Puerto Rico Law

El Estatus y los Casos Ante el SCOTUS

En este término, el Tribunal Supremo de USA (SCOTUS) concedió dos certioraris a petición del Gobierno de PR, PR v. Sánchez, sobre la 5ta enmienda y PR v. Franklin California (dos casos consolidados en uno) sobre la quiebra criolla. Ya varios líderes del PNP están hablando de que esta es una oportunidad para que el SCOTUS determine “si las reglas en un territorio, propiedad de los Estados Unidos y poblado por ciudadanos americanos, deben seguir siendo distintas, como lo determinó hace un siglo un Supremo plagado de jueces racistas y segregacionistas de la época” Respetuosamente discrepo de la Representante.

El SCOTUS emite certioraris para contestar las preguntas que entiende pertinente contestar basados en la petición que se le hace. Hay ocasiones que se le presentan 2 o más preguntas y escoge solo una. En los casos de PR, estas fueron las preguntas presentadas y las que contestarán.

PR v. Franklin California

Whether Chapter 9 of the federal Bankruptcy Code, which does not apply to Puerto Rico, nonetheless preempts a Puerto Rico statute creating a mechanism for the Commonwealth’s public utilities to restructure their debts.

Acosta Febo v. Franklin California

Whether chapter 9 of the federal Bankruptcy Code, which does not apply to Puerto Rico, nonetheless preempts a Puerto Rico statute creating a mechanism for the Commonwealth’s public utilities to restructure their debts.

PRv. Sánchez

Whether the Commonwealth of Puerto Rico and the Federal Government are separate sovereigns for purposes of the Double Jeopardy Clause of the United States Constitution.

Como verán, en los primeros dos casos, el issue es si PR puede hacer su propia ley de quiebra criolla. Subyacente a esta pregunta está si los estados que no permiten a sus municipalidades acogerse el Capítulo 9 (11 USC sec. 109(c) requiere que la ley del estado expresamente permita a cada entidad acogerse al Capítulo 9) hacer su propia ley de liquidación. Así que hasta cierto punto, aunque la opinión de la Juez Lynch del 1er Circuito trata a PR como un territorio, el issue es más grande en términos de si el territorio o estado conflige con un campo ocupado federal. Por lo tanto, el issue territorial no es el issue más importante ya que es claro que PR es un territorio.

En cuanto a PR v. Sánchez, el issue es más sobre el estatus. ¿Hubo un cambio de estatus en 1952 o fue simplemente unos poderes delegados por el Congreso a PR? Aquí, el SCOTUS puede decidir que PR es algo especial y fabuloso, no sujeto a la clausula territorial, como cree el Juez Breyer, ver, Córdova & Simonpietri Ins. Agency, Inc. v. Chase Manhattan Bank, N.A., 649 F.2d 36 (1st Cir. 1981) y Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974). El único obstáculo es la Constitución misma y Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980). El SCOTUS podría decir, además, que PR es un territorio de los USA y nada más como dijo en Puerto Rico v. Shell Co. (P.R.), 302 U.S. 253 (1937). El SCOTUS no tiene que entrar a discutir si PR como territorio no incorporado, que es lo que se introdujo con los casos insulares, tiene soberanía propia ya que los territorios como Utah si tenían soberanía que emanaba del Congreso, ver Thompson v. Utah, 170 U.S. 343 (1898). El SCOTUS también podría decir que PR es algo especial y aunque sigue siendo un territorio, para efectos de la 5ta Enmienda, tiene soberanía primigenia y no procede la doble exposición.

En síntesis, para decidir los casos antes si, el SCOTUS no tiene que tocar el issue de si PR es un territorio incorporado o no. Más aún, el SCOTUS si podría darle más vida al ELA moribundo si decide que si, que es un estatus especial y único, aunque dudo mucho lo haga. Además, la tradición de no salirse de los issues a los cuales se les concedió certiorari es fuerte, aunque en raras ocasiones se salen de ahí. Estas dos decisiones serán de gran importancia para destruir o fortalecer el ELA más no para levantar el discrimen de los casos insulares desgraciadamente.

