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La Columna de @jayfonsecapr sobre los Casos en el SCOTUS

 

 

Mi amigo Jay escribe hoy una columna con ribetes apocalípticos sobre lo que puede pasar en el SCOTUS con los dos caso de PR, el de Sánchez y el de Franklin California. La columna tiene errores legales que requiere aclaración. Comencemos con PR v. Sánchez y la doble exposición.

 

Jay nos dice que si el SCOTUS dice que somos un territorio sin jurisdicción, se formará una carrera al Tribunal y el primero que acuse evita que el otro pueda acusar. Incorrecto. Antes que nada, yo he llevado casos de doble exposición en el Tribunal Federal y esa no es la doctrina. Ver, U.S. v. Phisco Ramírez, 884 F.2d 1524 (1st Cir. 1989)(modestia aparte, lo gané). Para que ocurra doble exposición, los delitos de ambas jurisdicciones tienen que tener los mismos elementos. De hecho, en PR v. Sánchez, el Juez Martínez Torres discute que uno de los delitos por los cuales les acusan NO es idéntico al del Tribunal Federal. Lo mismo se dijo en U.S. v. López Andino, 831 F.2d 1164 (1st Cir. 1987), la base del Tribunal Supremo de PR en Puerto Rico v. Castro García, 120 D.P.R. 749 (1988) para afirmar que no existía la doble exposición entre PR y la jurisdicción federal.

 

Además, lo importante NO ES la acusación, si no cuando “jeopardy attaches”. En U.S. v. Bretz, 437 U.S. 28 (1978), el SCOTUS nos dice que el peligro de doble exposición comienza cuando se juramenta al jurado o en casos ante un juez, cuando se juramenta al primer testigo.

 

Más aún, seamos prácticos, los federales son en la inmensa mayoría de los casos los que comienzan los casos y es como añadidura que vienen los estatales. El escenario histérico que presenta Jay simplemente no ocurre en el mundo real que yo veo en mi práctica. Una interesante excepción fue el caso federal contra Pablo Casellas, que fue radicado luego del estatal. Pero los delitos eran diferente y por lo tanto, no había peligro de doble exposición.

 

Finalmente, en el caso de Sánchez Valle, no es que PR no tenga jurisdicción o que este en conflicto con la Constitución federal, es que no tiene, según el Tribunal Supremo de PR y el 11avo Circuito, ver, U.S. v. Sánchez, 992 F.2d 1142 (11th Cir. 1993), soberanía primigenia, o sea, que el poder para penalizar conducta criminal sale del Congreso y no de un poder inherente del Pueblo de PR. O sea, nada que ver con conflicto con la Constitución federal. Es importante tener claros los términos.

 

Así que el caos que adelanta Jay no va a ocurrir. Más aún, al SCOTUS nunca le ha importado el crear caos. No le importó el desegregar las escuelas en el sur, Brown v. Board of Education, permitir los matrimonios interraciales, Loving v. Virginia, declarar opcionales los federal sentencing guidelines, Booker v. U.S., declarar leyes criminals inconstitucionales, Johnson v. U.S., declarar el matrimonio entre personas del mismo sexo un derecho constitucional, Obergefell v. Hodges.

 

En cuanto a Franklin California, Jay nos dice:

 

El juez apelativo Torruella, en una opinión disidente brillante, dijo que cuando el Congreso le quitó en 1984 acceso a la ley de quiebras federal a Puerto Rico, lo hizo inconstitucionalmente. La Corte Suprema federal decidirá si Puerto Rico actuó legalmente o el Congreso actuó ilegalmente. Todo nuestro futuro económico depende de esta decisión. Porque si ellos deciden que Puerto Rico no puede hacer su propia ley de quiebras y el Congreso puede quitarle acceso a la ley de quiebras federal, eso implica que Puerto Rico no tiene forma de obligar a los bonistas a negociar porque no tendríamos ley de quiebra alguna.

