PROMESA LITIGATION

EL SENADO NO DEROGA LA LEY 80, ¿ Y AHORA QUE?

 

 

Ya el Senado ha hecho claro que no va a derogar la Ley 80. La pregunta es ¿que va a pasar ahora? Obviamente depende de la Junta. Si quiere, la Junta reimpone el plan fiscal anterior, donde eliminaba los bonos de navidad y reducía otras partidas en el Gobierno, va a donde la Juez Swain bajo las secciones 104(k) y 108(a)(2) de PROMESA pidiendo se suspenda la operación de la Ley 80, ya que, en su determinación, esta ley derrota los propósitos de PROMESA. O la Junta puede simplemente hacer nada.

 

Me parece que eso último es lo que Thomas Rivera Schatz esta apostando, que la Junta, luego de la derrota con el nombramiento de Zamot y el préstamo de la AEE, tiene miedo a que la Juez Swain no le conceda lo que quiere. Si la Junta nada hace, TRS habrá sería el triunfador sobre la todopoderosa Junta y por ende un héroe en PR. La gobernación estaría a su alcance.

 

Si la Junta decide reducir el presupuesto e ir al Tribunal, ya TRS ha dicho que ha consultado a los abogados en el Senado para impugnarlo en el Senado. No se que abogados son, pero con su presupuesto asumo que habla de abogados experimentados en casos constitucionales en el Tribunal Federal. Claro, me parece que el Senado y aún la Legislatura, carecen de standing para impugnar actuaciones de la Junta, ver, Raines v. Byrd, 521 U.S. 811 (1997). Interesantemente, el amigo Luis Vega Ramos ha indicado que, si el presupuesto es alterado por la Junta, también acudirá al Tribunal. Pero les recuerdo a los que sueñan con declarar la Junta inconstitucional, si se va la Junta, se va el Título III, ver sección 3 de PROMESA.

El problema con todo esto es que bajo la sección 202(e)(3), la Junta puede certificar su propio presupuesto y el Tribunal carece de jurisdicción para revisar las certificaciones de la Junta, ver sección 106(e) de PROMESA. Esta revisión solo se dará en el momento del plan de ajuste, que esta lejos de ser radicado. Más aún, la eliminación de la Ley 80 esta en el plan fiscal y si la Junta desea pelear el asunto, no dudo que la Juez Swain avale cualquier reducción del presupuesto.

Si mi análisis es el correcto, se preguntarán, ¿por qué TRS hizo lo que hizo? Sencillo, si tiene razón, es un héroe, pero si pierde, es un héroe también. Es lo que llamamos un win-win situation. Muchas personas en PR quieren eliminar la Junta ya que les afecta sus prebendas y hasta el momento los únicos en hacerlo son las uniones y la Asociación de Profesores de Mayagüez. Van a aplaudir a cualquiera que lo haga, por fútil que sea el esfuerzo y lo único que les importa a los políticos es la reelección.

¿Que consecuencias puede tener todo esto?  Esencialmente, el atrasar la radicación del plan de ajuste. El propósito del Título III es la certificación por el Tribunal del plan de ajuste que explica como se “ajustan” las deudas y como se van a pagar. Este documento en el caso de Detroit fue de  más de 600 páginas y tardó 9 meses desde su radicación en ser aprobado. Aquí sería más largo y tardaría más tiempo en ser certificado. Sin embargo, mientras haya luchas legales sobre el plan fiscal, no se puede presentar el plan de ajuste ya que este último tiene que estar basado en el plan fiscal, sección 314(b)(7) de PROMESA. La mayoría de los bonistas no han recibido pago desde 1 de julio de 2016 y el caso de Título III del ELA ya tiene 13 meses de radicado. Los casos más grandes de Capítulo 9, en lo que se basa PROMESA, han durado un máximo de 25 meses. En mayo de 2018, Natalie Jaresko indicó que el plan de ajuste se radicaría en año a año y medio, queriendo decir que los bonistas no habrán recibido pago por más de tres años. Pocos mencionan que el 11 U.S.C. § 930(a)(2), adoptado en PROMESA por la sección 301, indica que la petición de quiebras podrá ser desestimada luego de notificación y vista, por “unreasonable delay by the debtor that is prejudicial to creditors.” Falta de pago por 3 años podría ser ese factor determinante. Y si se desestima la petición de Título III, no hay el stay. Recordemos que PR paga las pensiones porque no paga la deuda.