 

 

 

 

 

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Los Retrasos en los Tribunales de Primera Instancia

LOS RETRASOS EN LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

Hoy en la mañana vi una entrevista con el Juez Presidente Federico Hernández Denton. En ella justifica los atrasos en las salas criminales de los Tribunales en abogados que no están preparados y en que el descubrimiento de prueba no se ha culminado

Concuerdo con la posición del Juez, pero eso no resuelve el problema. Si un abogado, que el Juez sabe siempre esta preparado, no lo está en una ocasión, pues se puede ser flexible. Pero cuando no esta preparado una y otra vez, claramente es una táctica dilatoria y el Juez debe imponer sanciones. Lo que el Juez Presidente no menciona es que los jueces de Primeria Instancia normalmente no imponen sanciones porque el Tribunal Apelativo en la mayoría de los casos los revoca. En los Tribunales de PR la impunidad de los abogados y la irresponsabilidad de muchos es legendaria. Si yo llego a una vista en el Tribunal Federal sin prepararme, las sanciones van a ser inmediatas y severas.  Allí el “ay bendito” no abunda.

Los Tribunales Apelativos de PR no entienden lo que quiere decir discreción. Usualmente substituyen su visión de las cosas por la de los jueces que están todos los días en las trincheras. Si consideramos que muchos de los Jueces del Apelativo eran políticos y no abogados de la práctica, entendemos el problema.

Quiero aclarar además, las manifestaciones del Juez Hernández Denton. Es cierto que cada Juez de Primera Instancia tiene más casos que un Juez Federal, pero la complejidad de los federales es infinitamente mayor. Dada las Reglas de Procedimiento Criminal de PR y su jurisprudencia interpretativa, las raras ocasiones que más de tres personas son acusados en un solo caso, sus abogados obtienen un juicio aparte. Esa no es la regla en el Federal, conde 50-100 acusados en un caso son comunes. Los mismo ocurre en los casos civiles debido a que el Tribunal Federal es un Tribunal de jurisdicción limitada.

Desde el 2010 el TSPR esta forjando un nuevo rumbo para los Tribunales de PR, más cónsono con las prácticas federales, pero los Tribunales de menor jerarquía no parecen entender el mensaje. Creo que nuestra máxima curia tiene que ser más clara en sus pronunciamientos sobre este tema y fiscalizar mejor a los Tribunales de Primera Instancia. Como dijo el Juez Díaz Cruz en Pueblo v. Pérez Cruz, 103 D.P.R. 44, 46 (1974), “[j]usticia lenta no es justicia.”

My Thoughts Regarding Mr. Leonard Weiser-Varon and Mr. William Kannel of Mintz Levin’s Blog Post

On March 17, 2014, Mr. Leonard Weiser-Varon and Mr. William Kannel of Mintz Levin published an entry in his blog titled “Legislative Balloon for Puerto Rico Public Corporation Insolvency Attracts Bondholder Attention”.   Although I agree with much of what is said there, a few issues need clarification.

Puerto Rico defaulting on its bond obligations is not an if, but rather a when. The island’s economy has not grown since 2006, with the exception of one quarter of .1% in 2012, clearly a case of depression rather than recession.  The idea of Puerto Rico’s default has been discussed all over the bond and business media and there seems to be a general agreement that it will happen in the next three years. Hence, a orderly process for the reorganization of Puerto Rico’s public corporations and even municipalities is a must.

Felix Salmon recently stated that “[t]he default will be messy, however, since there is no chapter of the US bankruptcy code that encompasses Puerto Rico. A lot of different court cases will be held in a passel of different jurisdictions, and a lot of lawyers will get rich. In the end, everybody is going to have to take a nasty hit—including the island’s retirees, whose pension funds are woefully underfunded.” (footnote omitted).  Given this scenario, it is in bondholders interest to have the administration of this impending default in the hands of one court with a clear statute to guide it. Moreover, Puerto Rico’s public corporations owe over $25 billion and municipalities, not yet included in the statute, owe $3.88 billion more. See, GBD presentation to investors of October 15, 2013, at page 56.   It must also be remembered that the Puerto Rico Electric Power Authority, according to its financial statements of 2013, has $791,385,000 more in liabilities than in assets. See page 8.  See also my blog entry.

