Puerto Rico Law

DECLARACION DE EMERGENCIA DE TRUMP

 

Donald Trump dijo el 14 de febrero que iba a hacer una declaración de emergencia. Hay muchos comentarios en las redes sociales de lo que puede o no puede hacer el Presidente. Aquí trataré de darles un sentido sobre los poderes del Presidente.

Todos imaginamos que la declaración de emergencia tiene que ver con la construcción del muro en la frontera con México y ya en el pasado ha dicho que va a utilizar fondos de recuperación de California y Puerto Rico y para la construcción de vivienda militar. ¿Puede el Presidente hacer esto? ¿Qué tiene que hacer?

El Presidente tiene poderes inherentes para declarar emergencias pero modernamente se hace a base de estatus. El National Emergencies Act, 50 U.S.C. § 1601, et seq., regula las declaraciones de emergencia. La sección 1621(a) establece que “[w]ith respect to Acts of Congress authorizing the exercise, during the period of a national emergency, of any special or extraordinary power, the President is authorized to declare such national emergency. Such proclamation shall immediately be transmitted to the Congress and published in the Federal Register.“ La emergencia termina al año de ser declarada a menos que se renueve la declaración por un año más. La sección 1622 establece también que una resolución conjunta del Congreso, con la aprobación del Presidente, terminaría la emergencia. En otras palabras, el Senador republicano tendría que estar de acuerdo con la Cámara Demócrata para ello y el Presidente también tendría que aprobarlo. Si no, el Congreso tendría que ir por encima del veto del Presidente. No sería fácil.

El National Emergencies Act no define lo que es una emergencia. El Congressional Research Service en el 2007 publicó un informe al Congreso titulado National Emergency Powers. A la página CRS-4, dijo:

An eminent constitutional scholar, the late Edward S. Corwin, explained emergency conditions as being those “which have not attained enough of stability or recurrency to admit of their being dealt with according to rule.” During congressional committee hearings on emergency powers in 1973, a political scientist described an emergency in the following terms: “It denotes the existence of conditions of varying nature, intensity and duration, which are perceived to threaten life or well-being beyond tolerable limits.” Corwin also indicated it “connotes the existence of conditions suddenly intensifying the degree of existing danger to life or well-being beyond that which is accepted as normal.” (notas al calce omitidas)

Según el Brennan Center for Justice, nada conservador, identificó 136 bases para el poder del Presidente para declarar emergencias, incluyendo dos directamente relacionados al muro.  Estos son el 33 U.S.C. § 2293 y 10 U.S.C. § 2808. El primero dice;

(a)Termination or deferment of civil works projects; application of resources to national defense projects

In the event of a declaration of war or a declaration by the President of a national emergency in accordance with the National Emergencies Act [50 U.S.C. 1601 et seq.] that requires or may require use of the Armed Forces, the Secretary, without regard to any other provision of law, may (1) terminate or defer the construction, operation, maintenance, or repair of any Department of the Army civil works project that he deems not essential to the national defense, and (2) apply the resources of the Department of the Army’s civil works program, including funds, personnel, and equipment, to construct or assist in the construction, operation, maintenance, and repair of authorized civil works, militar construction, and civil defense projects that are essential to the national defense.

El segundo dice:

(a)

In the event of a declaration of war or the declaration by the President of a national emergency in accordance with the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) that requires use of the armed forces, the Secretary of Defense, without regard to any other provision of law, may undertake militar construction projects, and may authorize the Secretaries of the militar departments to undertake militar construction projects, not otherwise authorized by law that are necessary to support such use of the armed forces. Such projects may be undertaken only within the total amount of funds that have been appropriated for militar construction, including funds appropriated for family housing, that have not been obligated.

Obviamente, esto tendría que ver con fondos que van al Corps of Engineers para hacer mejoras en Puerto Rico. Pero además el Presidente y su gente puede identificar otras bases estatutarias. Veremos.

No existe casos sobre esta ley que impacten lo que podría pasar.  En Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952), el SCOTUS detuvo acciones del Presidente Truman para detener una huelga en la industria del acero. Sin embargo, el SCOTUS se basó en la inexistencia de ley para justificar lo que hizo.  Aquí tenemos más de cien leyes sobre el asunto.

Irrespectivo de lo antes dicho, si el Presidente redirige fondos para California y Puerto Rico, estos irán al Tribunal para detenerlo. California es parte del 9no Circuito y Puerto Rico el 1er Circuito. Si los estados ganan, es usual el que se detenga la ejecución del injunction hasta la apelación pero si no ocurre, el Presidente usualmente va al SCOTUS, que puede detenerlo. Además, si los Circuitos estuviesen en conflicto, uno a favor del Presidente y otro en contra, el SCOTUS intervendría y usualmente el Presidente gana. Usualmente. Pero California y Puerto Rico tienen que ir al Tribunal y ya el Gobernador Rosselló señaló que llevará al Presidente al Tribunal. Good for him.

