PR Chapter 9

LOS BONOS DE NAVIDAD

LOS BONOS DE NAVIDAD

 

El Gobierno de Alejandro García Padilla nos indica que no tiene los fondos para pagar los bonos de navidad. Esto es muy triste para los padres que contaban con eso para comprar regalos de navidad y hacer sus reuniones familiares. Esto se complica con la realidad de tener que pagar $902 millones en bonos en enero de 2016.

 

Ante esta situación, algunos gremios magisteriales reclaman que van a demandar al gobierno ya que el pago del bono es una obligación de una ley especial. Si demandan, sin embargo, el emibigarramiento de la prelación de la deuda del gobierno de PR puede al fin decidirse. Me explico.

 

El Artículo VI, sección 8 de la Constitución de PR http://www.lexjuris.com/lexprcont.htm dice claramente:

 

Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.

Se desprende de la Constitución, que primero se paga la deuda pública. ¿Pero cual es el orden de prelación establecido por ley? La Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto provee la respuesta. Su Artículo 4(c) dice así:

En armonía con la Sección 8, Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proceder conforme a las siguientes normas de prioridad en el desembolso de fondos públicos, cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año. Podrá delegar las mismas en el Director de Gerencia y Presupuesto:

 

(1) Ordenar el pago de los intereses y amortizaciones correspondientes a la deuda pública.

(2) Ordenar que se atiendan los compromisos contraídos en virtud de contratos legales en vigor, sentencias de los tribunales en casos de expropiación forzosa, y obligaciones ineludibles para salvaguardar el crédito, y la reputación y el buen nombre del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(3) Ordenar que con cargo a las asignaciones para gastos ordinarios se atiendan preferentemente los desembolsos relacionados con:

(A) La conservación de la salud pública

(B) La protección de personas y de la propiedad,

(C) Los programas de instrucción pública,

(D) Los programas de bienestar público,

(E) El pago de las aportaciones patronales a los sistemas de retiro y el pago de pensiones a individuos concedidas por leyes especiales y luego los demás servicios públicos en el orden de prioridades que el Gobernador determine, disponiéndose que los desembolsos relacionados con los servicios aquí enumeradas no tendrán prelación entre sí sino que podrán atenderse en forma simultánea; Disponiéndose, además, que los ajustes por reducción podrán hacerse en cualquiera de las asignaciones para gastos ordinarios incluyendo las áreas de servicios indicadas en este inciso.

 

(4) Ordenar que se construyan las obras o mejoras permanentes cuyos contratos hayan sido debidamente formalizados; Disponiéndose que se dará preferencia a obras de emergencia motivadas por catástrofes o actos de la naturaleza, accidentes fortuitos; y luego se procederá a la ejecución de aquellas que mejor respondan al desenvolvimiento de la vida normal y económica de Puerto Rico.

(5) Ordenar que se atienda el pago de los contratos y compromisos contraídos con cargo a asignaciones especiales de funcionamiento y luego se atienda preferentemente aquellas fases de los programas que están en proceso de desarrollo o en una etapa de planificación cuya posposición afecte directa o indirectamente los intereses de la clientela servida por el programa.

En otras palabras, el pago de los bonos navideños caerían bajo la E y con mucha suerte, con respecto a la salud pública (Depto. Salud), protección de personas y propiedad (policía, etc.), instrucción pública (maestros) y bienestar público (lo que esto quiera decir).

En arroz y habichuelas, el Gobierno tendría que demostrar que para cumplir con la Constitución y esta prelación de créditos, no le da el dinero para pagar los bonos de navidad. Por ende, el Tribunal de Primera Instancia y tal vez el Tribunal Supremo de PR tendría que interpretar esta sección de la Constitución y su interacción con la ley. Tendría, además, que evaluar la interpretación muy acomodaticia del Gobierno de que la salud pública, seguridad e instrucción pública tiene prioridad Constitucional vis a vis una simple ley de la Legislatura. Esto podría unirse a reclamación de bonistas de haber un impago parcial o total de la deuda en enero. Y el Capítulo 9 salva al gobierno de este lío.

 

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La Columna de @jayfonsecapr sobre los Casos en el SCOTUS

 

 

Mi amigo Jay escribe hoy una columna con ribetes apocalípticos sobre lo que puede pasar en el SCOTUS con los dos caso de PR, el de Sánchez y el de Franklin California. La columna tiene errores legales que requiere aclaración. Comencemos con PR v. Sánchez y la doble exposición.

