Puerto Rico

LA INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO

Nuevamente el Gobierno demuestra su incompetencia. No sabe cómo manejar la  situación creada por los terremotos en el sur y se descubre un almacén con suministros que no se repartieron a las personas con necesidades refugiadas en esa región. ¿Desde cuándo el Gobierno es incompetente? Como yo lo veo, desde siempre. Esa patraña de que bajo el Gobierno de Muñoz todo funcionó no me lo trago. Desde la nacionalización de la generación y distribución de la energía eléctrica, sí la creación de la AEE en 1941, el Gobierno falla. Creo fábricas de cristal, cemento y cartón, pero no las supieron administrar y estaban en efecto insolventes, forzando su venta a intereses privados.

Para los años 50’s, se comenzaron a establecer petroquímicas en el sur, atraídos por las regulaciones del Departamento del Interior que los eximía del pago de arbitrios sobre el petróleo importado mientras estaban en PR. Las petroquímicas compraban el petróleo barato en Venezuela y lo procesaban para gasolina y otros combustibles para la venta en USA. Negocio redondo. Los idiotas del Gobierno no entendían que esto era una prebenda que dependía de los vaivenes de Washington y el suministro de petróleo y la AEE estableció la mayor parte de sus plantas de generación en el sur. Al eliminarse el impuesto al petróleo importado a raíz del embargo petrolero de 1973, la ventaja de impuestos de las petroquímicas se esfumo y la más grande, la Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) se fue a la quiebra en 1973.

Durante esa época, la administración de Hernández Colón compró la Telefónica y  las Navieras, un gasto totalmente innecesario y se inventó la patraña de que se podía tomar prestado para cuadrar el presupuesto, creando la deuda extra constitucional, que es ilegal, pero hay que pagar. Las subsiguientes administraciones continuaron esta práctica.

Vino Romero Barceló y con él, las 936, que no trajeron crecimiento económico y solo enriquecieron a unos pocos. Luego de su eliminación, Sila y Aníbal aumentaron el gasto público y este último creo COFINA. Fortuño siguió tomando prestado al igual que Alejandro, a pesar del me vale. En el 2014 nos dijo que “salvamos las finanzas” luego de emitir $3.5 billones en bonos al altísimo 8% de interés. Un año después, todo compungido nos dice que PR no puede pagar sus deudas y fue a buscar dinero al Congreso y le dieron PROMESA. La teoría del pacto se fue a juste.

La administración de Ricardo Rosselló no se quedó atrás. Su incompetencia durante María, desde no aceptar los miles de muertos, prometer electricidad para todo PR en fechas imposibles y burlarse de los votantes. Eso sin contar el chat, las serias alegaciones contra su mujer y, en fin, todo su equipo de ladrones, canallas y traidores. GOOD RIDDANCE!

Vino Wanda Vázquez pregonando que no era política y resultó que no solo lo es si no que también es incompetente. Wanda Vázquez, ante la incapacidad del Gobierno de ayudar a los refugiados y el  escándalo del almacén de  Ponce, dice que heredó un gobierno como excusa  para su incompetencia. Su manifestación  ignora el  hecho  que  ella es parte del gobierno e interactuó con múltiples agencias para ayudar a los necesitados desde que fue Procuradora de la Mujer en la administración de Fortuño y Alejandro. Luego fue Secretaria de Justicia formando un escándalo con uno suministros del alcalde de Patillas que quedó en nada y rehusando investigar denuncias de acciones de la administración Rosselló. Ella tenia que saber de los suministros y si no lo sabia, desde que llegaron los refugiados tenia que haber preguntado que suministros, si alguno, tenia el Gobierno. No lo hizo y  por lo tanto demuestra su incompetencia crasa.

Más aún, los de manejo de emergencia, Dpto. de la Familia y toda agencia que tiene que ver con los refugiados en la sur tenia el deber de preguntarse “¿qué suministros tenemos disponibles? ¿qué necesitan los refugiados?” Todos fallaron. ¿Por qué? Porque el Gobierno de PR es incompetente y ni siquiera sabe cumplir con las funciones básicas de todo  gobierno, proteger a sus ciudadanos. Hace falta destruir el  Gobierno y  volverlo a hacer.  La pregunta es ¿quién le pone el cascabel al gato?

LOS POLITICOS Y LO QUE VIENE EN PROMESA

En Puerto Rico, los políticos actúan como si ellos fueran los que decidieran cuanto se va a pagar por servicio a la deuda. Más aún, continúan con la actitud que cualquier aumento en ingresos del erario hay que gastarlo en tal o más cual grupo lo que los va a ayudar a revalidar en las elecciones. El mejor ejemplo es los municipios que confeccionaron sus presupuestos a base de la validez de la ley 29 a pesar que la Junta les dijo que iba a impugnarla.  La argumentación oral de la Junta sobre la ley 29 demuestra que al fin entiende que tiene muchos más poderes de lo que antes pensaba y la decisión de la Juez Swain de no desestimar su demanda es el preámbulo de una decisión en contra del Gobierno de P.R.