Si Trump toma esta acción, definitivamente estaría poniendo en tela de juicio nuestra democracia y espero que pierda. Aún si pierde, esto puede obligar a la Cámara a comenzar el proceso de residenciamiento. Esta situación es bien seria y no va a acabar bien. Manténganse al tanto.

 

 

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UN CONEJILLO DE INDIAS LLAMADO PUERTO RICO

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El día 28 de enero de 2017 se celebró la cuarta reunión de la Junta de Supervisión Fiscal, quería incluir el enlace a esta reunión pero por alguna razón, no está. Interesting. Durante la misma se concedió al Gobierno de PR la extensión al “stay” de PROMESA hasta el 1ro de mayo de 2017. Durante la reunión, los miembros de la Junta dijeron que el “stay” no se podía extender más allá del 1ro de mayo excepto por el “automatic stay” del Título III de PROMESA, el procedimiento de quiebra. En la parte de comentarios, mencioné que además del “automatic stay” del Título III de PROMESA, los bonistas y PR pueden llegar a un “Forbearance Agreement” (Acuerdo de Indulgencia) donde se puede acordar no demandar durante un periodo específico mientras se continúan negociaciones consensuales. Por las caras de los miembros de la Junta era obvio que no les gustó la sugerencia.

 

Desde que la Junta entró en funciones, ha puesto en “fast track” la aprobación del Plan Fiscal. ¿Por qué la prisa de aprobar el plan fiscal? Como ya vimos, no hay que tener el plan fiscal aprobado para que extendieran el “stay” de PROMESA. Pero si es indispensable para dar una certificación para que el Gobierno de PR o sus instrumentalidades puedan ser autorizados a radicar un Título III, ver, sec. 206(a)(3). Otro requisito es que se lleven a cabo negociaciones de buena fe con los bonistas, sec. 206(a)(1) y sabemos la insistencia de la Junta de que se lleven a cabo estas negociaciones. No me cabe duda de que luego de la expiración del stay de PROMESA la Junta llevará al gobierno de PR al Título III.

 

Si los bonistas y el Gobierno están dispuestos a negociar, ¿por qué la prisa por un Título III? Como he dicho anteriormente, PROMESA no se aprobó para ayudar a PR si no más bien como un experimento de tener una Ley de Quiebras para los Estados de la Unión. Me explico.

 

David Skeel, miembro de la Junta y experto en quiebras de la Universidad de Pennsylvania, entiende que el Cap. 9 se puede utilizar para entre otras cosas vender haberes municipales o disolver el municipio. Además, en un artículo en el Wall Street Journal para el 2011 dijo lo siguiente sobre una ley de quiebras para los estados- “First, the governor and his state could immediately chop the fat out of its contracts with unionized public employees, as can be done in the case of municipal bankruptcies.”

 

El Sr. Skeel es un coautor de un artículo en 2016 Titulado “Governance Reform and the Judicial Role in Municipal Bankruptcy”. En el artículo, Skeel dice

 

Failed budget policies do not arise autonomously, disaggregated from the political environment in which they are devised. Rather, with the exception of cases in which municipalities face some exogenous shock, such as a crippling tort suit or natural disaster, or in which local governments suffer from broad economic disruptions beyond their control, local fiscal crises usually are caused by a governance structure that tolerates financial decisions in which the benefits and costs of public expenditures are misaligned. . . The financial distress of a substantial municipality nearly always signals that its politics are dysfunctional. The same entrenched political environment that exacerbates fiscal instability may also frustrate efforts to initiate reforms necessary to escape a cycle of financial irresponsibility. That entrenchment can be overcome only by the inducement or imposition of structural reforms from outside the municipality.

 

¿Les suena familiar?