 

Jay nos dice que si el SCOTUS dice que somos un territorio sin jurisdicción, se formará una carrera al Tribunal y el primero que acuse evita que el otro pueda acusar. Incorrecto. Antes que nada, yo he llevado casos de doble exposición en el Tribunal Federal y esa no es la doctrina. Ver, U.S. v. Phisco Ramírez, 884 F.2d 1524 (1st Cir. 1989)(modestia aparte, lo gané). Para que ocurra doble exposición, los delitos de ambas jurisdicciones tienen que tener los mismos elementos. De hecho, en PR v. Sánchez, el Juez Martínez Torres discute que uno de los delitos por los cuales les acusan NO es idéntico al del Tribunal Federal. Lo mismo se dijo en U.S. v. López Andino, 831 F.2d 1164 (1st Cir. 1987), la base del Tribunal Supremo de PR en Puerto Rico v. Castro García, 120 D.P.R. 749 (1988) para afirmar que no existía la doble exposición entre PR y la jurisdicción federal.

 

Además, lo importante NO ES la acusación, si no cuando “jeopardy attaches”. En U.S. v. Bretz, 437 U.S. 28 (1978), el SCOTUS nos dice que el peligro de doble exposición comienza cuando se juramenta al jurado o en casos ante un juez, cuando se juramenta al primer testigo.

 

Más aún, seamos prácticos, los federales son en la inmensa mayoría de los casos los que comienzan los casos y es como añadidura que vienen los estatales. El escenario histérico que presenta Jay simplemente no ocurre en el mundo real que yo veo en mi práctica. Una interesante excepción fue el caso federal contra Pablo Casellas, que fue radicado luego del estatal. Pero los delitos eran diferente y por lo tanto, no había peligro de doble exposición.

 

Finalmente, en el caso de Sánchez Valle, no es que PR no tenga jurisdicción o que este en conflicto con la Constitución federal, es que no tiene, según el Tribunal Supremo de PR y el 11avo Circuito, ver, U.S. v. Sánchez, 992 F.2d 1142 (11th Cir. 1993), soberanía primigenia, o sea, que el poder para penalizar conducta criminal sale del Congreso y no de un poder inherente del Pueblo de PR. O sea, nada que ver con conflicto con la Constitución federal. Es importante tener claros los términos.

 

Así que el caos que adelanta Jay no va a ocurrir. Más aún, al SCOTUS nunca le ha importado el crear caos. No le importó el desegregar las escuelas en el sur, Brown v. Board of Education, permitir los matrimonios interraciales, Loving v. Virginia, declarar opcionales los federal sentencing guidelines, Booker v. U.S., declarar leyes criminals inconstitucionales, Johnson v. U.S., declarar el matrimonio entre personas del mismo sexo un derecho constitucional, Obergefell v. Hodges.

 

En cuanto a Franklin California, Jay nos dice:

 

El juez apelativo Torruella, en una opinión disidente brillante, dijo que cuando el Congreso le quitó en 1984 acceso a la ley de quiebras federal a Puerto Rico, lo hizo inconstitucionalmente. La Corte Suprema federal decidirá si Puerto Rico actuó legalmente o el Congreso actuó ilegalmente. Todo nuestro futuro económico depende de esta decisión. Porque si ellos deciden que Puerto Rico no puede hacer su propia ley de quiebras y el Congreso puede quitarle acceso a la ley de quiebras federal, eso implica que Puerto Rico no tiene forma de obligar a los bonistas a negociar porque no tendríamos ley de quiebra alguna.

 

Esto tristemente no es correcto. En primer lugar, la opinión del Juez Torruella no es disidente. El concurre con el resultado. De hecho, su opinión, NADA TIENE QUE VER CON LOS ISSUES DEL CASO. Ante el Juez Besosa y luego el Primer Circuito estaba el issue si PR podía hacer una ley de quiebras criolla ya que el no le aplicaba el Capítulo 9 de Quiebras Federal. En los briefs de PR o la AEE, ante el juez Besosa y el Primer Circuito, ni en la petición de certiorari, NUNCA se levantó el issue de la inconstitucionalidad del Congreso excluir a PR del Capítulo 9 (en su brief of amicus curie, amigo de la corte, el Senador Bhatia si lo levantó) Por ende, este argumento esta renunciado (forfeited). Ver, Sprietsma v. Mercury Marine, 537 U. S. 51, n. 4 (2002) y U.S. v. Jones, 132 S.Ct. 945 (2012). Así que lo único que puede decidir el SCOTUS es si PR puede hacer su propia ley. De hecho, la única pregunta que hizo PR para que se expidiera el certiorari que fue expedido fue:

Whether Chapter 9 of the federal Bankruptcy Code, which does not apply to Puerto Rico, nonetheless preempts a Puerto Rico statute creating a mechanism for the Commonwealth’s public utilities to restructure their debts.

Moraleja, hay que leer todos los briefs y no confiar en lo que dice la prensa o en la propaganda del Gobierno. Además, hay muchas cosas que no se aprenden en la escuela de derecho.

 

Más aún, como he dicho múltiples veces el Capítulo 9 no resuelve los problemas de PR. Lo que ocurre es que Jay, como ciertos sectores de PR, quiere bajar la deuda de PR mucho más de lo que se ha logrado en negociación y que se joroben los bonistas. Se olvida que muchos de los bonistas son boricuas y los que no lo son, eligen Congresistas.

