Judge Swain

LA JUEZ SWAIN DECIDIÓ AURELIUS, ¿AHORA QUE?

La aseguradora Aurelius argumentaba que la forma que la Junta de Supervisión Fiscal fue nombrada era inconstitucional. El Gobierno de USA, el de PR, la Junta y varios otros, amparándose en los casos insulares se opusieron. Seis meses después del argumento oral, la Juez Swain falló a favor de la Junta. Pero esa no es la noticia, la noticia es como llegó a esa decisión. Para poder salvar la Junta y por ende el Título III que preside, la Juez Swain revirtió a decir lo que muchos sabíamos y otros ocultaban. El poder del Congreso (no necesariamente de la Junta) sobre PR es total, absoluto y completo, excepto sobre asuntos de derechos fundamentales. ¿Como lo hizo? A la página 15 de su decisión dice así:

 

A federal territory’s “relation to the general government is much the same as that which counties bear to the respective States, and Congress may legislate for them as a State does for its municipal organizations.” First Nat’l Bank v. Yankton Cty., 101 U.S. 129, 133 (1879). Congress can thus amend the acts of a territorial legislature, abrogate laws of territorial legislatures, and exercise “full and complete legislative authority over the people of the Territories and all the departments of the territorial governments.” Id. With respect to territorial governance, Congress exercises the governance powers reserved under the Constitution to the people in respect of state matters. Id. In this sense, Congress occupies a dual role with respect to the territories of the United States: as the national Congress of the United States, and as the local legislature of the territory. See Cincinnati Soap Co., 301 U.S. at 317 (“A [territory] has no government but that of the United States, except in so far as the United States may permit. The national government may do for one of its dependencies whatever a state might do for itself or one of its political subdivisions, since over such a dependency the nation possesses the sovereign powers of the general government plus the powers of a local or a state government in all cases where legislation is possible.”); see also Keller v. Potomac Elec. Power Co., 261 U.S. 428, 442–43 (1923) (recognizing that, in exercising Congress’s substantially identical power over the District of Columbia, Congress had power to create courts “of the District, not only with the jurisdiction and powers of federal courts in the several states, but with such authority as a state (1828) (recognizing the power of Congress to create a territorial court with jurisdiction that could not otherwise have been constitutionally granted to a state court); United States v. McMillan, 165 U.S. 504, 510–11 (1897) (explaining that territorial courts are not “courts of the United States, and do not come within the purview of acts of Congress which speak of ‘courts of the United States’ only,” although Congress exercises the combined powers of the general government, and of a state government with respect to territories and could directly legislate for any territory or “extend the laws of the United States over it, in any particular that congress may think fit.”) may confer on her courts”); Am. Ins. Co. v. 356 Bales of Cotton, 26 U.S. (1 Pet.) 511, 546 (1828) (recognizing the power of Congress to create a territorial court with jurisdiction that could not otherwise have been constitutionally granted to a state court); United States v. McMillan, 165 U.S. 504, 510–11 (1897) (explaining that territorial courts are not “courts of the United States, and do not come within the purview of acts of Congress which speak of ‘courts of the United States’ only,” although Congress exercises the combined powers of the general government, and of a state government with respect to territories and could directly legislate for any territory or “extend the laws of the United States over it, in any particular that congress may think fit.”). (énfasis suplido)

 

A la página 21 da su toque final y resumió así:

 

In summary, Congress has plenary power under the Territories Clause to establish governmental institutions for territories that are not only distinct from federal government entities but include features that would not comport with the requirements of the Constitution if they pertained to the governance of the United States. It has exercised this power with respect to Puerto Rico over the course of nearly 120 years, including the delegation to the people of Puerto Rico elements of its plenary Article IV authority by authorizing a significant degree of local self-governance. Such territorial delegations and structures may, however, be modified by Congress. John R. Thompson, 346 U.S. at 109. (énfasis suplido)

 

Yo fui la primera persona en PR en reportarlo y puse la sentencia  en la web. La prensa Boricua se tardó dos horas en publicar la noticia. Nadie excepto Kike Cruz y Jay Fonseca le dieron la importancia que tiene en los medios. El PPD ha estado mudo todo el fin de semana y algunos de sus miembros han tratado de minimizar su impacto, diciendo que esto se sabía, que es Sánchez Valle light, etc. En realidad, es una explicación fría, destemplada y severa de la relación de PR con el Congreso. No olvidemos que en Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 289-290 (1901) se indica que:

 

The Constitution has undoubtedly conferred on Congress the right to create such municipal organizations as it may deem best for all the territories of the United States, whether they have been incorporated or not, to give to the inhabitants as respects the local governments such degree of representation as may be conducive to the public wellbeing, to deprive such territory of representative government if it is considered just to do so, and to change such local governments at discretion.

