Judge Taylor Swain

LOS POLITICOS Y LO QUE VIENE EN PROMESA

En Puerto Rico, los políticos actúan como si ellos fueran los que decidieran cuanto se va a pagar por servicio a la deuda. Más aún, continúan con la actitud que cualquier aumento en ingresos del erario hay que gastarlo en tal o más cual grupo lo que los va a ayudar a revalidar en las elecciones. El mejor ejemplo es los municipios que confeccionaron sus presupuestos a base de la validez de la ley 29 a pesar que la Junta les dijo que iba a impugnarla.  La argumentación oral de la Junta sobre la ley 29 demuestra que al fin entiende que tiene muchos más poderes de lo que antes pensaba y la decisión de la Juez Swain de no desestimar su demanda es el preámbulo de una decisión en contra del Gobierno de P.R.

 

Más aún, el  24 de julio de 2019, la Juez Swain nos tiró a todos los que estamos en el  caso una  curva y mandó a mediación por 120-días, entre otros, lo siguiente:

 

  • Las demandas recientes de la Junta contra  bonos de Retiro,  GO’s, PBA y Carreteras;
  • Asuntos relacionados al impuesto al ron y los bonos de PRIFA;
  • La validez e impacto de los clawbacks de ingresos;
  • Reclamaciones contra los que proveyeron servicios para emisión de deuda;
  • Reclamos anticipados a la clasificación, incluyendo los issues de los “securities” y entre reclamaciones no aseguradas, i.e., pensiones v. reclamaciones no aseguradas en general;
  • Identificación y trato de los servicios esenciales bajo un plan de ajuste;
  • Tratamiento de reclamaciones basadas en alegaciones de violaciones de la Constitución Federal bajo el plan de ajuste (más no de las violaciones de la Constitución de PR);

 

Creo que hay un mensaje claro a todos en el caso. La Juez Swain no interesa tener que decidir todos estos issues y quiere que se llegue a acuerdos. Como todo en la vida, puede que si, puede que no. Pero los acuerdos que se logren, si alguno, serán el esqueleto del plan de ajuste del ELA. A finales de noviembre sabremos que acuerdos se han logrado.

 

Les recuerdo a los lectores que una vez se establezca que son servicios esenciales, eso no quiere decir que estos recibirán todos los fondos que los políticos quieren. La Junta también limitará esto bajo su control del presupuesto. Además, la premisa inarticulada es que lo que sea servicios no esenciales se podrán limitar, forzando despidos o reducción de jornada. Más aún, si la ley 29, como creo que va a ocurrir, es inhabilitada por la Juez Swain, los Municipios menos afortunados económicamente tendrán que hacer lo mismo o ver sus funciones puestas en consorcios, disminuyendo dramáticamente el poder del Alcalde.

 

Si se logran sufiicientes acuerdos, especialmente sobre bonos, el plan de ajuste se puede radicar para enero de 2020 y ser aprobado para Verano del 2020, justo antes de las elecciones. Habrá mucho crujir de dientes y rasgaduras de vestimentas por nuestros políticos cuando ocurra. El momento del pago de la deuda se acerca y estoy seguro que ni el Gobierno ni los Municipios están preparados. Como he dicho muchas veces, PROMESA obliga a los boricuas a redefinir que gobierno pueden tener y la Junta esta lista para hacerlo.

 

No quiero terminar sin antes mencionar  el  caso de Aurelius ante el SCOTUS. La cobertura de la  prensa Boricua ha sido limitada y hay que poner las cosas en sus justa perspectiva. El argumento oral va a ser el 15 de octubre y la decisión puede venir tan temprano como finales de noviembre a principios de diciembre de 2019. Si  el SCOTUS decide  que el nombramiento de la Junta fue constitucional, todo sigue igual. Si el SCOTUS decide que el Primer Circuito tenia razón, todo sigue igual. PERO, el SCOTUS puede decidir  que el nombramiento de los miembros de la Junta fue inconstitucional y  determinar que todas sus acciones fueron ilegales. Aurelius argumenta que entonces habría un stay para la nueva Junta ser nombrada y  esta  decidir si  lo que hizo la anterior fue válido, lo cual nada cambia. La Utier, sin embargo, argumenta, con mucha razón, que todas las actuaciones de la  Junta se deben invalidar y  eso  sería un game changer, aunque dudo que ocurra.  Debo mencionar además, ya que pocos lo mencionan, que la Utier también argumentan que los casos insulares deben ser revocados. En  mi  opinión el SCOTUS va a ignorar este argumento.

 

Hay muchas cosas que pueden pasar  pero nuestros políticos y mucha de la prensa  continua en discutir asuntos sin importancia. A ver que pasa.

 

LA JUEZ SWAIN DECIDIÓ AURELIUS, ¿AHORA QUE?