 

Esto tristemente no es correcto. En primer lugar, la opinión del Juez Torruella no es disidente. El concurre con el resultado. De hecho, su opinión, NADA TIENE QUE VER CON LOS ISSUES DEL CASO. Ante el Juez Besosa y luego el Primer Circuito estaba el issue si PR podía hacer una ley de quiebras criolla ya que el no le aplicaba el Capítulo 9 de Quiebras Federal. En los briefs de PR o la AEE, ante el juez Besosa y el Primer Circuito, ni en la petición de certiorari, NUNCA se levantó el issue de la inconstitucionalidad del Congreso excluir a PR del Capítulo 9 (en su brief of amicus curie, amigo de la corte, el Senador Bhatia si lo levantó) Por ende, este argumento esta renunciado (forfeited). Ver, Sprietsma v. Mercury Marine, 537 U. S. 51, n. 4 (2002) y U.S. v. Jones, 132 S.Ct. 945 (2012). Así que lo único que puede decidir el SCOTUS es si PR puede hacer su propia ley. De hecho, la única pregunta que hizo PR para que se expidiera el certiorari que fue expedido fue:

Whether Chapter 9 of the federal Bankruptcy Code, which does not apply to Puerto Rico, nonetheless preempts a Puerto Rico statute creating a mechanism for the Commonwealth’s public utilities to restructure their debts.

Moraleja, hay que leer todos los briefs y no confiar en lo que dice la prensa o en la propaganda del Gobierno. Además, hay muchas cosas que no se aprenden en la escuela de derecho.

 

Más aún, como he dicho múltiples veces el Capítulo 9 no resuelve los problemas de PR. Lo que ocurre es que Jay, como ciertos sectores de PR, quiere bajar la deuda de PR mucho más de lo que se ha logrado en negociación y que se joroben los bonistas. Se olvida que muchos de los bonistas son boricuas y los que no lo son, eligen Congresistas.

 

Finalmente, Jay nos habla de que hay que hacer límites a los donativos a los políticos y nos habla sobre todas las cosas que se hacen en otros países. El problema es que PR es un territorio de los USA. Mientras lo sea, le aplica la Constitución Federal y los casos de Citizens United v. FEC, 558 U.S. 310 (2010) y McCutcheon v. FEC, 572 U.S. ___ (2014) que indica que contribuir a una campaña política es un derecho bajo la Primera Enmienda. Y el decir que los partidos renuncien voluntariamente carece de sentido ya que el derecho es del contribuyente, no del político. Si el candidato no quiere aceptar el donativo, puede pasar a un SuperPac creado por el contribuyente. La realidad de la corrupción es que no existe la voluntad del Gobierno de turno, que conoce lo que pasa, de acusar y meter preso a los políticos. No es la contribución de dinero per se. Moraleja, no soñemos con pajaritos preñados.

 

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El VALOR DE LA DISIDENCIA II

Hace unos meses publique aquí una columna titulada El Valor de la Disidencia.  Ahora vuelvo a la carga con el tema.

La sociedad puertorriqueña es, y siempre ha sido autoritaria. Más de 500 años de coloniaje, más la herencia musulmana/española que señalaba Octavio Paz en su obra El Ogro Filantrópico, nos ha dejado así. Es tiempo de cambiar. No es por casualidad que la Primera Enmienda de la Constitución del los USA, carta magna para limitar el poder del gobierno, hable de la libertad de expresión. La disidencia es vital para la democracia. Un buen ejemplo es el ex-gobernador Aníbal Acevedo Vilá quien propone que cuando demanden a PR por el impago, se demande también a USA. Yo difiero totalmente del ex-gobernador por razones procesales. Si demandas a USA en el Tribunal de Primera Instancia, lo van a remover al Tribunal Federal por que al Gobierno de USA no se le puede demandar en la corte estatal ni territorial. Si lo demandas en la Corte Federal, radicará moción de desestimación ya que no existe teoría legal alguna que implique el consentimiento del soberano a ser demandado por las razones que expone el letrado y por que no existe teoría legal alguna que haga responsable a USA por la deuda de PR. Y el ex-gobernador lo sabe ya que fue law clerk de un Juez del Primer Circuito.

Por lo tanto, todo esto no es más que maniobras políticas de poco o ningún valor. PERO, el ex-gobernador tiene derecho como ciudadano a opinar y esto trae más discusión del tema del estatus, que es saludable para acabar con la colonia. Así que bienvenido sea su discurso, por equivocado que esté.

