ir al Mercado por 7 años. PR tiene un terrible problema de flujo de caja, ver Conway & MacKenzie Commonwealth of Puerto Rico Liquidity Update, del cual poco ha salido en prensa, a la página 11. Ha llegado al extremo de canibalizar las pocas corporaciones públicas para allegar fondos. No ha podido emitir deuda de $2.9 billones a pesar de una garantía/gravamen de la crudita y la AAA tampoco ha podido flotar una modesta emisión de $750 millones, en parte por la soberana estupidez de los abogados del Gobierno en su solicitud de certiorari al Supremo Federal sobre la quiebra criolla decir que la AEE, la AAA y Carreteras no pueden pagar su deuda actual. ¿Como va el Gobierno de PR operar por 7 años sin préstamos puente? ¿Cómo podrán terminarse los múltiples proyectos de la AAA, inconclusos por el malgasto de sus fondos? ¿Cómo se podrá terminar el Supertubo, tan criticado y ahora tan necesario?

Más aún, la negociación de la AEE nos ha tomado más de 1 año y a pesar de los reclamos del Gobierno, no ha terminado. Se acordó con los “odiados” fondos buitres, el 35% de los bonistas, un acuerdo que ya ha sido harto criticado como insuficiente, y falta el otro 65%. Recordemos también que durante este periodo la AEE pago sus deudas. Lo cual nos lleva al próximo asunto: ¿Impagará el Gobierno alguna de sus deudas mayores para demostrar su incapacidad? El Informe de Conway MacKenzie nos dice que en diciembre de 2015 habrá un déficit de caja de $733 millones y de $520 millones en enero, o sea $1,253 millones de déficit en esos dos meses. Al mismo tiempo, PR tiene que pagar $1,299 millones entre esos dos mismos meses, incluyendo $332 millones en GO’s que están protegidos por la Constitución. Si PR impaga, lo demandarán en la corte estatal o federal y perderá. Recordemos que la Constitución provee una causa de acción contra el Secretario de Hacienda para obligarlo a pagar, ver Artículo VI, sección 2 .

El Secretario de Hacienda podrá ser requerido para que destine los recursos disponibles incluyendo sobrantes al pago de los intereses sobre la deuda pública y la amortización de la misma en cualquier caso al cual fuere aplicable la Sección 8 de este Artículo VI mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos o pagarés emitidos en evidencia de la misma.

Otro punto del cual difiero totalmente es cuando Torres Gotay indica que hay “retirados que invirtieron de buena fe en el Gobierno y merecen su pago total. Pero fallaron. Seguramente porque fueron mal orientados, pero invirtieron mal. Todo el que tiene dos ojos de frente, sabe hace años que la supuesta prosperidad de Puerto Rico en la que invertían era una fantasía.” Varios puntos salientes; ¿hace cuantos años se sabe que la bonanza de PR era fantasía? ¿Bajo Sila, Aníbal y Fortuño? ¿Y los que invirtieron antes de eso, eran ciegos? Recordemos además que un inversor prudente y razonable usa las casas acreditadoras y los mercados para hacer sus inversiones. Es solo en agosto de 2013 que los mercados abandonaron a PR a raíz de la quiebra de Detroit y luego lo hicieron las acreditadoras. Es bien fácil decir hoy día que esto se sabía cuando hace dos años no era la realidad del Mercado. No solo eso, recordemos que alrededor de 30% de los bonistas son de PR. ¿Cual será el impacto sobre estos retirados si PR impaga? ¿Y se protege a los empleados del ELA pero no a los retirados?

Más aún, a las Cooperativas el Gobierno de PR las convenció de invertir en sus bonos. Ahora mismo estas tienen $1,100 millones en bonos de PR y alrededor de 30 de ellas, según COSSEC, están en problemas económicos. ¿Cual va a ser el impacto en la economía de PR si estas impagan. COSSEC solo tiene $268 millones para cubrir los depósitos de los socios y cero dinero para los accionistas. Esto podría ser un golpe mortal a un sector exitoso de la maltrecha economía Boricua.

Cabe señalar que el informe de Conway MacKenzie también dice, aunque no explica como, que PR podrá pagar esa deuda en diciembre/enero pero insiste en un déficit en junio de sobre $500 millones y PR tiene que pagar sobre $1,900 millones, incluyendo $780 millones en GO’s en julio de 2016. Mismo problema. Y como indiqué anteriormente, los bonistas, antes estas pérdidas demandarán y ganarán. Contrario al escenario que presenta el Gobierno, esto no será litigación de años. Debido a su importancia, el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo de PR moverán las controversias con rapidez para darle seguridad a todos.

Otro punto importante es que el informe de Conway MacKenzie, a la página 45, nos dice que para el año 2018, el Retiro de los Empleados del ELA estará en negativo. El resultado de esto es que el Gobierno tendrá que buscar alrededor de $1,500 millones adicionales para pagar a los retirados, los cuales tienen un derecho constitucional al pago, ver Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987). Algo parecido ocurre con el Retiro de Maestros, página 46, que también se agota en el 2018 y habría que pagar poco más de $700 millones anuales. Y recordemos que aunque el Gobernador “reformó” el retiro del ELA, no ha hecho la contribución adicional que se suponía hiciera, página 44.