 

Más aún, el  24 de julio de 2019, la Juez Swain nos tiró a todos los que estamos en el  caso una  curva y mandó a mediación por 120-días, entre otros, lo siguiente:

 

  • Las demandas recientes de la Junta contra  bonos de Retiro,  GO’s, PBA y Carreteras;
  • Asuntos relacionados al impuesto al ron y los bonos de PRIFA;
  • La validez e impacto de los clawbacks de ingresos;
  • Reclamaciones contra los que proveyeron servicios para emisión de deuda;
  • Reclamos anticipados a la clasificación, incluyendo los issues de los “securities” y entre reclamaciones no aseguradas, i.e., pensiones v. reclamaciones no aseguradas en general;
  • Identificación y trato de los servicios esenciales bajo un plan de ajuste;
  • Tratamiento de reclamaciones basadas en alegaciones de violaciones de la Constitución Federal bajo el plan de ajuste (más no de las violaciones de la Constitución de PR);

 

Creo que hay un mensaje claro a todos en el caso. La Juez Swain no interesa tener que decidir todos estos issues y quiere que se llegue a acuerdos. Como todo en la vida, puede que si, puede que no. Pero los acuerdos que se logren, si alguno, serán el esqueleto del plan de ajuste del ELA. A finales de noviembre sabremos que acuerdos se han logrado.

 

Les recuerdo a los lectores que una vez se establezca que son servicios esenciales, eso no quiere decir que estos recibirán todos los fondos que los políticos quieren. La Junta también limitará esto bajo su control del presupuesto. Además, la premisa inarticulada es que lo que sea servicios no esenciales se podrán limitar, forzando despidos o reducción de jornada. Más aún, si la ley 29, como creo que va a ocurrir, es inhabilitada por la Juez Swain, los Municipios menos afortunados económicamente tendrán que hacer lo mismo o ver sus funciones puestas en consorcios, disminuyendo dramáticamente el poder del Alcalde.

 

Si se logran sufiicientes acuerdos, especialmente sobre bonos, el plan de ajuste se puede radicar para enero de 2020 y ser aprobado para Verano del 2020, justo antes de las elecciones. Habrá mucho crujir de dientes y rasgaduras de vestimentas por nuestros políticos cuando ocurra. El momento del pago de la deuda se acerca y estoy seguro que ni el Gobierno ni los Municipios están preparados. Como he dicho muchas veces, PROMESA obliga a los boricuas a redefinir que gobierno pueden tener y la Junta esta lista para hacerlo.

 

No quiero terminar sin antes mencionar  el  caso de Aurelius ante el SCOTUS. La cobertura de la  prensa Boricua ha sido limitada y hay que poner las cosas en sus justa perspectiva. El argumento oral va a ser el 15 de octubre y la decisión puede venir tan temprano como finales de noviembre a principios de diciembre de 2019. Si  el SCOTUS decide  que el nombramiento de la Junta fue constitucional, todo sigue igual. Si el SCOTUS decide que el Primer Circuito tenia razón, todo sigue igual. PERO, el SCOTUS puede decidir  que el nombramiento de los miembros de la Junta fue inconstitucional y  determinar que todas sus acciones fueron ilegales. Aurelius argumenta que entonces habría un stay para la nueva Junta ser nombrada y  esta  decidir si  lo que hizo la anterior fue válido, lo cual nada cambia. La Utier, sin embargo, argumenta, con mucha razón, que todas las actuaciones de la  Junta se deben invalidar y  eso  sería un game changer, aunque dudo que ocurra.  Debo mencionar además, ya que pocos lo mencionan, que la Utier también argumentan que los casos insulares deben ser revocados. En  mi  opinión el SCOTUS va a ignorar este argumento.

 

Hay muchas cosas que pueden pasar  pero nuestros políticos y mucha de la prensa  continua en discutir asuntos sin importancia. A ver que pasa.

 

LAS ASAMBLEAS DE PUEBLO Y LA CONSTITUCION

Desde las manifestaciones en contra del anterior Gobernador Rosselló, la izquierda Boricua ha estado convocando un tipo de “Asambleas de Pueblo” para empujar las enmiendas que prefieren a la Carta Magna. Nada de malo en esto, excepto que alguna de las cosas pueden ser problemáticas. Por  ejemplo, se habla de la ñoñería de la  auditoria de la deuda. Aunque coincide  con la necesidad de una Asamblea Constitucional donde se revise la Constitución como contempla el Artículo VII, sección 2, hay que entender las limitaciones que el mismo documento tiene a ser enmendada.

El Artículo VII, sección 3 de la Constitución dice así:

Ninguna enmienda a esta Constitución podrá́ alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su Carta de Derechos. Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá́ ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Publica 600 del Congreso Octogésimoprimero, adoptada con el carácter de un convenio.

En otras palabras, cualquier enmienda a la Constitución tiene que ser consistente no solo con la Constitución Federal y la leyes federales en general si no que esta supeditada a Ley de Relaciones Federales y la Ley 600. Más aún, el reclamo de la auditoría de la deuda, puede ser interpretada como una violación a la forma republicana de Gobierno, que es la separación de poderes, ver, Misión Industrial v. Junta de Planificación de Puerto Rico, 146 D.P.R. 64 (1998) y  Guzmán Vargas v. Calderón, 164 D.P.R. 220 (2005).  Ahora mismo, solo un Tribunal puede declarar una deuda inválida, no una Comisión Ciudadana. Tratar de cambia esto sería incompatible con lo que se puede hacer bajo la Constitución. Aquellos que en la prensa ensalzan este movimiento lo tienen que ponderar en su justa perspectiva. Su propósito no es hacer cambios a la Constitución. Estas Asambleas de Pueblo no son intentos de cambio a la Carta Magna si no conatos de independencia. Nada de malo en la independencia, pero no la metan por la cocina. Sean honestos con el Pueblo.