Ricardo Rossello

SI SOY MUDO EXPLOTO

 

Como dice el viejo dicho, si soy mudo exploto.

 

 

La propaganda barata del Gobierno me tiene hasta la coronilla. El jueves pasado, la Juez Swain le denegó un préstamo con garantía de $1 billón del ELA para la AEE. Indicó que no se había pasado prueba de la necesidad de esa cantidad ni la legalidad de la transacción. La juez si indicó que estaría dispuesta a aprobar un préstamo de hasta $300 millones con una súper prioridad administrativa. Ni cortos ni perezosos, la Junta y AAFAF radicaron a las 4:21 de la madrugada del viernes la petición para ese préstamo. La Juez indicó ese mismo día que los que se opusieran al préstamo tenían que hacerlo no más tarde del sábado a las 7 pm hora de PR. De no ninguna parte solicitar vista, decidiría sin ella y de ser necesario, la vería el martes 20 a las 10:30 am.

 

A pesar de esta buena noticia, la AEE insiste en comenzar a racionar la producción de electricidad, asustando al Pueblo con nuevos apagones. Algo totalmente innecesario como explico a continuación.

 

En los documentos radicados por la Junta y AAFAF para el préstamo original, estos dijeron que el ELA puede prestarle a la AEE sin permiso del Tribunal. Efectivamente, la sección 364(c-e) de Quiebras solo requiere permiso del Tribunal si se va a imponer un gravamen. Además, de la vista trascendió, que corporaciones públicas de PR le deben a la AEE $233 millones y el ELA puede prestarles ese dinero para que paguen su deuda. Por ende, no existe necesidad de comenzar a racionar la electricidad como indicó la AEE que iba a hacer. ¿Por qué lo están haciendo entonces? Un burdo intento de presionar no solo a la Juez Swain si no al Tesoro para que le preste dinero que fue aprobado por el Congreso y así poder politiquear con el cómo hacen todos los gobiernos de PR. Deleznable.

 

Otra cosa que me tiene por el techo es la defensa a ultranza de los twitteros del Gobierno de las personas en el Chat de WhatsApp del Juez Ramos. Seamos realistas, el Juez Ramos estaba en funciones oficiales y no como oficial del PNP en las elecciones. Por ende, sus actuaciones podrían ser delito. Y si sus actuaciones pudieran ser delito, los envueltos en el grupo de Chat podrían ser co-conspiradores en ese(os) delitos. Además, si el Juez Ramos violó la ética judicial, y aparentemente la Juez Presidente así lo cree, los abogados envueltos en ese chat a su vez podrían haber faltado a la ética profesional y de ser así, ser sancionados por el Tribunal Supremo. NO es excusa que nada hayan dicho, que sepamos. Si no querían estar en ese chat, se podían salir del mismo, todos lo hacemos a diario cuando nos incluyen en uno que no queremos estar y esto era algo serio que afecta sus actuaciones profesionales. No es algo que se pueda obviar.

 

 

 

¿Qué piensa hacer el líder sobre esto? Al fin y al cabo, todo se refleja en él.

 

 

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Et tu, Ricky y José? Versión Español

Et tu, Ricky y José?

*Traducción al Español de la columna de Caribbean Business del 20 de diciembre, 2017.

 

La mayoría de los puertorriqueños conocen de los “casos insulares”, una serie de decisiones del SCOTUS que dicen que el Congreso puede hacer con Puerto Rico como desee dado su estatus de territorio, excepto de privarlos de derechos fundamentales. La más conocida de estas decisiones fue la de 1901 Downes v. Bidwell, la cual está ahora en el centro de la teoría legal usada por la administración Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal para defender PROMESA contra reclamaciones de acreedores y la Utier que el nombramiento de los miembros de la Junta viola el Appointments Clause de la Constitución Federal.

 

Todas las partes envueltas en la litigación del Appointments Clause concurren en un punto:  El único issue en la litigación es si, como los demandantes reclaman, el presidente debió haber tenido mano libre para nombrar los miembros de la Junta sujeto a la confirmación del Senado, o si los incumbentes, que fueron en realidad escogidos por 4 miembros del Congreso debieran permanecer en sus posiciones y no tener que ir al Senado para su confirmación. Ni Aurelius ni la  Utier quieren revocar PROMESA o cambiar algunas de sus secciones excepto como se nombran los miembros de la Junta y aún en esta área solo sugieren cirugía menor.