La aseguradora Aurelius argumentaba que la forma que la Junta de Supervisión Fiscal fue nombrada era inconstitucional. El Gobierno de USA, el de PR, la Junta y varios otros, amparándose en los casos insulares se opusieron. Seis meses después del argumento oral, la Juez Swain falló a favor de la Junta. Pero esa no es la noticia, la noticia es como llegó a esa decisión. Para poder salvar la Junta y por ende el Título III que preside, la Juez Swain revirtió a decir lo que muchos sabíamos y otros ocultaban. El poder del Congreso (no necesariamente de la Junta) sobre PR es total, absoluto y completo, excepto sobre asuntos de derechos fundamentales. ¿Como lo hizo? A la página 15 de su decisión dice así:

 

A federal territory’s “relation to the general government is much the same as that which counties bear to the respective States, and Congress may legislate for them as a State does for its municipal organizations.” First Nat’l Bank v. Yankton Cty., 101 U.S. 129, 133 (1879). Congress can thus amend the acts of a territorial legislature, abrogate laws of territorial legislatures, and exercise “full and complete legislative authority over the people of the Territories and all the departments of the territorial governments.” Id. With respect to territorial governance, Congress exercises the governance powers reserved under the Constitution to the people in respect of state matters. Id. In this sense, Congress occupies a dual role with respect to the territories of the United States: as the national Congress of the United States, and as the local legislature of the territory. See Cincinnati Soap Co., 301 U.S. at 317 (“A [territory] has no government but that of the United States, except in so far as the United States may permit. The national government may do for one of its dependencies whatever a state might do for itself or one of its political subdivisions, since over such a dependency the nation possesses the sovereign powers of the general government plus the powers of a local or a state government in all cases where legislation is possible.”); see also Keller v. Potomac Elec. Power Co., 261 U.S. 428, 442–43 (1923) (recognizing that, in exercising Congress’s substantially identical power over the District of Columbia, Congress had power to create courts “of the District, not only with the jurisdiction and powers of federal courts in the several states, but with such authority as a state (1828) (recognizing the power of Congress to create a territorial court with jurisdiction that could not otherwise have been constitutionally granted to a state court); United States v. McMillan, 165 U.S. 504, 510–11 (1897) (explaining that territorial courts are not “courts of the United States, and do not come within the purview of acts of Congress which speak of ‘courts of the United States’ only,” although Congress exercises the combined powers of the general government, and of a state government with respect to territories and could directly legislate for any territory or “extend the laws of the United States over it, in any particular that congress may think fit.”) may confer on her courts”); Am. Ins. Co. v. 356 Bales of Cotton, 26 U.S. (1 Pet.) 511, 546 (1828) (recognizing the power of Congress to create a territorial court with jurisdiction that could not otherwise have been constitutionally granted to a state court); United States v. McMillan, 165 U.S. 504, 510–11 (1897) (explaining that territorial courts are not “courts of the United States, and do not come within the purview of acts of Congress which speak of ‘courts of the United States’ only,” although Congress exercises the combined powers of the general government, and of a state government with respect to territories and could directly legislate for any territory or “extend the laws of the United States over it, in any particular that congress may think fit.”). (énfasis suplido)

 

A la página 21 da su toque final y resumió así:

 

In summary, Congress has plenary power under the Territories Clause to establish governmental institutions for territories that are not only distinct from federal government entities but include features that would not comport with the requirements of the Constitution if they pertained to the governance of the United States. It has exercised this power with respect to Puerto Rico over the course of nearly 120 years, including the delegation to the people of Puerto Rico elements of its plenary Article IV authority by authorizing a significant degree of local self-governance. Such territorial delegations and structures may, however, be modified by Congress. John R. Thompson, 346 U.S. at 109. (énfasis suplido)

 

Yo fui la primera persona en PR en reportarlo y puse la sentencia  en la web. La prensa Boricua se tardó dos horas en publicar la noticia. Nadie excepto Kike Cruz y Jay Fonseca le dieron la importancia que tiene en los medios. El PPD ha estado mudo todo el fin de semana y algunos de sus miembros han tratado de minimizar su impacto, diciendo que esto se sabía, que es Sánchez Valle light, etc. En realidad, es una explicación fría, destemplada y severa de la relación de PR con el Congreso. No olvidemos que en Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 289-290 (1901) se indica que:

 

The Constitution has undoubtedly conferred on Congress the right to create such municipal organizations as it may deem best for all the territories of the United States, whether they have been incorporated or not, to give to the inhabitants as respects the local governments such degree of representation as may be conducive to the public wellbeing, to deprive such territory of representative government if it is considered just to do so, and to change such local governments at discretion.

 

Cuando se crea el ELA, el PPD y el Gobierno Federal, nos tratan de convencer que esto es algo nuevo, sin precedente y especial. Que era un pacto que no se podía cambiar. El Primer Circuito decidió varios casos sosteniendo esta visión y fue cómplice de la patraña del ELA. A pesar de los casos de Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980) y Califano v. Torres, 435 U. S. 1 (1978), el PPD siguió con la teoría de que el Congreso había relinquished(cedido) su poder para legislar de asuntos internos de PR. Cuando el SCOTUS decidió PR v. Sánchez Valle, 579 U.S. ___ (2016), los apologistas del ELA corrieron a decir que solo aplicaba al asunto de doble exposición, que de hecho el caso sostenía la viabilidad del ELA. Entonces vino PROMESA y el PPD se aferró a que era inconstitucional, pero ni para los guardias lo impugnaron. Ahora que la Juez Swain lo puso de forma tan tajante, no saben que decir, a sabiendas que el caso tiene altas posibilidades de llegar al SCOTUS y que nuevamente la relación colonial de PR se sostenga.

 

El ala soberanista del PPD está de plácemes y continua su asalto por el control del partido. No se que pasará, pero este hito en la historia de PR va a tener un efecto negativo en las aspiraciones del Gobernador de evitar que la Junta le arrebate facultades que entiende son del Gobierno de PR. Después del desastre en la AEE la semana pasada no se si eso sea una mala idea.

 

 

 

 

LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.