The entry mentions Governor Garcia Padilla’s opposition to the proposed measure but this must be taken with boulders of salt. As it is very common, he speaks with one side of his mouth to the voters in Puerto Rico and from another to investors. His only comments in the local press were that he had not participated in its writing and that no specific plans for restructuring of corporations had been adopted. In addition, given that the next administration, coming in on January 2, 2017, will have to assume the bulk of payment of the new $3.5 billion bond emission, the measure could very well garner minority vote to override any veto by the Governor.

The entry continues with a general questioning of Puerto Rico’s power to enact a liquidation or reorganization law. Although the power to enact bankruptcy laws was delegated to Congress via the U.S. Constitution, it is nevertheless a fact that for a large part of our history it was not used. The first bankruptcy law was enacted by Congress in 1800 to 1803 when it was repealed. Later it was enacted twice and repealed twice but in 1898 it was here to stay, with several amendments and a complete overhaul in 1978. In the interim, several state laws were enacted to fill the void.

In this framework and considering that Puerto Rico’s public corporations and municipalities are explicitly excluded from Chapter 9 of the Bankruptcy Code, 11 U.S.C. § 101 (52), Puerto Rico can legislate since there is no preemption. With a doubt, however, any filing of a Puerto Rico public corporation or municipality pursuant to this law would trigger litigation but it would not take several years to resolve. Let us imagine that PREPA filed for protection of this new reorganization law. What would be the bondholder’s reaction? Rush to Federal Court to question the laws constitutionality? Very likely, but then they would be faced with several abstention doctrines, to wit, Railroad Commission v. Pullman Co., 312 U.S. 496 (1941); Burford v. Sun Oil Co., 319 U.S. 315 (1943) or Louisiana Power & Light Co. v. City of Thibodaux, 360 U.S. 25 (1959). Pullman requires the federal court to abstain when there are federal and state constitutional questions and send the case back to state court to litigate them. Unless plaintiff makes a specific reservation of federal rights via England v. Louisiana State Board of Medical Examiners, 375 U.S. 411 (1964), all claims will be litigated in state court and will be res judicata in federal court, see, Duty Free Shop Inc. v. Administración de Terrenos, 889 F.2d 1181 (1st Cir.1989). If there is such a reservation via Pullman, the plaintiff may return to federal court. Burford and Thibodaux are a bit more complicated for they involve undecided questions of state law of great public policy import. Case law is not clear if an England type reservation of rights would be possible pursuant to these abstention doctrines, see, Front Royal and Warren County Industrial Park Corporation v. Town of Front Royal, Virginia, 135 F.3d 275 (4th Cir. 1998) and Fields v. Sarasota Manatee Airport Auth., 953 F.2d 1299 (11th Cir.1992). Hence, the cases would be sent back to Puerto Rico’s courts.

Moreover, even if bondholders made a reservation of rights, the issues would be quickly decided. The Puerto Rico Supreme Court has very actively exercised its discretion to certify issues in the Courts of First Instance for quick decision. This was done in Trinidad v. ELA, 2013 TSPR 73 and Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1 (2010), cert denied, Domínguez Castro v. Puerto Rico, 131 S. Ct. 152  (2010) Both Trinidad and Domínguez Castro were decided in a year or less on issues of the constitutionality of altering contractual obligations.

This brings us to the issue of the alteration of contractual obligations pursuant to the U.S., rather than Puerto Rico’s constitution. Federal courts, however, have been accommodating of a government’s efforts to alter its obligations. It is allowed as long as evidence of crisis and failure of other efforts is discussed in the legislation. This was affirmed by the First Circuit in the firing of over 12,000 employees due to the 2009 financial crisis, see, United Auto., Aerospace, Agr. Implement Workers of America Intern. Union v. Fortuño, 633 F.3d 37 (1st Cir. 2011). As evidenced by the dates in these cases, these controversies were decided in less than two years at the state Supreme Court level and the Circuit Court of Appeals level. Given the strictures of the U.S. Supreme Court’s certiorari practice, it is unlikely it would be granted. Also, irrespective of which court decides the case or when, the fact remains that once the reorganization filing occurs, bondholders will cease to be paid.

The entry also points out, quite correctly, that the law as it is now, does not provide for a cram down of a plan. However, the Senators who wrote the act knew that it was incomplete and were expecting input from several sources, including my own.   Mr. Weiser-Varon and Mr. Kannel’s insight will undoubtedly be examined and adopted by the Puerto Rico legislature.