 

El Sr. Skeel también dice en su artículo:

 

We contend that municipal bankruptcy can and should address governance failures where they contribute to financial failures. We argue that this conclusion follows from an appreciation of the similarities between municipal corporations and the for profit corporations that are reorganized in Chapter 11 of the Bankruptcy Code. Where governance failures contribute to corporate financial distress, no one would treat governance reform as irrelevant to the reorganization of a corporation. Carefully crafted governance rules were a central feature of the Chrysler bankruptcy, and governance rules figure prominently in most other substantial Chapter 11 cases as well. From a purely functional perspective, governance reform is even more essential to an effective Chapter 9 municipal bankruptcy than it is in Chapter 11, since at least some stakeholders in insolvent municipalities are more dependent on those entities than are stakeholders in insolvent firms.” (Énfasis suplido)

 

Espero hayan captado la referencia al caso de la quiebra de Chrysler porque el ex Juez Arthur González (ahora miembro de la Junta) resulta que era el Juez de ese caso. ¿Coincidencia? Yo no creo en coincidencias. Parece ser que algunos miembros de la Junta quieren usar a PR como un conejillo de indias y experimentar. De esa manera parecerán los salvadores y peritos en este tipo de asunto. No se ustedes pero a mi no me gusta la idea que usen a PR y los puertorriqueños como experimentos.

 

Si el caso de las quiebras (si plural) de PR tienen algún tipo de éxito, esto propulsará la idea en el Congreso de ayudar a los estados demócratas como Illinois, New York y California para que se establezca una ley de quiebras para el estado que sería de forma voluntaria como lo es el Capítulo 9 de quiebra municipal.

 

¿Como se pueden llevar a cabo estos cambios mencionados por el Sr. Skeel? ¿Que pasaría si el gobierno de PR es llevado a la quiebra?

 

Antes que nada, el Gobierno de PR NO DECIDE SI ALGUNA PARTE del Gobierno se va a la quiebra, es la Junta, sección 206(a). No solo es la Junta la que decide si alguna parte del Gobierno se acoge al Titulo III de PROMESA. Más aún, la Junta es la radica la quiebra , sección 304 y la que determina y presenta el plan de quiebras, sección 312. El plan de quiebras puede incluir el rechazo o aceptación de los executory contracts. ¿Que es un executory contract? Puede ser un arrendamiento o un CONVENIO COLECTIVO. Y cuando digo rechazar, a lo que me refiero es que el convenio colectivo que los empleados públicos celebraron con el Gobierno, por ejemplo el de los maestros que se firmó en agosto puede ser rechazado y entonces pasamos a un convenio nuevo. Normalmente, en capítulos 11, la sección 1113 de Quiebras pone límites a como se llevan a cabo estos rechazos pero ni en Cap. 9 ni en PROMESA esa sección fue adoptada. La sección que si fue adoptada fue la 365, la cual es la que permite el rechazo del executory contract y la 1123(b)(2) que hace lo mismo.

 

Este rechazo en el Cap. 9, por ende en PROMESA, se rige por la decisión del Supremo Federal en NLRB v. Bildisco & Bildisco, 465 U.S. 513 (1984). Para poder llevar a cabo el rechazo, el municipio tiene que demostrar que el (1) contrato es burdensome (gravoso); (2) que el balance de las equidades favorece al municipio y (3) que antes de rechazar el contrato ha negociado de buena fe para cambiar el contrato. Ver también, In Re City of San Bernardino, 530 B.R. 474 (E.D. Cal. 2015) y In Re City of Vallejo, 432 B.R. 262 (E.D. Cal. 2010). Así que las uniones verán sus contratos modificados de forma no muy agradable.

 

Como indiqué, el plan de quiebras lo radica la Junta, NO el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué se puede hacer en ese plan de quiebras? Veamos. La sección 1123(a)(5)(D)del Código de Quiebras, adoptado en PROMESA, dice que el plan puede proveer para el “sale of all or any part of the property of the estate, either subject to or free of any lien, or the distribution of all or any part of the property of the estate among those having an interest in such property of the estate”. Puede además cambiarse el “charter” del deudor (1123(a)(5)(i)) o sea, cambiar la ley habilitadora de cualquier agencia. Bajo la 1123(b)(4) el plan puede “provide for the sale of all or substantially all of the property of the estate, and the distribution of the proceeds of such sale among holders of claims or interests.” El 1123(b)(6) añade que el plan puede “include any other appropriate provision not inconsistent with the applicable provisions of this title.” Como ven, el plan puede hacer lo que muchos grupos en PR no “permitirían” bajo ningún concepto, la venta del patrimonio natzional, incluyendo la AEE, la AAA, el Fondo del Seguro del Estado y la Autoridad de Carreteras, por mencionar algunos.