 

La decisión de  Downes v. Bidwell no es simplemente una decisión del SCOTUS de principios del siglo pasado, es el pináculo de un momento en la historia legal de los U.S. que nos provee una imagen perfecta del pasado de nuestra nación enraizada en el racismo y el colonialismo. Pongámoslo en su contexto histórico, Downes, fue escrito por la misma Corte que sostuvo la segregación racial in Plessy v. Ferguson. El caso dice que “if the conquered are a fierce, savage, and restless people, [Congress] may […] govern them with a tighter rein, so as to curb their ‘impetuosity, and to keep them under subjection.’”  [1]La decisión le da al Congreso el derecho a crear tales organizaciones “it may deem best,” [2]y “to deprive such territory of representative government if it is considered just to do so, and to change such local governments at discretion.”[3]

 

Además, al citar Downes como precedente para apoyar la Junta como “buena ley”, el Gobierno de Puerto Rico está aceptando que la ciudadanía de U.S. de los nacidos en Puerto Rico no está protegida por la Constitución, y se les ve fundamentalmente como ciudadanos de segunda clase.  La decisión de Downes dice que la 14ava Enmienda contiene una “limitation to persons born or naturalized in the United States which is not extended to persons born in any place,” con los Puertorriqueños excluidos de la protección de la protección de la 14ava Amendment por esta limitación.

 

Downes ha sido citado por el Gobernador Rosselló y su administración, al igual que por la Junta, en su oposición al reto constitucional de Aurelius y la Utier al nombramiento de la Junta.

 

Yo puedo entender porque la Junta cita a Downes en su argumento legal ya que sus miembros harán cualquier cosa para justificar su continuada existencia. Pero lo que me deprime es ver al Gobierno Ricardo Rosselló, a quien siempre había considerado el portaestandarte del movimiento Estadista, invocar la decisión judicial más despreciable en la historia del estatus de Puerto Rico.

 

Para colmo de males, tenemos que forzosamente concluir que el Presidente de la Junta, el Sr. José Carrión III, supuesto proponente de la estadidad, haya aceptado el usar a Downes esa moción. Al hacerlo, Carrión da su apoyo a una doctrina legal racista que reclama que los Puertorriqueños son inferiores y ciudadanos de segunda clase para apoyar su nombramiento a la Junta. Vergüenza debería darle.

 

Como abogado practicante en el Tribunal Federal y estadistas el invocar a Downes  es preocupante; sin embargo, lo que lo hace más difícil de aceptar es que es innecesario invocar los casos insulares para oponer el desafío de Aurelius/Utier.  Aurelius no menciona estos casos en brief. El Gobernador Rosselló pudo haber rechazado Downes y argumentado que Puerto Rico es un territorio incorporado, al cual no le aplica Downes, como decidió el Juez Gelpí en Consejo de Salud de Playa de Ponce v. Rullan. De esta manera, Puerto Rico podía continuar argumentando la legitimidad de la Junta pero sin el discrimen inherente que permite la decisión de Downes. Así que el Gobierno de Puerto Rico está cuestionando su propia autonomía y al hacerlo refuerza la idea de que la Junta debe tener poder sobre todos los Puertorriqueños en vez del gobierno que eligieron.

 

Más aún, la moción del Gobierno apoya la ridícula idea de que la Junta es meramente una entidad “territorial”-y no federal. Como todos nosotros en Puerto Rico sabemos, esto es risible.  La realidad es que la Junta tiene poderes extensos sobre el Gobierno de Puerto Rico que ninguna agencia local tiene; de hecho, ni el Gobernadores ni la Legislatura pueden “exercise any control, supervision, oversight, or review over the Oversight Board or its activities,” [4]as Sec. 108(a)(1) of PROMESA states. Puerto Rico carece de medios de que la Junta le rinda cuentas de sus decisiones.

 

Peor aún, si la Juez Swain decidiera a favor de la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, este con podría luego cuestionar Downes case y los casos insulares nacidos de la era del racismo y el discrimen.

 

¿Por qué? La doctrina de “judicial estoppel,” que indica que si una parte argumenta un punto y recibe tratamiento favorable de la Corte sobre ese issue, está impedida de subsiguientemente argumentar lo contrario. ¿Como podría Puerto Rico luego cuestionar esta doctrina racista si cita su caso principal con aprobación?