 

Cuando se crea el ELA, el PPD y el Gobierno Federal, nos tratan de convencer que esto es algo nuevo, sin precedente y especial. Que era un pacto que no se podía cambiar. El Primer Circuito decidió varios casos sosteniendo esta visión y fue cómplice de la patraña del ELA. A pesar de los casos de Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980) y Califano v. Torres, 435 U. S. 1 (1978), el PPD siguió con la teoría de que el Congreso había relinquished(cedido) su poder para legislar de asuntos internos de PR. Cuando el SCOTUS decidió PR v. Sánchez Valle, 579 U.S. ___ (2016), los apologistas del ELA corrieron a decir que solo aplicaba al asunto de doble exposición, que de hecho el caso sostenía la viabilidad del ELA. Entonces vino PROMESA y el PPD se aferró a que era inconstitucional, pero ni para los guardias lo impugnaron. Ahora que la Juez Swain lo puso de forma tan tajante, no saben que decir, a sabiendas que el caso tiene altas posibilidades de llegar al SCOTUS y que nuevamente la relación colonial de PR se sostenga.

 

El ala soberanista del PPD está de plácemes y continua su asalto por el control del partido. No se que pasará, pero este hito en la historia de PR va a tener un efecto negativo en las aspiraciones del Gobernador de evitar que la Junta le arrebate facultades que entiende son del Gobierno de PR. Después del desastre en la AEE la semana pasada no se si eso sea una mala idea.

 

 

 

 

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LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.

LA VENTA DE LA AEE

 

 

El Gobernador Ricardo Rosselló anunció el lunes 22 de enero que va a vender la AEE. Como todo anuncio de este tipo, la pregunta es cómo se va a hacer. El Gobernador indicó que iba a presentar legislación, proceder a la negociación y venta final, todo en 18 meses. Pero como dicen en inglés, the devil is in the details.

 

En primer lugar, el Gobierno de PR, una vez se apruebe la legislación, puede vender la AEE sin permiso del Tribunal ni de la Junta. Eso es así ya que en el Capítulo III no se adoptó la sección 363 de Quiebras que requiere aprobación del Tribunal en casos de ventas fuera del curso ordinario del negocio. Además, la Junta no tiene que aprobarlo ya que la Juez Swain, en su decisión sobre Zamot hizo claro lo siguiente:

 

The FOMB’s assertion that Title III creates or reinforces direct managerial power granted by Titles I and II rings hollow as well. PROMESA section 303 reserves the territory’s political and governmental powers to the territory or “any territorial instrumentality thereof, ”subject only to Titles I and II. See id. § 303.6 As the Court has explained, nothing in Titles I and II permits the FOMB to displace local government structures and authority by declaration. Similarly, sections 305 and 306 do not empower the FOMB to interfere unilaterally with the debtor’s political and governmental powers, or with the debtor’s property or revenues.

 

Se preguntarán, entonces, ¿por qué la Directora Ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko insiste que para la venta PR necesita la aprobación de la Junta y de la Juez Swain? Lo dice porque sabe que el Gobernador quiere vender la AEE libre de gravámenes y deudas. Para poder hacer eso, tiene que haber una determinación que los bonistas no tienen gravamen y eso solo lo puede hacer un Tribunal Federal. Y aún si el Tribunal así lo indicase, solo el Plan de Ajuste puede, de ser aprobado, reducir las deudas de la AEE que según el Plan Fiscal recién presentado suman $11.4 billones. Pero el Plan de Ajuste lo tienen que aprobar los acreedores cuyas acreencias sean modificadas por el Plan de Ajuste son los que pueden votar y si la mayoría no lo aprueba, el mismo no sería aprobado por el Tribunal excepto a través de un cramdown, cosa que nunca ha ocurrido en un Capítulo 9. Si el Tribunal no procede con el cramdown, bajo el 11 U.S.C. § 930, la petición de quiebra se tiene que desestimar.

 

Otro problema en todo este enredo es que el Gobernador, según la información que me ha llegado, aún no ha preparado la pieza legislativa para la venta de la AEE y eso no se hace en par de días. Además, cuando se radique, pueden estar seguros que los políticos se pondrán creativos requiriendo que no se aumente las tarifas, que no se despidan empleados y hasta poniendo precio mínimo a la venta, especialmente cuando el Plan Fiscal dice que la AEE vale $9.4 billones. Dudo alguien crea esa patraña, pero así son nuestros politicos.

 

Esto nos lleva al precio de venta. La AEE no vale ni $4 billones y un comprador no va a pagar lo que vale ya que tiene que invertir muchos más billones en nuevas plantas, etc. Irrespectivo de mi opinión, el dinero que se obtenga de la venta tiene que ir a pagar las deudas de los acreedores, no a engrosar las arcas del Gobierno. Claro, los fondos de retiro de la AEE es uno de los acreedores, pero los bonistas son muchos más y los pagos deben ser a pro rata.

 

Todo esto por supuesto está sujeto a que los bonistas no tengan, como reclaman, un gravamen sobre los ingresos de la AEE. Si el gravamen existe, cualquier venta de la AEE con toda probabilidad conllevaría una continuación de ese gravamen para el pago de los $8.3 billones que reclaman los bonistas.

 

Estos son algunos de los escollos en la venta de la AEE. Se pueden resolver, pero no va a ser fácil.