PROMESA

LOS POLITICOS Y LO QUE VIENE EN PROMESA

En Puerto Rico, los políticos actúan como si ellos fueran los que decidieran cuanto se va a pagar por servicio a la deuda. Más aún, continúan con la actitud que cualquier aumento en ingresos del erario hay que gastarlo en tal o más cual grupo lo que los va a ayudar a revalidar en las elecciones. El mejor ejemplo es los municipios que confeccionaron sus presupuestos a base de la validez de la ley 29 a pesar que la Junta les dijo que iba a impugnarla.  La argumentación oral de la Junta sobre la ley 29 demuestra que al fin entiende que tiene muchos más poderes de lo que antes pensaba y la decisión de la Juez Swain de no desestimar su demanda es el preámbulo de una decisión en contra del Gobierno de P.R.

 

Más aún, el  24 de julio de 2019, la Juez Swain nos tiró a todos los que estamos en el  caso una  curva y mandó a mediación por 120-días, entre otros, lo siguiente:

 

  • Las demandas recientes de la Junta contra  bonos de Retiro,  GO’s, PBA y Carreteras;
  • Asuntos relacionados al impuesto al ron y los bonos de PRIFA;
  • La validez e impacto de los clawbacks de ingresos;
  • Reclamaciones contra los que proveyeron servicios para emisión de deuda;
  • Reclamos anticipados a la clasificación, incluyendo los issues de los “securities” y entre reclamaciones no aseguradas, i.e., pensiones v. reclamaciones no aseguradas en general;
  • Identificación y trato de los servicios esenciales bajo un plan de ajuste;
  • Tratamiento de reclamaciones basadas en alegaciones de violaciones de la Constitución Federal bajo el plan de ajuste (más no de las violaciones de la Constitución de PR);

 

Creo que hay un mensaje claro a todos en el caso. La Juez Swain no interesa tener que decidir todos estos issues y quiere que se llegue a acuerdos. Como todo en la vida, puede que si, puede que no. Pero los acuerdos que se logren, si alguno, serán el esqueleto del plan de ajuste del ELA. A finales de noviembre sabremos que acuerdos se han logrado.

 

Les recuerdo a los lectores que una vez se establezca que son servicios esenciales, eso no quiere decir que estos recibirán todos los fondos que los políticos quieren. La Junta también limitará esto bajo su control del presupuesto. Además, la premisa inarticulada es que lo que sea servicios no esenciales se podrán limitar, forzando despidos o reducción de jornada. Más aún, si la ley 29, como creo que va a ocurrir, es inhabilitada por la Juez Swain, los Municipios menos afortunados económicamente tendrán que hacer lo mismo o ver sus funciones puestas en consorcios, disminuyendo dramáticamente el poder del Alcalde.

 

Si se logran sufiicientes acuerdos, especialmente sobre bonos, el plan de ajuste se puede radicar para enero de 2020 y ser aprobado para Verano del 2020, justo antes de las elecciones. Habrá mucho crujir de dientes y rasgaduras de vestimentas por nuestros políticos cuando ocurra. El momento del pago de la deuda se acerca y estoy seguro que ni el Gobierno ni los Municipios están preparados. Como he dicho muchas veces, PROMESA obliga a los boricuas a redefinir que gobierno pueden tener y la Junta esta lista para hacerlo.

 

No quiero terminar sin antes mencionar  el  caso de Aurelius ante el SCOTUS. La cobertura de la  prensa Boricua ha sido limitada y hay que poner las cosas en sus justa perspectiva. El argumento oral va a ser el 15 de octubre y la decisión puede venir tan temprano como finales de noviembre a principios de diciembre de 2019. Si  el SCOTUS decide  que el nombramiento de la Junta fue constitucional, todo sigue igual. Si el SCOTUS decide que el Primer Circuito tenia razón, todo sigue igual. PERO, el SCOTUS puede decidir  que el nombramiento de los miembros de la Junta fue inconstitucional y  determinar que todas sus acciones fueron ilegales. Aurelius argumenta que entonces habría un stay para la nueva Junta ser nombrada y  esta  decidir si  lo que hizo la anterior fue válido, lo cual nada cambia. La Utier, sin embargo, argumenta, con mucha razón, que todas las actuaciones de la  Junta se deben invalidar y  eso  sería un game changer, aunque dudo que ocurra.  Debo mencionar además, ya que pocos lo mencionan, que la Utier también argumentan que los casos insulares deben ser revocados. En  mi  opinión el SCOTUS va a ignorar este argumento.

 

Hay muchas cosas que pueden pasar  pero nuestros políticos y mucha de la prensa  continua en discutir asuntos sin importancia. A ver que pasa.

 

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LA AGENDA MAS IMPORTANTE DE LA GOBERNADORA

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La Gobernadora tiene mucho taller ante sí. Pero sobre los dos asuntos más apremiantes, la Junta y la corrupción, nada ha dicho. Ambos asuntos son de lapidaria importancia, como diría mi apreciado profesor, Don Herminio Brau (QEPD).

 

El asunto de la Junta es multi-temática. ¿Continuará la Gobernadora la actitud de conflicto y desafío continuo a la Junta o tratará de ser más conciliatoria? ¿Que va a hacer sobre las pensiones, los bonos y la venta de la AEE? Definitivamente la Gobernadora no puede continuar con la política de confrontación abierta con la Junta de la Administración de Rosselló. Muchos de los cambios que propone la Junta son necesarios pero anatema a la clase política, como la reducción de pensiones y los bonos de navidad. Pero la confrontación a nada lleva ya que con excepción de la victoria sobre Zamot, la administración ha perdido todas las demás batallas.