 

¿Es la consecuencia no deseada de que el Gobernador Rosselló ayude a  José Carrión III ha deshecho más de 50 años de lucha por la igualdad y la estadidad para proteger la Junta y por razones que no son ni necesarias? to protect the Board, and for reasons that are not even necessary.

 

Y todo por la quiebra de Título III del ELA. ¿Es en los ojos de la Junta y del Gobernador Rosselló es mejor tener 100 años más de colonialismo y discrimen para colonialismo y discrimen que pagar las deudas de la isla. Este es el “unkindest cut of all.” ¿Et tu, Ricky y José?

 

[1] “Si los conquistados son un pueblo feroz, salvaje e inquieto, [el Congreso] puede […] gobernarlos con una rienda más fuerte, para frenar su ‘impetuosidad y mantenerlos bajo sujeción'”.

[2] “Puede considerar mejor”

[3] “Privar a ese territorio del gobierno representativo si se considera que lo hace, y cambiar a discreción a los gobiernos locales”.

[4] “Ejercer cualquier control, supervisión, supervisión o revisión sobre la Junta de Supervisión o sus actividades”

LA UPR: ALGO MAS QUE UN ALMA MATER

 

 

Cuando mi madre me mandó a PR, fue a vivir con mí tía y su esposo, Manuel Carrasquillo Herpén (Papa como yo le llamaba), quien fue maestro de matemáticas de la UPR por más de 37 años. Recuerdo la mesa del comedor llena de los papeles de sus exámenes mientras los corregía. Así que desde pequeño, la “UPI” era más que una Universidad, era parte de mi vida. Luego estudie allí por 7 años, bachillerato y leyes. Y a diferencia de muchos compañeros, volvía con frecuencia a la biblioteca de derecho a estudiar casos, leer tratadistas y revistas jurídicas. Así que la “UPI” ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria.

 

Por años la UPR ha funcionado como si existiera al margen de la realidad puertorriqueña. Gobernadores estadistas no osan contaminar con su presencia la Universidad que recibe el 80% de sus ingresos del erario público y al menor intento de aumentar una matrícula sumamente baja, los estudiantes se rebelan y declaran huelga.

 

Pero al fin la cruda realidad toca la UPR. Con un déficit de $7.6 billones, la Junta de Supervisión Fiscal determinó que el Gobierno no puede seguir subsidiando de forma ilimitada la UPR. Le indicó a ambos que hay que reducir el presupuesto en $300 millones, un tercio de la contribución del estado. Una verdadera crisis, la más grave que ha atravesado la Universidad en su historia. Como dijo Thomas Paine en The American Crisis, “these are the times that try men’s souls”. Pero ¿que hace el liderato de la UPR? ¿Busca maneras de ahorrar en una burocracia totalmente sobre inflada? ¿Busca maneras de que la empresa privada compre sus servicios? ¿Busca más fondos federales? No, el liderato de la UPR renunció. La presidenta interina y los rectores acaban de “renunciar y rechazar” los cortes de la Junta. El liderato de la institución académica más importante se juyó de la dura tarea a la cual se enfrentaban. Y que no vengan a decir que hay poco tiempo para hacer el plan fiscal. La Junta puso a la UPR como un “covered instrumentality” desde septiembre y sabían que había que hacer un plan fiscal y que tenían que cortar. Si no comenzaron entonces fue por pura dejadez.

 

Yo crecí en Dos Pinos, una urbanización de profesores universitarios, pero con la idea de que “when the going gets rough, the tough get going”. Si las cosas se ponían difíciles, se le buscaba la vuelta. Pero parece que el liderato de la UPR lo que aprendió fue que si el juego no va como ellos quieren, se van para su casa.

 

Nadie quiere que le corten $300 millones a la UPR pero si no lo hace su liderato, lo va a hacer la Junta. Uno pensaría que los que han vivido de la UPR la quieren lo suficiente para tratar de salvarla, tratar de minimizar el efecto de los recortes, pero, tal cual ratas en un barco que se hunde, huyen de su responsabilidad histórica. Yo solo se que Papa no hubiera huido y hubiera hecho todo lo que se podía hacer para salvarla. Se que no la hubiera abandonado. Pero eran otros tiempos y también se que Papa amaba la UPR y se que estos cobardes no la aman, solo son parte del problema que la ha llevado a donde está ahora.