 

Finalmente, algunos analistas hablan de que si los bonistas no aceptan el plan, pues el cramdown lo soluciona todo. Aparte del hecho de que nunca ha ocurrido un cramdown en un Capítulo 9, el cramdown de PROMESA es diferente al del Código de Quiebras. La sección 314(b) de PROMESA enumera los factores que debe tomar en consideración el Tribunal para aprobar el plan y su inciso 6 dice así:

 

the plan is feasible and in the best interests of creditors, which shall require the court to consider whether available remedies under the non-bankruptcy laws and constitution of the territory would result in a greater recovery for the creditors than is provided by such plan” Lo que añado en negro no esta en el Código de Quiebras y es único en PROMESA. Creo que es claro que la mayoría de los acreedores podrían recobrar más fuera de quiebras que en quiebra, por ende, sería difícil aprobar el plan ya que aún en “cramdown” la sección 314(c) requiere que esto se cumpla. Además, la sección 314(b)(7) require que el plan de quiebras sea consistente con el Plan Fiscal y este en tiene que “respect the relative lawful priorities or lawful liens, as may be applicable, in the constitution, other laws, or agreements of a covered territory or covered territorial instrumentality in effect prior to the date of enactment of this Act.” Sección 201(b)(1)(N) de PROMESA. Más aún, el informe de Comité de Recursos Naturales de la Cámara en su informe sobre PROMESA indica a la página 50:

 

By incorporating consistency with the Fiscal Plan into the requirements of confirmation of a plan of adjustment, the Committee has ensured lawful priorities and liens, as provided for by the territory’s constitution, laws, and agreements, will be respected in any debt restructuring that occurs

 

No olvidemos que una vez se radica la quiebra, el pago de las deudas pre-quiebra se detiene y no comienza nuevamente (aún con menoscabo) hasta que se apruebe el plan de quiebras. En Detroit, que fue sumamente rápido, tardó 16 meses, mientras que en San Bernardino tardó más de 4 años. Y recordemos que el “automatic stay” de la sección 362 de quiebras, adoptada en PROMESA, no aplica a los casos donde hay un “pledge” en el acuerdo de bonos, como en el caso de Altair, Peaje y la UPR, según decidido por el Primer Circuito y el Juez Besosa, ver secciones 922 y 927 de la ley de quiebras, adoptadas en PROMESA. Además, los bonos de la AEE y la AAA son considerados “revenue bonds” y tampoco los aplica el “automatic stay”, sujeto al pago de los “necessary expenses” para operar las mismas, ver, sección 928 de la ley de quiebras, también adoptado en PROMESA. Y que son “necessary expenses” en el caso de ambas agencias va a traer múltiples litigios.

 

Otro asunto que los múltiples analistas que salivan con la quiebra de PR no han mencionado es ¿que ocurre si el plan no aprueba por el Tribunal? Ahí entra en función la sección 930(b) de la ley de quiebras, adoptada en PROMESA, dice que la quiebra se puede desestimar si no se aprobó el plan. Y volvemos al primer momento con una deuda que no hemos pagado. Tremendo avance.

 

Sabemos que el gobierno del Dr. Rosselló, a través de Elías Sánchez, ha estado combatiendo algunas de la pretensiones de la Junta. Está por verse si podrán utilizar PROMESA y la ley de quiebras para seguir haciéndolo.

 

 

Dos últimos puntos a mencionar. Habrá miles de casos o “adversary proceedings” radicados en estos casos de quiebra. PR gastará millones en la representación legal de los mismos. A manera de ejemplo, en la quiebra de Detroit, con $18 billones en deuda, la ciudad, entre peritos y abogados se gastó $178 millones. Y hablando de Detroit, la ciudad aún no ha podido ir al mercado de bonos sin la garantía del estado de Michigan. ¿Quien le va a dar esa garantía a PR en el futuro?

 

 

Como he dicho en múltiples ocasiones, be careful what you wish for, you may get it.

 

The Road to Hell is Paved with Good Intentions

 

Lin Manuel Miranda's 100 Miles Across

Lin Manuel Miranda’s 100 Miles Across

On Last Week With John Oliver last night, Lin Manuel Miranda and John Oliver made an impassioned plead in favor of Congressional help to Puerto Rico. Since I am not a fan of musical theater, my wife, who would give a kidney for tickets to Hamilton, had to explain who Lin Manuel was, I saw the video and recognize his incredible talent.  It is clear that they both are sincere in their plead for the island. It is also clear that they do not have all the information on the PR Debt Crisis.

 

The bad guys in their narrative are the hedge funds or as they call them, vulture funds. These are funds that go into distressed businesses or municipalities and buy their bonds at a discount. In the case, for example, of the Puerto Rico Government Development Bank bonds, they are selling at around 18 cents on the dollar. This is equivalent of a 34% interest rate. Of course, PR will likely default on them on May 1.

