Junta de Control Financiero

LOS AUMENTOS DE SALARIO, RICKY Y LA JUNTA

 

 

Ante la realidad del gobierno federal pagando por la reconstrucción de PR, el Gobernador Rosselló inesperadamente duplicó el salario mínimo a los empleados de la construcción a través de orden ejecutiva con la excusa de “justicia social”. Suena más Popular que los mismos Populares. La verdadera razón es electorera; quiere parecer como el campeón de los trabajadores, especialmente cuando acordó con la Junta eliminar la Ley 80 de Despido Injustificado.

 

La Cámara de Comercio rápidamente solicitó a la Junta que se paralizara este aumento. La Junta ya le hizo un recomendación a RR bajo la sección 205 de PROMESA para que paralice este aumento. Aunque la Junta le dio 90-días para responder, el Gobernador nuevamente dice que va a hacer lo que el crea mejor y deja el aumento sobre el tapete.

 

El problema es que bajo la sección 205, el Gobernador tiene que explicarle al Congreso y el presidente por qué. Y luego de hacerlo, la Junta puede establecer esta recomendación como parte del Plan Fiscal y obligar a PR a cumplir. Eso ya esta decidido por la Juez Swain y era lo que yo anticipe iba a ocurrir. Obviamente el Gobernador lo sabe, pero su cálculo político es que tiene que parecer más pro obrero que Thomas Rivera Schatz, cuya legislatura ya radicó su notificación de apelación ante el Primer Circuito. Y aunque es poco probable que ganen, la posibilidad existe.

 

El duplicar el costo de la mano de obra de construcción en PR no aumentará el salario allí solamente, lo hará en otras industrias y encarecerá los bienes y servicios en la isla. Recordemos que la mano de obra es un componente importante de los costos de producción en todas partes, incluyendo PR. He escuchado personas decir que con los salarios más altos en US es necesario hacerlo para mantener a los empleados en PR, pero olvidan que si necesitas empleados, los atraes con mejores salarios y beneficios, pero cuando el Gobierno establece la compensación, se emplean menos personas. Cuando la última vez que se aumentó el salario mínimo, varias personas en construcción me indicaron que iban a despedir personas para cumplir con el.

 

El Gobernador sabe que en los próximos dos años habrá una bonanza de fondos federales. Sabe además que el PPD se enfrenta a un sisma y su competencia no es de ese lado. Su competencia es Thomas Rivera Schatz. La pugna entre ellos es cada día mas abierta. Por ende, todas las acciones que veremos en los próximos dos años serán para asegurar ese frente.

 

Mientras tanto, la pugna con la Junta continuará y continuará la facturación de los bufetes de US, cuyos socios cobran a $1,000 la hora y sus asociados a $700. Todo esto pagado por nosotros. ¿Para que? Para hacer ver bien al Gobernador. Me parece que podemos usar ese dinero en cosas más útiles.

 

 

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LAS CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA

Luego de la aplastante derrota de la Legislatura y el Gobernador ante su reclamo contra la Junta, Ricardo Rosselló indica que no va a cumplir con el presupuesto impuesto. Thomas Rivera Schatz aplaude su idea y lo apoya. ¿Cuales podrían ser las consecuencias de hacer esto?

 

La sección 203 de PROMESA establece el procedimiento. Cada tres meses, el Gobernador tiene que informar a la Junta de los ingresos y gastos del ELA. Si la Junta ve variación con el presupuesto aprobado, notifica de violación, pide explicación y si la explicación no le satisface, establece los remedios y una calendario para remediar las violaciones. Si no se remedian, la sección 203(d) establece así:

 

(d) BUDGET REDUCTIONS BY OVERSIGHT BOARD.—If the Oversight Board determines that the Governor, in the case of any then-applicable certified Instrumentality Budgets, and the Governor and the Legislature, in the case of the then-applicable certified Territory Budget, have failed to correct an inconsistency identified by the Oversight Board under subsection (c), the Oversight Board shall—

(1) with respect to the territorial government, other than covered territorial instrumentalities, make appropriate reductions in nondebt expenditures to ensure that the actual quarterly revenues and expenditures for the territorial government are in compliance with the applicable certified Territory Budget or, in the case of the fiscal year in which the Oversight Board is established, the budget adopted by the Governor and the Legislature; and

(2) with respect to covered territorial instrumentalities at the sole discretion of the Oversight Board—

(A) make reductions in nondebt expenditures to ensure that the actual quarterly revenues and expenses for the covered territorial instrumentality are in compliance with the applicable certified Budget or, in the case of the fiscal year in which the Oversight Board is established, the budget adopted by the Governor and the Legislature or the covered territorial instrumentality, as applicable; or

(B)(i) institute automatic hiring freezes at the covered territorial instrumentality; and

(ii) prohibit the covered territorial instrumentality from entering into any contract or engaging in any financial or other transactions, unless the contract or transaction was previously approved by the Oversight Board.