Esto me trae a otra disidente. Carmen Jovet es una periodista de muchos años. Su amor por PR es claro y diáfano. Por razones que todos conocemos, ella acepto, junto con el Dr. Elías Gutiérrez, PPD de toda la vida, a ser portavoz de Main Street Bondholders Coalition, un proyecto de 60 Plus Association. El propósito de Main Street Bondholders es que el Gobierno de PR respete el pago de los GO’s que tienen rango preferente de pago bajo el Artículo VI, secciones 2 y 8 de la Constitución de PR. Así que en realidad lo que piden es que el Gobernador cumpla con la Constitución que juró defender. Por ende, es incorrecto, como he escuchado a varios políticos decir, que esta coalición le hace daño a PR. El intento de acallarlos ha llegado al nivel de insultos a Carmen Jovet y al Dr. Gutiérrez (pseudo economista es el más insultante que he escuchado). Otros, tal vez más elegantes, han conectado 60 Plus Association a los hermanos Koch, multibillonarios conservadores de USA que parecen ser Satanás, Shaitaan y שטן (interesantemente, en hebreo esto quiere decir “aquel que resiste”) todos en uno. Parece que algunos olvidan que todos tenemos derecho a llevar quejas y agravios al gobierno, Artículo II, sección 4 de Constitución de PR y la Primera Enmienda del Constitución de USA. Discutamos los méritos de lo que se dice y no diabolizemos a los disidentes pues la próxima vez serán ustedes.

Los Tratadistas: Lo Que No Te Enseñan En la Escuela de Derecho

Tengo que admitirlo, llevo muchos años de abogado. Estudie en la Universidad de Puerto  Rico entre 1979-1982. Tomé cursos de propiedad, obligaciones y contratos, familia, hipotecario, etc., todos basados en un Código Civil que vino de España y su última edición fue en 1930 y viene de una tradición civilista, ajena al Common Law de USA-Inglaterra.

 

Para que entiendan los no iniciados en estas lides, la diferencia mayor entre el Common Law y el Derecho Civil de Europa Continental es que en la primera buscas la respuesta en los casos y en el segundo en los tratadistas. Estos señores, si señores, aún hoy en día no conozco de mujeres tratadistas (aunque las debe haber). Son usualmente profesores universitarios que publican libros que comentan los artículos de los diferentes códigos civiles. En mi época el de moda era Puig Brutau (Puge, no Puig como se pronuncia aquí y Brutó, no Brutau). Hoy en día el de moda es Albaladejo. Sus comentarios son persuasivos en los Tribunales que interpretan el Código Civil de Puerto Rico, sean estatales o federales.

 

Si leen los casos de Puerto Rico verán los tratadistas, también conocidos como la doctrina, citados ahí y hasta en los del Primer Circuito Federal. El Juez Breyer, ahora en el Supremo Federal, gustaba de hacerlo. Me dijo en uno de sus múltiples viajes a la isla que el gustaba la diversidad de ciudadanía para la jurisdicción por que así aprendía del derecho de otros estados.

 

Estos nombres suelen ser jocosos, como Scaevola (Sebola se pronuncia), Manresa, Castán Tobeñas, Ennecherus (alemán), Díaz Picazo, Santos Briz, Royo Martínez, Puig Peña, Terreza Martorell, Mosset Iturraspe, de los Mozos, Wieacker, de Cupis (italiano) y muchos otros. En el pleito de Dupont estaba a cargo de este departamento y los traductores requerían paga adicional si había que traducirlos.

 

En la práctica moderna, existen partes del Código Civil que no han sido interpretados por el Tribunal Supremo de PR y los abogados tenemos que recurrir a estos caballeros que con un castellano fino y de difícil entendimiento. Recientemente un Trustee de Quiebras me contrató para recobrar dinero que estaba depositado en el Tribunal de Puerto Rico. El asunto tenía que ver con un artículo del Código Civil que no ha sido interpretado por el Tribunal Supremo y como se dice en el argot, baje los tratadistas y el juez me dio la razón. Luego durante el Pretrial, el juez le hace una pregunta sobre un asunto a los otros abogados que se quedaban en el pleito y estos se miraron sin saber que responder. Le digo al Juez, “Vuestro Honor, Albaladejo en esta revista jurídica contesta la pregunta.” El Juez me mira y me dice “Licenciado, es que yo no entiendo a los tratadistas” y los dos abogados se unen en el coro. Tuve que morderme la lengua para no decir “Entonces ¿cómo y para que es juez?”

 

Esta no es la primera vez que me encontré con ignorancia oficial de asuntos legales españoles. Las sentencias del Tribunal Supremo Español, por ejemplo, son persuasivas también. Un día hace como 20 años le pido a mi law clerk “Mira, vete a la biblioteca del Tribunal Supremo y busca la Sentencia Aranzadi número tal y tal.” Me llama de allí y me dice, “John, no saben de lo que tu estas hablando.” Tuve que tomar el auto e ir a explicarles como conseguir el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Aranzadi lo que quería.

 

Estas son parte de las aventuras de ser abogado en Puerto Rico.