PROMESA

LAS CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA

Luego de la aplastante derrota de la Legislatura y el Gobernador ante su reclamo contra la Junta, Ricardo Rosselló indica que no va a cumplir con el presupuesto impuesto. Thomas Rivera Schatz aplaude su idea y lo apoya. ¿Cuales podrían ser las consecuencias de hacer esto?

 

La sección 203 de PROMESA establece el procedimiento. Cada tres meses, el Gobernador tiene que informar a la Junta de los ingresos y gastos del ELA. Si la Junta ve variación con el presupuesto aprobado, notifica de violación, pide explicación y si la explicación no le satisface, establece los remedios y una calendario para remediar las violaciones. Si no se remedian, la sección 203(d) establece así:

 

(d) BUDGET REDUCTIONS BY OVERSIGHT BOARD.—If the Oversight Board determines that the Governor, in the case of any then-applicable certified Instrumentality Budgets, and the Governor and the Legislature, in the case of the then-applicable certified Territory Budget, have failed to correct an inconsistency identified by the Oversight Board under subsection (c), the Oversight Board shall—

(1) with respect to the territorial government, other than covered territorial instrumentalities, make appropriate reductions in nondebt expenditures to ensure that the actual quarterly revenues and expenditures for the territorial government are in compliance with the applicable certified Territory Budget or, in the case of the fiscal year in which the Oversight Board is established, the budget adopted by the Governor and the Legislature; and

(2) with respect to covered territorial instrumentalities at the sole discretion of the Oversight Board—

(A) make reductions in nondebt expenditures to ensure that the actual quarterly revenues and expenses for the covered territorial instrumentality are in compliance with the applicable certified Budget or, in the case of the fiscal year in which the Oversight Board is established, the budget adopted by the Governor and the Legislature or the covered territorial instrumentality, as applicable; or

(B)(i) institute automatic hiring freezes at the covered territorial instrumentality; and

(ii) prohibit the covered territorial instrumentality from entering into any contract or engaging in any financial or other transactions, unless the contract or transaction was previously approved by the Oversight Board.

 

Si el Gobierno no quiere instituir las reducciones de presupuestos, la Junta siempre puede ir bajo la sec. 104 o 108 de PROMESA y solicitarle al Tribunal que se entregue las cuentas del Gobierno. Si la Juez Swain se negase o aún persiste la resistencia del Gobierno, esto traería otros problemas.

 

El propósito del Título III es que el territorio presente, a través de la Junta, un plan de ajuste de sus deudas. Bajo la sec. 314(b)(7) establece que el plan de ajuste tiene que ser consistente con el plan fiscal. Si el plan fiscal no esta en efecto porque el presupuesto no lo esta, no se puede presentar un plan de ajuste. Además, el 11 U.S.C. sec. 930, adoptada en PROMESA establece que, si el plan de ajuste no se radica y esto causa daño a los acreedores, se puede desestimar la quiebra. Igual si la Junta solicita su desestimación o si el plan de ajuste no se puede confirmar. Así que toda esta retórica barata del Gobierno y la Legislatura va a crear problemas mayores y todo para demostrar que están en control del Gobierno. Flaco servicio hará la clase política si continua con esta resistencia.

 

 

 

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EL SENADO NO DEROGA LA LEY 80, ¿ Y AHORA QUE?

 

 

Ya el Senado ha hecho claro que no va a derogar la Ley 80. La pregunta es ¿que va a pasar ahora? Obviamente depende de la Junta. Si quiere, la Junta reimpone el plan fiscal anterior, donde eliminaba los bonos de navidad y reducía otras partidas en el Gobierno, va a donde la Juez Swain bajo las secciones 104(k) y 108(a)(2) de PROMESA pidiendo se suspenda la operación de la Ley 80, ya que, en su determinación, esta ley derrota los propósitos de PROMESA. O la Junta puede simplemente hacer nada.