 

Tampoco puede unirse al esfuerzo de la Junta de destruir a los bonistas de obligación general. Aún si PR gana ese enfrentamiento, el mal sabor que esto dejará sobre los inversores retrasará cualquier regreso al mercado con intereses razonables, uno de los dos requisitos para la salida de la Junta. Hay que mirar al futuro y no a la próxima elección como fue la visión de Rosselló. Un acuerdo similar al de COFINA para los bonistas de obligación general ayudaría mucho a la imagen de la isla ante los inversores internacionales. Esto podría llevar a una confrontación con la Junta pero al fin y al cabo, PR es quien tiene que ejecutar el plan de ajuste y va a ser más difícil para la Juez Swain aprobar el mismo si el Gobierno lo objeta. No imposible, pero definitivamente más difícil.

 

Otro asunto atado a lo anterior es el costo de la representación legal del ELA. Peter Friedman y compañía ha hecho un muy buen trabajo PERO a $1,300 la hora. Es tiempo de examinar los costos de abogados y peritos y decidir si firmas locales no pueden hacer el mismo trabajo por una fracción del costo. Lo mismo se puede decir de los peritos de AAFAF. Esto nos lleva a otro asunto. ¿Quien será el director de AAFAF y cual será la actitud de la agencia hacia la deuda? ¿Quien será el representante ante la Junta y cual será su actitud hacia la Junta? Es tiempo de una revisión completa de ambas agencias y de que hacer. PR aumenta ingresos cada mes por encima de lo predicho por la Junta. PR tiene que comenzar a pagar su deuda, cosa que muchos políticos rehúyen hacer. Mientras más paguemos, mejor opinión tendrán de nosotros en los mercados de inversión, a los cuales tendremos que ir, más pronto de lo que muchos pensamos.

 

Por último, la corrupción. En escritos anteriores he señalado que el Depto. de Justicia bajo Wanda Vázquez se hizo de la vista larga sobre señalamientos de corrupción. Si de verdad la Gobernadora quiere demostrar que no es una politiquera, tiene que atajar la corrupción en el Gobierno y eso se hace con arrestos y convicciones. Obviamente se comienza con investigaciones pero la verdadera prueba de un compromiso  con combatir la corrupción es arrestando y consiguiendo convicciones de los que roban del erario público. Solo así se le puede demostrar al Pueblo y al Gobierno Federal, que no hacen falta monitores para velar por su dinero. La bola esta en la cancha de la Gobernadora.  Le deseo el mas sincero éxito en esta difícil labor.

JULY AND THE COMMONWEALTH PLAN OF ADJUSTMENT

 

 

During the June 12, 2019 Omnibus Hearing, Martin Bienestock informed Judge Swain that the Board would file the Commonwealth Plan of Adjustment. Since the Plan of Adjustment must be consistent with the Fiscal Plan, and the latter requires cuts to pensions, it is likely Governor Rosselló will oppose it. To this we must add that the Board filed an adversary proceeding against the Commonwealth to invalidate law 29-2019, which exempts municipalities from contributing to the pension funds and medical plans. The adversary proceeding also wants the Commonwealth to comply with the reporting requirements throughout PROMESA. The Governor has promised a vigorous defense.

 

Although PROMESA is silent on this issue, an opposition by the Commonwealth to its Plan of Adjustment does not abide well for it. In addition, GO bondholders will oppose since it severely cuts its “secured” credits. Moreover, although the Board sued to invalidate certain PBA and GO bonds, it now wants a stay on that litigation in order to process the Plan of Adjustment. Although this stay only benefits the Board, it is likely Judge Swain will grant it. Moreover,  from the glimpse we got from the Board when it announced its settlement with certain GO and PBA creditors, it seems unsecured creditors of the Commonwealth will receive ~ 9% of their claims. Since the Commonwealth is sitting in over $10 billions in deposits which no one has explained, it is a certainty that there will be myriad of complicated and arcane objections to the Plan of Adjustment even before it is voted upon.

 

We must also consider that the Rosselló Administration is facing close to a dozen investigations by the FBI and the Inspector General. If any of these investigations results in arrests of the administrations close collaborators or key politicians, will this affect the weight of its objections to the Plan of Adjustment? In any event, it seems plausible that the Rosselló administration wishes to postpone any approval of any Plan of Adjustment until after the elections of 2020 so not to receive any negative impact of said plan, including to start paying debt.

 

Moreover, on July 24, 2019, the First Circuit will hear oral arguments on the issue of Board recommendations being put in the Plan of Adjustment as an order and its implications for the budgets. Judge Swain sided with the Board and although I believe she will be upheld, you never know. If she is reversed, this would create havoc for the Plan of Adjustment. Also, on October 15, 2019, the Supreme Court of the United States will hear arguments on the constitutionality of the Board’s appointments. Normally the granting of the Board’s certiorari would weigh heavily on a reversal but the SCOTUS granted cert on ALL petitions. This means that the SCOTUS could determine that the Board was constitutionally appointed, could affirm the First Circuit decision or could decide the Board was unconstitutionally appointed and all of its actions were null and void. That would mean back to square one.

 

What does this all mean? That even if the Plan of Adjustment for the Commonwealth is filed this month, its approval would likely not be soon. There are too many imponderables at the present time.