 

Finalmente, Jay nos habla de que hay que hacer límites a los donativos a los políticos y nos habla sobre todas las cosas que se hacen en otros países. El problema es que PR es un territorio de los USA. Mientras lo sea, le aplica la Constitución Federal y los casos de Citizens United v. FEC, 558 U.S. 310 (2010) y McCutcheon v. FEC, 572 U.S. ___ (2014) que indica que contribuir a una campaña política es un derecho bajo la Primera Enmienda. Y el decir que los partidos renuncien voluntariamente carece de sentido ya que el derecho es del contribuyente, no del político. Si el candidato no quiere aceptar el donativo, puede pasar a un SuperPac creado por el contribuyente. La realidad de la corrupción es que no existe la voluntad del Gobierno de turno, que conoce lo que pasa, de acusar y meter preso a los políticos. No es la contribución de dinero per se. Moraleja, no soñemos con pajaritos preñados.

 

El Estatus y los Casos Ante el SCOTUS

En este término, el Tribunal Supremo de USA (SCOTUS) concedió dos certioraris a petición del Gobierno de PR, PR v. Sánchez, sobre la 5ta enmienda y PR v. Franklin California (dos casos consolidados en uno) sobre la quiebra criolla. Ya varios líderes del PNP están hablando de que esta es una oportunidad para que el SCOTUS determine “si las reglas en un territorio, propiedad de los Estados Unidos y poblado por ciudadanos americanos, deben seguir siendo distintas, como lo determinó hace un siglo un Supremo plagado de jueces racistas y segregacionistas de la época” Respetuosamente discrepo de la Representante.

El SCOTUS emite certioraris para contestar las preguntas que entiende pertinente contestar basados en la petición que se le hace. Hay ocasiones que se le presentan 2 o más preguntas y escoge solo una. En los casos de PR, estas fueron las preguntas presentadas y las que contestarán.

PR v. Franklin California

Whether Chapter 9 of the federal Bankruptcy Code, which does not apply to Puerto Rico, nonetheless preempts a Puerto Rico statute creating a mechanism for the Commonwealth’s public utilities to restructure their debts.

Acosta Febo v. Franklin California

Whether chapter 9 of the federal Bankruptcy Code, which does not apply to Puerto Rico, nonetheless preempts a Puerto Rico statute creating a mechanism for the Commonwealth’s public utilities to restructure their debts.

PRv. Sánchez

Whether the Commonwealth of Puerto Rico and the Federal Government are separate sovereigns for purposes of the Double Jeopardy Clause of the United States Constitution.

Como verán, en los primeros dos casos, el issue es si PR puede hacer su propia ley de quiebra criolla. Subyacente a esta pregunta está si los estados que no permiten a sus municipalidades acogerse el Capítulo 9 (11 USC sec. 109(c) requiere que la ley del estado expresamente permita a cada entidad acogerse al Capítulo 9) hacer su propia ley de liquidación. Así que hasta cierto punto, aunque la opinión de la Juez Lynch del 1er Circuito trata a PR como un territorio, el issue es más grande en términos de si el territorio o estado conflige con un campo ocupado federal. Por lo tanto, el issue territorial no es el issue más importante ya que es claro que PR es un territorio.

En cuanto a PR v. Sánchez, el issue es más sobre el estatus. ¿Hubo un cambio de estatus en 1952 o fue simplemente unos poderes delegados por el Congreso a PR? Aquí, el SCOTUS puede decidir que PR es algo especial y fabuloso, no sujeto a la clausula territorial, como cree el Juez Breyer, ver, Córdova & Simonpietri Ins. Agency, Inc. v. Chase Manhattan Bank, N.A., 649 F.2d 36 (1st Cir. 1981) y Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974). El único obstáculo es la Constitución misma y Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980). El SCOTUS podría decir, además, que PR es un territorio de los USA y nada más como dijo en Puerto Rico v. Shell Co. (P.R.), 302 U.S. 253 (1937). El SCOTUS no tiene que entrar a discutir si PR como territorio no incorporado, que es lo que se introdujo con los casos insulares, tiene soberanía propia ya que los territorios como Utah si tenían soberanía que emanaba del Congreso, ver Thompson v. Utah, 170 U.S. 343 (1898). El SCOTUS también podría decir que PR es algo especial y aunque sigue siendo un territorio, para efectos de la 5ta Enmienda, tiene soberanía primigenia y no procede la doble exposición.

En síntesis, para decidir los casos antes si, el SCOTUS no tiene que tocar el issue de si PR es un territorio incorporado o no. Más aún, el SCOTUS si podría darle más vida al ELA moribundo si decide que si, que es un estatus especial y único, aunque dudo mucho lo haga. Además, la tradición de no salirse de los issues a los cuales se les concedió certiorari es fuerte, aunque en raras ocasiones se salen de ahí. Estas dos decisiones serán de gran importancia para destruir o fortalecer el ELA más no para levantar el discrimen de los casos insulares desgraciadamente.