Más aún, el “Puerto Rico Fiscal and Economic Growth Plan” el cual bauticé en el programa radial El Azote como “Una Porquería”, depende de que la Legislatura apruebe varias medidas de reforma laboral, que aunque necesarias, tienen cero oportunidades en la Cámara donde varios legisladores de mayoría han negado su apoyo. Más aún, esta porquería depende en gran medida que el Congreso elimine la aplicación del la Ley Jones a PR, de paridad en fondos Medicaid/Medicare, permita el congelamiento por 10 años de cualquier aumento al salario mínimo, la aplicación del Capítulo 9 del Código de Quiebras a la isla, etc. Esto no es más que un wish list sumado a la carta a Santa Claus. Not going to happen.

En vez de esta porquería, el Gobierno debería estar reduciendo sus más de 100 agencias, reduciendo los gastos de publicidad y los gastos en asesores financieros, por mencionar unos cuantos. Se habla sobre reducir agencias pero esto toma tiempo en el mejor de los casos y no lo vemos ocurrir. Otra medida a corto plazo que deben considerar es reducir la jornada laboral a cuatro días, de ser necesario.

Como nos han indicado los economistas Colón de Armas y Gutierrez, el problema no es uno de recaudos, sino de gasto. Entre 2006 y 2014, a los puertorriqueños se nos han aumentado los impuestos por los diferentes gobiernos en $12,000 millones, ver página 20 del libro de Gustavo Vélez, El Ultimo Tarjetazo: De la Chatarra a la Oportunidad, 2015. Así que ya los boricuas estamos incurriendo en “descomunales sacrificios” y lo que falta con la entrada en vigor del IVU a los servicios profesionales.

En síntesis, el plan del Gobierno es una porquería y el impago que sugiere la columna de Torres Gotay sería mucho peor que simplemente la austeridad que sugerimos los que queremos que se pague la deuda. Todos hemos hecho ajustes menos el Gobierno. Que lo haga también.

El Capítulo 9 No Resuelve los Problemas de PR

Para el PPD y el Comisionado Residente Pierluisi, el Capítulo 9 de Quiebras es la solución a los problemas económicos de la isla. Como sabemos, el Comisionado Pierluisi radicó el H.R. 870 para incluir a las corporaciones públicas y municipios de PR en el Cap. 9. Las probabilidades de que se apruebe, sin embargo, son mínimas ya que el Chairman del Comíte de lo Judicial de Cámara Federal, Robert Goodlatte, ya ha indicado que no hay los votos.

Aún si hubieran los votos, el Cap. 9 no resuelve los problemas de PR y me explico. Según el Quarterly Report dated May 7, 2015 del Banco Gubernamental de Fomento, los bonos de obligación general (GO’s] de PR totalizaban $23,804 billones. Los GO’s tienen la protección de la Constitución de la isla que establece que en caso de falta de fondos en el presupuesto, estos se tienen que pagar antes que nada. Ver, Article VI, section 8 of the Constitution. Eso nos deja con $48,400 billón potencialmente sujetos al Cap. 9. Sin embargo, el 11 U.S.C. § 109(c) requiere que la ley estatal específicamente permita al Municipio o Corporación Pública a acogerse al Cap. 9. Si usamos la ley 71-2014, la ley de quiebra criolla, como guía de la intención legislativa, ni los municipios, el Banco Gubernamental de Fomento, sus subsidiarias, el Fideicomiso de Niños, el Sistema de Retiro del ELA, de los Maestros y el de la Rama Judicial, la Agencia para el Financiamiento Municipal, AFI, COFINA y otros no serán permitidos de radicar bajo el Cap. 9. Si uno excluye estos bonos, solo $24,914 billones podrían ir a Cap. 9, dejando $47,290 sin protección. Ver páginas 56 and 64 del informe del Banco Gubernamental de Fomento de 7 de mayo May 7, 2015.

Debemos considerar además, para que fue diseñado el Cap. 9. El website del US Courts nos dice lo siguiente sobre el Cap. 9:

The purpose of chapter 9 is to provide a financially-distressed municipality protection from its creditors while it develops and negotiates a plan for adjusting its debts. Reorganization of the debts of a municipality is typically accomplished either by extending debt maturities, reducing the amount of principal or interest, or refinancing the debt by obtaining a new loan.

Claramente el cambiar los términos de los bonos no le hace gracia a ningún bonista pero ellos no serían los únicos que sufrirían. Recordemos que bajo el Cap. 9 el Municipio puede cambiar los términos de cualquier convenio colectivo (executory contract) o cualquier alquiler. También, como este es un proceso federal, las pensiones que ya están siendo pagadas pueden ser alteradas como se hizo en Detroit Como dicen en inglés, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, el Cap. 9 nada hace para curar las prácticas que nos han llevado al desastre financiero que vivimos. Llegamos a este hoyo negro gracias a los políticos que tomaron prestado no para obra que trajera crecimiento económico, si no para mantener el nivel de gasto necesario para premiar a las uniones, a los empleados y los amigos del alma que les permitían ser elegidos una y otra vez. De existir el Cap. 9 para PR, este clientelismo deleznable forzará a los municipios y corporaciones públicas a acudir al mismo cada vez que los políticos se excedan en sus gastos. Solo una Junta Financiera creada por el Congreso con amplios poderes a la DC podrá hacer los cambios necesarios a PR para que esto no se repita.