 

Si el Gobierno no quiere instituir las reducciones de presupuestos, la Junta siempre puede ir bajo la sec. 104 o 108 de PROMESA y solicitarle al Tribunal que se entregue las cuentas del Gobierno. Si la Juez Swain se negase o aún persiste la resistencia del Gobierno, esto traería otros problemas.

 

El propósito del Título III es que el territorio presente, a través de la Junta, un plan de ajuste de sus deudas. Bajo la sec. 314(b)(7) establece que el plan de ajuste tiene que ser consistente con el plan fiscal. Si el plan fiscal no esta en efecto porque el presupuesto no lo esta, no se puede presentar un plan de ajuste. Además, el 11 U.S.C. sec. 930, adoptada en PROMESA establece que, si el plan de ajuste no se radica y esto causa daño a los acreedores, se puede desestimar la quiebra. Igual si la Junta solicita su desestimación o si el plan de ajuste no se puede confirmar. Así que toda esta retórica barata del Gobierno y la Legislatura va a crear problemas mayores y todo para demostrar que están en control del Gobierno. Flaco servicio hará la clase política si continua con esta resistencia.

 

 

 

EL NOMBRAMIENTO DE ELIAS SANCHEZ A LA JUNTA

El Gobernador Electo, Ricardo Rosselló designó al Lcdo. Elías Sánchez como su representante ante la Junta de Supervisión Fiscal. Como nadie puede negar sus méritos para la posición, comenzaron las críticas. Noticel lo llama “el poder detrás del trono”. Rápidamente, el representante Natal dijo que era socio de un bufete de US que representaba bonistas de PR y fue rápidamente desmentido. Luego el representante Natal denigra el hecho que el Lcdo. Sánchez le hizo trabajo a ese bufete. Alegó también que el Lcdo. Sánchez tenía que radicar informes de Ética Gubernamental. Al ser nuevamente desmentido por la Oficina de Ética, el Representante Natal y el Representante Luis Vega Ramos alegadamente radicaron una medida para que así fuese y solicitaron al Gobernador que incluyera el proyecto en la sesión extraordinaria. No solamente es esto ilegal si no hipócrita. Me explico.

El Gobernador Alejandro García Padilla designó a Richard Ravitch como su representante ante la Junta de Supervisión Fiscal. Resulta que Ravitch, justo antes de ser nombrado a la Junta, tenía lazos con la aseguradora de seguros de bonos llamada Build America Mutual (conocida como BAM) Assurance Company, en la que ocupaba un puesto en la Junta Directiva. BAM no posee deuda de Puerto Rico, y de hecho, es de conocimiento público, según la misma, que se niega a asegurar los bonos de Puerto Rico. Mientras tanto, muchos de sus competidores y otras aseguradoras de bonos grandes, como Ambac o Assured Guaranty, están por padecer grandes pérdidas debido a su propia exposición en ciertos escenarios de reestructuración, algo que por supuesto beneficiaría a BAM. Cualquier interpretación razonable concluiría que esta situación presenta un profundo conflicto de intereses para un miembro de la junta responsable de definir gran parte del porvenir de la reestructuración de Puerto Rico. Pero ni Natal ni Vega Ramos dijeron palabra alguna sobre esto. Claro, Ravitch no es PNP.

Finalmente, la Sec. 108(a) de PROMESA que “[n]either the Governor nor the Legislature may—(1) exercise any control, supervision, oversight, or review over the Oversight Board or its activities.” Ya que PROMESA indica que el representante del Gobernador del territorio es miembro de la Junta, esta sección le aplica al Lcdo. Elías Sánchez. Ver, Sec. 101(e)(3) de PROMESA. Y que ni sueñen con enmendar PROMESA. No hay ambiente en el Congreso para revisitar esa ley.

La posición del Lcdo. Elías Sánchez es vital. Su role es explicar y convencer a los otros miembros de la Junta de la corrección de la visión de la Administración del Dr. Rosselló. Su cercanía al Gobernador, su conocimiento de la situación del Gobierno y de PROMESA lo pone en una posición ideal para adelantar los intereses de Puerto Rico.