Puerto Rico

LOS POLITICOS Y LO QUE VIENE EN PROMESA

En Puerto Rico, los políticos actúan como si ellos fueran los que decidieran cuanto se va a pagar por servicio a la deuda. Más aún, continúan con la actitud que cualquier aumento en ingresos del erario hay que gastarlo en tal o más cual grupo lo que los va a ayudar a revalidar en las elecciones. El mejor ejemplo es los municipios que confeccionaron sus presupuestos a base de la validez de la ley 29 a pesar que la Junta les dijo que iba a impugnarla.  La argumentación oral de la Junta sobre la ley 29 demuestra que al fin entiende que tiene muchos más poderes de lo que antes pensaba y la decisión de la Juez Swain de no desestimar su demanda es el preámbulo de una decisión en contra del Gobierno de P.R.

 

Más aún, el  24 de julio de 2019, la Juez Swain nos tiró a todos los que estamos en el  caso una  curva y mandó a mediación por 120-días, entre otros, lo siguiente:

 

  • Las demandas recientes de la Junta contra  bonos de Retiro,  GO’s, PBA y Carreteras;
  • Asuntos relacionados al impuesto al ron y los bonos de PRIFA;
  • La validez e impacto de los clawbacks de ingresos;
  • Reclamaciones contra los que proveyeron servicios para emisión de deuda;
  • Reclamos anticipados a la clasificación, incluyendo los issues de los “securities” y entre reclamaciones no aseguradas, i.e., pensiones v. reclamaciones no aseguradas en general;
  • Identificación y trato de los servicios esenciales bajo un plan de ajuste;
  • Tratamiento de reclamaciones basadas en alegaciones de violaciones de la Constitución Federal bajo el plan de ajuste (más no de las violaciones de la Constitución de PR);

 

Creo que hay un mensaje claro a todos en el caso. La Juez Swain no interesa tener que decidir todos estos issues y quiere que se llegue a acuerdos. Como todo en la vida, puede que si, puede que no. Pero los acuerdos que se logren, si alguno, serán el esqueleto del plan de ajuste del ELA. A finales de noviembre sabremos que acuerdos se han logrado.

 

Les recuerdo a los lectores que una vez se establezca que son servicios esenciales, eso no quiere decir que estos recibirán todos los fondos que los políticos quieren. La Junta también limitará esto bajo su control del presupuesto. Además, la premisa inarticulada es que lo que sea servicios no esenciales se podrán limitar, forzando despidos o reducción de jornada. Más aún, si la ley 29, como creo que va a ocurrir, es inhabilitada por la Juez Swain, los Municipios menos afortunados económicamente tendrán que hacer lo mismo o ver sus funciones puestas en consorcios, disminuyendo dramáticamente el poder del Alcalde.

 

Si se logran sufiicientes acuerdos, especialmente sobre bonos, el plan de ajuste se puede radicar para enero de 2020 y ser aprobado para Verano del 2020, justo antes de las elecciones. Habrá mucho crujir de dientes y rasgaduras de vestimentas por nuestros políticos cuando ocurra. El momento del pago de la deuda se acerca y estoy seguro que ni el Gobierno ni los Municipios están preparados. Como he dicho muchas veces, PROMESA obliga a los boricuas a redefinir que gobierno pueden tener y la Junta esta lista para hacerlo.

 

No quiero terminar sin antes mencionar  el  caso de Aurelius ante el SCOTUS. La cobertura de la  prensa Boricua ha sido limitada y hay que poner las cosas en sus justa perspectiva. El argumento oral va a ser el 15 de octubre y la decisión puede venir tan temprano como finales de noviembre a principios de diciembre de 2019. Si  el SCOTUS decide  que el nombramiento de la Junta fue constitucional, todo sigue igual. Si el SCOTUS decide que el Primer Circuito tenia razón, todo sigue igual. PERO, el SCOTUS puede decidir  que el nombramiento de los miembros de la Junta fue inconstitucional y  determinar que todas sus acciones fueron ilegales. Aurelius argumenta que entonces habría un stay para la nueva Junta ser nombrada y  esta  decidir si  lo que hizo la anterior fue válido, lo cual nada cambia. La Utier, sin embargo, argumenta, con mucha razón, que todas las actuaciones de la  Junta se deben invalidar y  eso  sería un game changer, aunque dudo que ocurra.  Debo mencionar además, ya que pocos lo mencionan, que la Utier también argumentan que los casos insulares deben ser revocados. En  mi  opinión el SCOTUS va a ignorar este argumento.

 

Hay muchas cosas que pueden pasar  pero nuestros políticos y mucha de la prensa  continua en discutir asuntos sin importancia. A ver que pasa.

 

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LAS ASAMBLEAS DE PUEBLO Y LA CONSTITUCION

Desde las manifestaciones en contra del anterior Gobernador Rosselló, la izquierda Boricua ha estado convocando un tipo de “Asambleas de Pueblo” para empujar las enmiendas que prefieren a la Carta Magna. Nada de malo en esto, excepto que alguna de las cosas pueden ser problemáticas. Por  ejemplo, se habla de la ñoñería de la  auditoria de la deuda. Aunque coincide  con la necesidad de una Asamblea Constitucional donde se revise la Constitución como contempla el Artículo VII, sección 2, hay que entender las limitaciones que el mismo documento tiene a ser enmendada.