 

Me parece que eso último es lo que Thomas Rivera Schatz esta apostando, que la Junta, luego de la derrota con el nombramiento de Zamot y el préstamo de la AEE, tiene miedo a que la Juez Swain no le conceda lo que quiere. Si la Junta nada hace, TRS habrá sería el triunfador sobre la todopoderosa Junta y por ende un héroe en PR. La gobernación estaría a su alcance.

 

Si la Junta decide reducir el presupuesto e ir al Tribunal, ya TRS ha dicho que ha consultado a los abogados en el Senado para impugnarlo en el Senado. No se que abogados son, pero con su presupuesto asumo que habla de abogados experimentados en casos constitucionales en el Tribunal Federal. Claro, me parece que el Senado y aún la Legislatura, carecen de standing para impugnar actuaciones de la Junta, ver, Raines v. Byrd, 521 U.S. 811 (1997). Interesantemente, el amigo Luis Vega Ramos ha indicado que, si el presupuesto es alterado por la Junta, también acudirá al Tribunal. Pero les recuerdo a los que sueñan con declarar la Junta inconstitucional, si se va la Junta, se va el Título III, ver sección 3 de PROMESA.

El problema con todo esto es que bajo la sección 202(e)(3), la Junta puede certificar su propio presupuesto y el Tribunal carece de jurisdicción para revisar las certificaciones de la Junta, ver sección 106(e) de PROMESA. Esta revisión solo se dará en el momento del plan de ajuste, que esta lejos de ser radicado. Más aún, la eliminación de la Ley 80 esta en el plan fiscal y si la Junta desea pelear el asunto, no dudo que la Juez Swain avale cualquier reducción del presupuesto.

Si mi análisis es el correcto, se preguntarán, ¿por qué TRS hizo lo que hizo? Sencillo, si tiene razón, es un héroe, pero si pierde, es un héroe también. Es lo que llamamos un win-win situation. Muchas personas en PR quieren eliminar la Junta ya que les afecta sus prebendas y hasta el momento los únicos en hacerlo son las uniones y la Asociación de Profesores de Mayagüez. Van a aplaudir a cualquiera que lo haga, por fútil que sea el esfuerzo y lo único que les importa a los políticos es la reelección.

¿Que consecuencias puede tener todo esto?  Esencialmente, el atrasar la radicación del plan de ajuste. El propósito del Título III es la certificación por el Tribunal del plan de ajuste que explica como se “ajustan” las deudas y como se van a pagar. Este documento en el caso de Detroit fue de  más de 600 páginas y tardó 9 meses desde su radicación en ser aprobado. Aquí sería más largo y tardaría más tiempo en ser certificado. Sin embargo, mientras haya luchas legales sobre el plan fiscal, no se puede presentar el plan de ajuste ya que este último tiene que estar basado en el plan fiscal, sección 314(b)(7) de PROMESA. La mayoría de los bonistas no han recibido pago desde 1 de julio de 2016 y el caso de Título III del ELA ya tiene 13 meses de radicado. Los casos más grandes de Capítulo 9, en lo que se basa PROMESA, han durado un máximo de 25 meses. En mayo de 2018, Natalie Jaresko indicó que el plan de ajuste se radicaría en año a año y medio, queriendo decir que los bonistas no habrán recibido pago por más de tres años. Pocos mencionan que el 11 U.S.C. § 930(a)(2), adoptado en PROMESA por la sección 301, indica que la petición de quiebras podrá ser desestimada luego de notificación y vista, por “unreasonable delay by the debtor that is prejudicial to creditors.” Falta de pago por 3 años podría ser ese factor determinante. Y si se desestima la petición de Título III, no hay el stay. Recordemos que PR paga las pensiones porque no paga la deuda.

 

 

 

LAS IDEAS LOCAS QUE PROVOCA LA JUNTA

 

 

El colega Aníbal Acevedo Vilá publicó un columna en el Nuevo Día sobre la inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y varios adeptos del Gobierno se la celebraron. Como es mi costumbre, leí los casos y luego de analizarlos, tengo que diferir.