 

Hedge funds come in all colors and sizes. Some want to be paid 100 cents on the dollar, others are willing to take a haircut (a cut in the price and hence the interest rate paid) because they would still make money. For example, in the PR Power Electric Company’s deal, where bondholders are taking haircuts, there are hedge funds. Hence, to say they are the enemy is disingenuous.

 

Another misconception is Chapter 9. If you hear Mr. Miranda or Mr. Oliver, it seems the panacea to all of the island’s problems. However, Chapter 9 DOES NOT APPLY to the Government of Puerto Rico or to ANY state government. It applies to MUNICIPALITIES, which is defined as the more common cities of a state or its political subdivisions. In Puerto Rico’s case, much of the debt was issued by political subdivisions. Still, Chapter 9 does not provide much relief as I further explain.

 

According to the Government Development Bank Quarterly Report dated May 7, 2015, PR’s GO debts total $23.804 billion. PR’s GO’s have the protection of the island’s constitution which requires that in case of a lack of funds in the budget, they be paid before anything else. See, Article VI, section 8 of the Constitution. That leaves us with $48.400 billion as potentially subject to Chapter 9. However, 11 U.S.C. § 109(c) requires that state law specifically allow a municipality or public corporation to file for Chapter 9 protection. If Law 71-2014, the Recovery Act, is any indication of the legislature’s intent, municipalities, the GBD and its subsidiaries, the Fideicomiso de Niños, the Commonwealth’s Retirement System and its instrumentalities, the Judicial Retirement Fund, the Agency for Municipal Financing, AFI, COFINA, the Teacher’s Retirement Fund, and others were excluded from filing for its protection. Therefore, one can conclude that the legislature would not allow them to file for Chapter 9 protection. If one excludes these parties bonds, one is left with only $24.914 billion that could file for Chapter 9 protection, leaving $47.290 unprotected. See pages 56 and 64 of Government Development Bank Quarterly Report dated May 7, 2015.

 

Moreover, 11 USC § 109(c) requires that a municipality be insolvent in order to file for Chapter 9 protection. But COFINA is not insolvent. Hence, even if PR law allowed it to file, it could not. In addition, § 109(c) requires that the parties negotiate in good faith. Ms. Melba Acosta, head of the Government Development Bank testified in a case in February 2016 in Federal Court where WalMart was challenging a PR tax and admitted, under oath, that the FIRST time PR had met with its creditors was January 29, 2016. Hence, this good faith negotiation has not yet been met.

 

These and other reasons are why PR is pushing for a Super Chapter 9 where it would restructure all of its debt. That, however, has a snowball’s chance in hell of being approved since no STATE can do this and would be a terrible precedent for General Obligation bondholders. If Congress gives this to a territory, why would it not provide it to the states? And the 10th Amendment would not be a bar since it would mirror Chapter 9 by making it a state decision to take advantage of the law.

 

Another inaccuracy is the mention of firing teachers as a hedge funds idea. Happens to be that it is part of the Government of Puerto Rico’s Krueger report, which in typical IMF fashion, favors wholesale firing of employees and lowering of minimum wage. AGAIN, THIS IS NOT HEDGE FUNDS’ IDEAS BUT RATHER AN OFFICIAL GOVERNMENT REPORT. As to the hospital that had its electricity disconnected, there is no mention that the lack of government payments was what forced the default. PR’s Government claims it cannot pay its bond debt, but it is not paying its suppliers to the tune of $2 billion. In addition, there is no mention of the fact that the last 4 administrations have more than doubled the debt in order to finance its budgetary deficits or that the island has 120 public agencies. Nevertheless, Puerto Rico has been able to pay TENS OF  MILLIONS  to their restructuring advisors and spin-doctors without complain.  See:  Professional Services Contracts for the Government Development Bank 1/1/2013-4/26/2016 (And this is just for the Government Development Bank, does not include the TENS OF MILLIONS already spent over at PREPA, PRASA, and other agencies)

Finally, and more importantly, the fact is that the PR economy has not grown in quite a while. Without economic development, PR cannot pay its debt. At the center of this morass is the status, which Mr. Miranda seems to want to ignore. Interestingly, since the 1930’s Luis Muñoz Marín proclaimed that the status was not the issue but rather improving the economy. More than 70 years later the economy is worse than ever. The status IS the issue.

 

Puerto Rico is in dire problems, yes, and help is needed, yes, but as Sergeant Joe Friday used to say, “just the facts, just the facts.”

 

You can also read on my blog:  CHAPTER 9 DOES NOT RESOLVE PUERTO RICO’S PROBLEMS

 

Previous Last Week With John Oliver where he mentioned Puerto Rico