 

 

 

Advertisements

LAS IDEAS LOCAS QUE PROVOCA LA JUNTA

 

 

El colega Aníbal Acevedo Vilá publicó un columna en el Nuevo Día sobre la inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y varios adeptos del Gobierno se la celebraron. Como es mi costumbre, leí los casos y luego de analizarlos, tengo que diferir.

 

La tesis del colega Acevedo Vilá es que el Congreso, al darle poderes legislativos y ejecutivos a la Junta de Supervisión Fiscal, viola la separación de poderes con el Gobierno de Puerto Rico. Cita a un caso del Supremo Federal sobre Filipinas (sin decir el nombre) y al caso de Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1974) para adelantar la idea de que la separación de poderes es de extrema importancia y que por ende el Congreso se excedió de sus facultades al darle esos poderes a la JSF y por lo tanto la misma es inconstitucional. Difiero.

 

El caso de Filipinas, Springer v. Government of the Phillipines Islands, 277 U.S. 189 (1928) efectivamente menciona la importancia de la separación de poderes ya que la legislación que le proveyó a las islas su gobierno propio, como en PR, se copió de la Constitución Federal. Sin embargo, la pugna en Springer era entre el Gobernador de Filipinas y la Legislatura sobre la interpretación de la legislación de gobierno propio de las islas. No era sobre el poder del Congreso para legislar sobre las islas. El caso de Buckley también trata de la separación de poderes, pero entre el Congreso y el presidente, no sobre el poder del Congreso para legislar sobre los territorios.

 

En PR, la separación de poderes es tan importante que el Congreso le impuso dos requisitos a PR para tener constitución, una Carta de Derechos y que forma republicana de Gobierno, ver, Artículo I, sección 2 de la Constitución de PR. Forma republicana de gobierno no es más que la separación de poderes, ver, Misión Industrial v. Junta de Planificación de Puerto Rico, 146 D.P.R. 64 (1998) y Guzmán Vargas v. Calderón, 164 D.P.R. 220 (2005).

 

Ciertamente, el Congreso no puede afectar los derechos fundamentales de los puertorriqueños y esto es así desde antes del caso de Springer ya que, en Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922), el Supremo Federal así lo sentenció. Pero no existe caso alguno que indique que los ciudadanos de los territorios tienen un derecho constitucional a gobierno propio. Todo lo contrario, en Downes v. Bidwell, 183 U.S. 244, 289-290 (1901), el Supremo Federal dijo:

 

The Constitution has undoubtedly conferred on Congress the right to create such municipal organizations as it may deem best for all the territories of the United States, whether they have been incorporated or not, to give to the inhabitants as respects the local governments such degree of representation as may be conducive to the public wellbeing, to deprive such territory of representative government if it is considered just to do so, and to change such local governments at discretion. (Énfasis suplido)

 

Claramente el Supremo Federal ha indicado que el Congreso puede conceder gobierno propio, o quitarlo a su antojo. Así que, en respuesta al colega, SI, el Congreso puede legislar para que PR sea gobernado por un rey o un gobernador vitalicio.

 

Más aún, como el colega Acevedo Vilá no está envuelto en el caso de la quiebra de PR, tal vez no sabe que Aurelius y la Utier argumentan que el nombramiento de los miembros de la Junta, no la ley PROMESA, fue hecho inconstitucionalmente ya que el presidente tuvo que utilizar una lista de candidatos del Congreso y usan el caso de Buckley como parapeto. La Junta y el Gobierno de PR ambos argumentan que el caso de Buckley y la doctrina de los nombramientos presidenciales (appointments clause) no son aplicables a los territorios y tal vez tengan razón. Eso lo decidirá la Juez Swain.

 

Finalmente, si el colega entiende que su teoría tiene validez, lo único que tiene que hacer es buscar un cliente y presentar su caso. Y de paso, puede añadir su teoría de que el Gobierno Federal es responsable de la deuda de su territorio, aunque sea totalmente contrario a 48 U.S.C. § 795 que dice:

 

All expenses that may be incurred on account of the government of Puerto Rico for salaries of officials and the conduct of their offices and departments, and all expenses and obligations contracted for the internal improvement or development of the island, not, however, including defenses, barracks, harbors, lighthouses, buoys, and other works undertaken by the United States, shall, except as otherwise specifically provided by the Congress, be paid by the treasurer of Puerto Rico out of the revenue in his custody.

