PROMESA

LOS AUMENTOS DE SALARIO, RICKY Y LA JUNTA

 

 

Ante la realidad del gobierno federal pagando por la reconstrucción de PR, el Gobernador Rosselló inesperadamente duplicó el salario mínimo a los empleados de la construcción a través de orden ejecutiva con la excusa de “justicia social”. Suena más Popular que los mismos Populares. La verdadera razón es electorera; quiere parecer como el campeón de los trabajadores, especialmente cuando acordó con la Junta eliminar la Ley 80 de Despido Injustificado.

 

La Cámara de Comercio rápidamente solicitó a la Junta que se paralizara este aumento. La Junta ya le hizo un recomendación a RR bajo la sección 205 de PROMESA para que paralice este aumento. Aunque la Junta le dio 90-días para responder, el Gobernador nuevamente dice que va a hacer lo que el crea mejor y deja el aumento sobre el tapete.

 

El problema es que bajo la sección 205, el Gobernador tiene que explicarle al Congreso y el presidente por qué. Y luego de hacerlo, la Junta puede establecer esta recomendación como parte del Plan Fiscal y obligar a PR a cumplir. Eso ya esta decidido por la Juez Swain y era lo que yo anticipe iba a ocurrir. Obviamente el Gobernador lo sabe, pero su cálculo político es que tiene que parecer más pro obrero que Thomas Rivera Schatz, cuya legislatura ya radicó su notificación de apelación ante el Primer Circuito. Y aunque es poco probable que ganen, la posibilidad existe.

 

El duplicar el costo de la mano de obra de construcción en PR no aumentará el salario allí solamente, lo hará en otras industrias y encarecerá los bienes y servicios en la isla. Recordemos que la mano de obra es un componente importante de los costos de producción en todas partes, incluyendo PR. He escuchado personas decir que con los salarios más altos en US es necesario hacerlo para mantener a los empleados en PR, pero olvidan que si necesitas empleados, los atraes con mejores salarios y beneficios, pero cuando el Gobierno establece la compensación, se emplean menos personas. Cuando la última vez que se aumentó el salario mínimo, varias personas en construcción me indicaron que iban a despedir personas para cumplir con el.

 

El Gobernador sabe que en los próximos dos años habrá una bonanza de fondos federales. Sabe además que el PPD se enfrenta a un sisma y su competencia no es de ese lado. Su competencia es Thomas Rivera Schatz. La pugna entre ellos es cada día mas abierta. Por ende, todas las acciones que veremos en los próximos dos años serán para asegurar ese frente.

 

Mientras tanto, la pugna con la Junta continuará y continuará la facturación de los bufetes de US, cuyos socios cobran a $1,000 la hora y sus asociados a $700. Todo esto pagado por nosotros. ¿Para que? Para hacer ver bien al Gobernador. Me parece que podemos usar ese dinero en cosas más útiles.

 

 

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LAS CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA

Luego de la aplastante derrota de la Legislatura y el Gobernador ante su reclamo contra la Junta, Ricardo Rosselló indica que no va a cumplir con el presupuesto impuesto. Thomas Rivera Schatz aplaude su idea y lo apoya. ¿Cuales podrían ser las consecuencias de hacer esto?

 

La sección 203 de PROMESA establece el procedimiento. Cada tres meses, el Gobernador tiene que informar a la Junta de los ingresos y gastos del ELA. Si la Junta ve variación con el presupuesto aprobado, notifica de violación, pide explicación y si la explicación no le satisface, establece los remedios y una calendario para remediar las violaciones. Si no se remedian, la sección 203(d) establece así:

 

(d) BUDGET REDUCTIONS BY OVERSIGHT BOARD.—If the Oversight Board determines that the Governor, in the case of any then-applicable certified Instrumentality Budgets, and the Governor and the Legislature, in the case of the then-applicable certified Territory Budget, have failed to correct an inconsistency identified by the Oversight Board under subsection (c), the Oversight Board shall—

(1) with respect to the territorial government, other than covered territorial instrumentalities, make appropriate reductions in nondebt expenditures to ensure that the actual quarterly revenues and expenditures for the territorial government are in compliance with the applicable certified Territory Budget or, in the case of the fiscal year in which the Oversight Board is established, the budget adopted by the Governor and the Legislature; and

(2) with respect to covered territorial instrumentalities at the sole discretion of the Oversight Board—

(A) make reductions in nondebt expenditures to ensure that the actual quarterly revenues and expenses for the covered territorial instrumentality are in compliance with the applicable certified Budget or, in the case of the fiscal year in which the Oversight Board is established, the budget adopted by the Governor and the Legislature or the covered territorial instrumentality, as applicable; or

(B)(i) institute automatic hiring freezes at the covered territorial instrumentality; and

(ii) prohibit the covered territorial instrumentality from entering into any contract or engaging in any financial or other transactions, unless the contract or transaction was previously approved by the Oversight Board.

 

Si el Gobierno no quiere instituir las reducciones de presupuestos, la Junta siempre puede ir bajo la sec. 104 o 108 de PROMESA y solicitarle al Tribunal que se entregue las cuentas del Gobierno. Si la Juez Swain se negase o aún persiste la resistencia del Gobierno, esto traería otros problemas.