El Artículo VII, sección 3 de la Constitución dice así:

Ninguna enmienda a esta Constitución podrá́ alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su Carta de Derechos. Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá́ ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Publica 600 del Congreso Octogésimoprimero, adoptada con el carácter de un convenio.

En otras palabras, cualquier enmienda a la Constitución tiene que ser consistente no solo con la Constitución Federal y la leyes federales en general si no que esta supeditada a Ley de Relaciones Federales y la Ley 600. Más aún, el reclamo de la auditoría de la deuda, puede ser interpretada como una violación a la forma republicana de Gobierno, que es la separación de poderes, ver, Misión Industrial v. Junta de Planificación de Puerto Rico, 146 D.P.R. 64 (1998) y  Guzmán Vargas v. Calderón, 164 D.P.R. 220 (2005).  Ahora mismo, solo un Tribunal puede declarar una deuda inválida, no una Comisión Ciudadana. Tratar de cambia esto sería incompatible con lo que se puede hacer bajo la Constitución. Aquellos que en la prensa ensalzan este movimiento lo tienen que ponderar en su justa perspectiva. Su propósito no es hacer cambios a la Constitución. Estas Asambleas de Pueblo no son intentos de cambio a la Carta Magna si no conatos de independencia. Nada de malo en la independencia, pero no la metan por la cocina. Sean honestos con el Pueblo.

 

 

LA AGENDA MAS IMPORTANTE DE LA GOBERNADORA

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La Gobernadora tiene mucho taller ante sí. Pero sobre los dos asuntos más apremiantes, la Junta y la corrupción, nada ha dicho. Ambos asuntos son de lapidaria importancia, como diría mi apreciado profesor, Don Herminio Brau (QEPD).

 

El asunto de la Junta es multi-temática. ¿Continuará la Gobernadora la actitud de conflicto y desafío continuo a la Junta o tratará de ser más conciliatoria? ¿Que va a hacer sobre las pensiones, los bonos y la venta de la AEE? Definitivamente la Gobernadora no puede continuar con la política de confrontación abierta con la Junta de la Administración de Rosselló. Muchos de los cambios que propone la Junta son necesarios pero anatema a la clase política, como la reducción de pensiones y los bonos de navidad. Pero la confrontación a nada lleva ya que con excepción de la victoria sobre Zamot, la administración ha perdido todas las demás batallas.

 

Tampoco puede unirse al esfuerzo de la Junta de destruir a los bonistas de obligación general. Aún si PR gana ese enfrentamiento, el mal sabor que esto dejará sobre los inversores retrasará cualquier regreso al mercado con intereses razonables, uno de los dos requisitos para la salida de la Junta. Hay que mirar al futuro y no a la próxima elección como fue la visión de Rosselló. Un acuerdo similar al de COFINA para los bonistas de obligación general ayudaría mucho a la imagen de la isla ante los inversores internacionales. Esto podría llevar a una confrontación con la Junta pero al fin y al cabo, PR es quien tiene que ejecutar el plan de ajuste y va a ser más difícil para la Juez Swain aprobar el mismo si el Gobierno lo objeta. No imposible, pero definitivamente más difícil.

 

Otro asunto atado a lo anterior es el costo de la representación legal del ELA. Peter Friedman y compañía ha hecho un muy buen trabajo PERO a $1,300 la hora. Es tiempo de examinar los costos de abogados y peritos y decidir si firmas locales no pueden hacer el mismo trabajo por una fracción del costo. Lo mismo se puede decir de los peritos de AAFAF. Esto nos lleva a otro asunto. ¿Quien será el director de AAFAF y cual será la actitud de la agencia hacia la deuda? ¿Quien será el representante ante la Junta y cual será su actitud hacia la Junta? Es tiempo de una revisión completa de ambas agencias y de que hacer. PR aumenta ingresos cada mes por encima de lo predicho por la Junta. PR tiene que comenzar a pagar su deuda, cosa que muchos políticos rehúyen hacer. Mientras más paguemos, mejor opinión tendrán de nosotros en los mercados de inversión, a los cuales tendremos que ir, más pronto de lo que muchos pensamos.

 

Por último, la corrupción. En escritos anteriores he señalado que el Depto. de Justicia bajo Wanda Vázquez se hizo de la vista larga sobre señalamientos de corrupción. Si de verdad la Gobernadora quiere demostrar que no es una politiquera, tiene que atajar la corrupción en el Gobierno y eso se hace con arrestos y convicciones. Obviamente se comienza con investigaciones pero la verdadera prueba de un compromiso  con combatir la corrupción es arrestando y consiguiendo convicciones de los que roban del erario público. Solo así se le puede demostrar al Pueblo y al Gobierno Federal, que no hacen falta monitores para velar por su dinero. La bola esta en la cancha de la Gobernadora.  Le deseo el mas sincero éxito en esta difícil labor.