 

La tesis del colega Acevedo Vilá es que el Congreso, al darle poderes legislativos y ejecutivos a la Junta de Supervisión Fiscal, viola la separación de poderes con el Gobierno de Puerto Rico. Cita a un caso del Supremo Federal sobre Filipinas (sin decir el nombre) y al caso de Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1974) para adelantar la idea de que la separación de poderes es de extrema importancia y que por ende el Congreso se excedió de sus facultades al darle esos poderes a la JSF y por lo tanto la misma es inconstitucional. Difiero.

 

El caso de Filipinas, Springer v. Government of the Phillipines Islands, 277 U.S. 189 (1928) efectivamente menciona la importancia de la separación de poderes ya que la legislación que le proveyó a las islas su gobierno propio, como en PR, se copió de la Constitución Federal. Sin embargo, la pugna en Springer era entre el Gobernador de Filipinas y la Legislatura sobre la interpretación de la legislación de gobierno propio de las islas. No era sobre el poder del Congreso para legislar sobre las islas. El caso de Buckley también trata de la separación de poderes, pero entre el Congreso y el presidente, no sobre el poder del Congreso para legislar sobre los territorios.

 

En PR, la separación de poderes es tan importante que el Congreso le impuso dos requisitos a PR para tener constitución, una Carta de Derechos y que forma republicana de Gobierno, ver, Artículo I, sección 2 de la Constitución de PR. Forma republicana de gobierno no es más que la separación de poderes, ver, Misión Industrial v. Junta de Planificación de Puerto Rico, 146 D.P.R. 64 (1998) y Guzmán Vargas v. Calderón, 164 D.P.R. 220 (2005).

 

Ciertamente, el Congreso no puede afectar los derechos fundamentales de los puertorriqueños y esto es así desde antes del caso de Springer ya que, en Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922), el Supremo Federal así lo sentenció. Pero no existe caso alguno que indique que los ciudadanos de los territorios tienen un derecho constitucional a gobierno propio. Todo lo contrario, en Downes v. Bidwell, 183 U.S. 244, 289-290 (1901), el Supremo Federal dijo:

 

The Constitution has undoubtedly conferred on Congress the right to create such municipal organizations as it may deem best for all the territories of the United States, whether they have been incorporated or not, to give to the inhabitants as respects the local governments such degree of representation as may be conducive to the public wellbeing, to deprive such territory of representative government if it is considered just to do so, and to change such local governments at discretion. (Énfasis suplido)

 

Claramente el Supremo Federal ha indicado que el Congreso puede conceder gobierno propio, o quitarlo a su antojo. Así que, en respuesta al colega, SI, el Congreso puede legislar para que PR sea gobernado por un rey o un gobernador vitalicio.

 

Más aún, como el colega Acevedo Vilá no está envuelto en el caso de la quiebra de PR, tal vez no sabe que Aurelius y la Utier argumentan que el nombramiento de los miembros de la Junta, no la ley PROMESA, fue hecho inconstitucionalmente ya que el presidente tuvo que utilizar una lista de candidatos del Congreso y usan el caso de Buckley como parapeto. La Junta y el Gobierno de PR ambos argumentan que el caso de Buckley y la doctrina de los nombramientos presidenciales (appointments clause) no son aplicables a los territorios y tal vez tengan razón. Eso lo decidirá la Juez Swain.

 

Finalmente, si el colega entiende que su teoría tiene validez, lo único que tiene que hacer es buscar un cliente y presentar su caso. Y de paso, puede añadir su teoría de que el Gobierno Federal es responsable de la deuda de su territorio, aunque sea totalmente contrario a 48 U.S.C. § 795 que dice:

 

All expenses that may be incurred on account of the government of Puerto Rico for salaries of officials and the conduct of their offices and departments, and all expenses and obligations contracted for the internal improvement or development of the island, not, however, including defenses, barracks, harbors, lighthouses, buoys, and other works undertaken by the United States, shall, except as otherwise specifically provided by the Congress, be paid by the treasurer of Puerto Rico out of the revenue in his custody.

 

A la verdad que PROMESA ha provocado ideas bien locas entre los políticos.