 

El propósito del Título III es que el territorio presente, a través de la Junta, un plan de ajuste de sus deudas. Bajo la sec. 314(b)(7) establece que el plan de ajuste tiene que ser consistente con el plan fiscal. Si el plan fiscal no esta en efecto porque el presupuesto no lo esta, no se puede presentar un plan de ajuste. Además, el 11 U.S.C. sec. 930, adoptada en PROMESA establece que, si el plan de ajuste no se radica y esto causa daño a los acreedores, se puede desestimar la quiebra. Igual si la Junta solicita su desestimación o si el plan de ajuste no se puede confirmar. Así que toda esta retórica barata del Gobierno y la Legislatura va a crear problemas mayores y todo para demostrar que están en control del Gobierno. Flaco servicio hará la clase política si continua con esta resistencia.

 

 

 

EL SENADO NO DEROGA LA LEY 80, ¿ Y AHORA QUE?

 

 

Ya el Senado ha hecho claro que no va a derogar la Ley 80. La pregunta es ¿que va a pasar ahora? Obviamente depende de la Junta. Si quiere, la Junta reimpone el plan fiscal anterior, donde eliminaba los bonos de navidad y reducía otras partidas en el Gobierno, va a donde la Juez Swain bajo las secciones 104(k) y 108(a)(2) de PROMESA pidiendo se suspenda la operación de la Ley 80, ya que, en su determinación, esta ley derrota los propósitos de PROMESA. O la Junta puede simplemente hacer nada.

 

Me parece que eso último es lo que Thomas Rivera Schatz esta apostando, que la Junta, luego de la derrota con el nombramiento de Zamot y el préstamo de la AEE, tiene miedo a que la Juez Swain no le conceda lo que quiere. Si la Junta nada hace, TRS habrá sería el triunfador sobre la todopoderosa Junta y por ende un héroe en PR. La gobernación estaría a su alcance.

 

Si la Junta decide reducir el presupuesto e ir al Tribunal, ya TRS ha dicho que ha consultado a los abogados en el Senado para impugnarlo en el Senado. No se que abogados son, pero con su presupuesto asumo que habla de abogados experimentados en casos constitucionales en el Tribunal Federal. Claro, me parece que el Senado y aún la Legislatura, carecen de standing para impugnar actuaciones de la Junta, ver, Raines v. Byrd, 521 U.S. 811 (1997). Interesantemente, el amigo Luis Vega Ramos ha indicado que, si el presupuesto es alterado por la Junta, también acudirá al Tribunal. Pero les recuerdo a los que sueñan con declarar la Junta inconstitucional, si se va la Junta, se va el Título III, ver sección 3 de PROMESA.

El problema con todo esto es que bajo la sección 202(e)(3), la Junta puede certificar su propio presupuesto y el Tribunal carece de jurisdicción para revisar las certificaciones de la Junta, ver sección 106(e) de PROMESA. Esta revisión solo se dará en el momento del plan de ajuste, que esta lejos de ser radicado. Más aún, la eliminación de la Ley 80 esta en el plan fiscal y si la Junta desea pelear el asunto, no dudo que la Juez Swain avale cualquier reducción del presupuesto.

Si mi análisis es el correcto, se preguntarán, ¿por qué TRS hizo lo que hizo? Sencillo, si tiene razón, es un héroe, pero si pierde, es un héroe también. Es lo que llamamos un win-win situation. Muchas personas en PR quieren eliminar la Junta ya que les afecta sus prebendas y hasta el momento los únicos en hacerlo son las uniones y la Asociación de Profesores de Mayagüez. Van a aplaudir a cualquiera que lo haga, por fútil que sea el esfuerzo y lo único que les importa a los políticos es la reelección.

¿Que consecuencias puede tener todo esto?  Esencialmente, el atrasar la radicación del plan de ajuste. El propósito del Título III es la certificación por el Tribunal del plan de ajuste que explica como se “ajustan” las deudas y como se van a pagar. Este documento en el caso de Detroit fue de  más de 600 páginas y tardó 9 meses desde su radicación en ser aprobado. Aquí sería más largo y tardaría más tiempo en ser certificado. Sin embargo, mientras haya luchas legales sobre el plan fiscal, no se puede presentar el plan de ajuste ya que este último tiene que estar basado en el plan fiscal, sección 314(b)(7) de PROMESA. La mayoría de los bonistas no han recibido pago desde 1 de julio de 2016 y el caso de Título III del ELA ya tiene 13 meses de radicado. Los casos más grandes de Capítulo 9, en lo que se basa PROMESA, han durado un máximo de 25 meses. En mayo de 2018, Natalie Jaresko indicó que el plan de ajuste se radicaría en año a año y medio, queriendo decir que los bonistas no habrán recibido pago por más de tres años. Pocos mencionan que el 11 U.S.C. § 930(a)(2), adoptado en PROMESA por la sección 301, indica que la petición de quiebras podrá ser desestimada luego de notificación y vista, por “unreasonable delay by the debtor that is prejudicial to creditors.” Falta de pago por 3 años podría ser ese factor determinante. Y si se desestima la petición de Título III, no hay el stay. Recordemos que PR paga las pensiones porque no paga la deuda.