 

A la verdad que PROMESA ha provocado ideas bien locas entre los políticos.

 

LA TRIFULCA VENIDERA

 

La Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho que va a certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo del corriente. La Junta revisó el plan fiscal que el Gobierno le entregó el 24 de enero y solicitó cambios;  entre ellos más reforma laboral, reforma fiscal, y muchos otros. Específicamente, la Junta requirió que aquellas pensiones donde el pensionado recibe del gobierno y Seguro Social más de $1,000 se reduzca en 25% para una reducción que sume el 10% del Sistema. En cuanto a los empleados públicos, la Junta requiere “that the Proposed Plan include specific reference to services that can be reduced, eliminated, externalized, or taken over by other entities, as well as which types of employees are currently fulfilling those services. Further, the Proposed Plan must include a specific implementation plan and timeline for such agency rightsizing.”

Como era de esperarse, el plan fiscal que envió el Gobernador a la Junta carece de todos estos elementos por la obvia razón del costo político de cumplir con la encomienda. ¿Que hará la Junta? Con toda probabilidad anunciará el 30 de marzo que el plan fiscal del gobierno no cumple con lo que ha requerido y certificará su propio plan fiscal que incluirá lo antes mencionado. ¿Que hará el Gobierno de Rosselló? Argumentará que no hay que hacerlo, que hay los fondos, se rehusará a cumplir con una retórica que haría orgulloso a Rubén Berríos. La Junta tendrá que demandar a Rosselló como ya lo hizo y solo otro huracán salvará al Gobierno de tener que cumplir con lo indicado en el plan fiscal impuesto por la Junta.

Ya la Juez Swain ha indicado que carece de jurisdicción para revisar el plan fiscal aprobado por la Junta. Más aún, cuando Martin Bienestock comenzó su argumento oral para imponer a Noel Zamot como CEO de la AEE, la Juez Swain le preguntó si era su contención que esta última no estaba cumpliendo con el plan fiscal. Bienestock dijo que no y lo demás es historia. Si la Junta incluye reducción de jornada y de pensiones en el plan fiscal, no me cabe duda que la Juez Swain los va a hacer cumplir. Recordemos que en la quiebra de Detroit también se redujeron las pensiones en 10% y en Chrysler se redujeron mucho más.

Quiero mencionar un detalle del plan fiscal de la AEE y la AAA, ninguno de los cuales ha sido hecho público por el “Gobierno de la Transparencia”. He mencionado en las redes sociales que el Proyecto de ley para la venta de la AEE es sumamente escueto sobre los asuntos importantes de la venta y el Gobernador y algunos senadores indican su preferencia por alianzas público privadas. Por el otro lado, el Sr. Carrión ha sido muy claro al indicar que la AEE se debe vender, algo con lo que concuerdo. ¿La pregunta es si como probablemente ocurra con al plan fiscal del ELA, la Junta impone el suyo en la AEE y éste requiere la venta de la misma, ¿si esto hace el Proyecto superfluo? Esto definitivamente traerá malestar entre la Junta y el ELA, aumentando enormemente los gastos en el caso de la quiebra de PR. Como le indiqué a todos lo que clamaban porque se radicará el Título III y ahora se quejan del costo, be careful what you wish for, you may get it.

Finalmente, y hablando de gastos, quiero mencionar el pleito radicado por la Comisión de Energía contra la Junta para que no pueda certificarse plan fiscal de la AEE sin la aprobación del ente regulador. Resulta que los abogados de la Comisión de Energía, que incluye a uno de USA, Scott Hempling, los abogados de la Junta, de AFFAF y del UCC, TODOS son pagados por lo contribuyentes de PR. Para colmo de males, nada de lo que se esta litigando tendrá utilidad alguna para los contribuyentes, aún si gana la Comisión. Es todo un “pissing contest” sobre quien determinará la transformación de la AEE. Pérdida de tiempo y de recursos que demuestra que los que clamaban por la quiebra de PR, que nunca han visto un caso, mucho menos uno federal o un caso de quiebras, no sabían de lo que hablaban.