Tribunal Supremo

AGP y El Supremo

El día 30 de julio de 2014, el Honorable Tribunal Supremo concedió la solicitud del Senador Thomas Rivera Shatz de certificación interagencial de su caso contra el Colegio de Abogados. Rápidamente, el Gobernador Honorable Alejandro García Padilla tuvo esto que decir

 

“El acceso a la justicia que tienen garantizado todas las partes en un proceso judicial incluye, como requisito indispensable, el derecho a juicio en su fondo, descubrimiento de prueba y la oportunidad de ventilar esa prueba ante un juez imparcial. El recurso de certificación impide ese proceso. Ante ese exceso sistemático en el ejercicio de discreción del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el día de hoy le he pedido a la Asamblea Legislativa que en la próxima sesión analice con celeridad los proyectos ‘E-13-0053 (PC 1248 y PS-657)’ que le quitan a dicho foro judicial la discreción de negar juicio en su fondo a una de las partes.”

Estas manifestaciones demuestran lo poco que conoce el gobernador del litigio. Yo fui el primero en radicar ante el Tribunal de Primera Instancia y les puedo decir que mi cuestionamiento de la ley del Colegio es lo que se llama un “facial challenge” o sea, cuestionar el texto de la ley, no su aplicación. En esos cuestionamientos, no hay descubrimiento de prueba ni vista en su fondo. Pero esto no acaba aquí. Ya en Alvarado Pacheco y Otros v. E.L.A., 188 DPR 598 (2013)  ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico había rechazado los cambios que se le hicieran a su jurisdicción y esta determinación fue avalada en Brau, Linares v. ELA, 2013 TSPR 156  y más recientemente en Asociación de Maestros v. Sistema de Retiro de Maestros para Puerto Rico, 2014 TSPR 58 

Más aún, la certificación interjurisdiccional provee un mecanismo efectivo para dilucidar rápidamente asuntos de gran importancia pública. A manera de ejemplo, en el caso de Asociación de Maestros, la demanda fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia el 8 de enero de 2014 y la resolución del Tribunal Supremo decidiendo la controversia luego de una vista evidenciaria y dos argumentaciones orales, fue emitida el 11 de abril. En cualquier jurisdicción eso es extremadamente rápido y no hay nada mejor que la resolución de controversias de gran importancia de forma expedita.

El Honorable Gobernador, en vez de despotricar en contra del Tribunal Supremo, debería dejar de promover y aprobar leyes que a todas luces son inconstitucionales como la colegiación compulsoria. Solo así el Pueblo volverá a tener confianza en sus instituciones.

 

 

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El Caso de Doral-Parte II

En el día de hoy, Hacienda radicó moción de desestimación en el Tribunal de Primera Instancia alegando que no se habían agotado los procedimientos administrativos y que hay que hacer interpretaciones de las complejas leyes fiscales de PR. Poco después, el Tribunal Supremo de PR denegó la petición de certificación pero “dado los importantes intereses de ambas partes, es conveniente y necesario” que el Tribunal de Primera Instancia celebre una vista evidenciaria no más tarde el 12 de junio de 2014 y que decida como mínimo la controversia en o antes del 26 de junio de 2014. Entonces habrá un récord completo evidenciario para que el Tribunal Apelativo o el Supremo decida el caso. El hecho de poner este calendario acelerado demuestra que el Tribunal Supremo sabe lo importante que es el tiempo para este caso. Hay varios escenarios posibles pero antes hay que evaluar las alegaciones de Hacienda.

El Gobierno trata de convencer al Tribunal, que el pleito va a ser largo y complejo y que la certificación viola sus derechos. Al mismo tiempo, argumenta que el proceso administrativo del Departamento de Hacienda tiene que seguirse y que la jurisdicción primaria es de ese proceso. Normalmente, cuando hablamos de asuntos con agencias administrativas en PR y USA, se tiene que ir primero al procedimiento administrativo ANTES de ir al Tribunal. Sin embargo, aquí  la situación es un tanto diferente. Estamos ante la sección 6051.07 del Código de Rentas Internas de PR, 13 L.P.R.A. § 33207 establece claramente que los acuerdos de este tipo son finales a menos que se demuestre, fraude, engaño o falseamiento de un hecho pertinente.  ¿Si el acuerdo es final hasta que se demuestre fraude, engaño o falseamiento de un hecho pertinente, hace falta interpretar el Código de Rentas Internas? Obviamente no. Es lo que todos los días hacen los Tribunales, examinar la evidencia para ver si en efecto hubo fraude, engaño o falseamiento de un hecho pertinente.  Más aún, el documento radicada ante el Tribunal de Primera Instancia ni ante el Tribunal Supremo, en parte alguna indica cual es la prueba de que hubo fraude, engaño o falseamiento de hecho pertinente. El fraude requiere prueba testifical o documental clara y si la tuviese el Gobierno, la estaría incluyendo. Además, es interesante que las mociones presentadas hablan sobre el acuerdo del 2012 y que los créditos estaban prescrito en esa fecha. Sin embargo, nada mencionan sobre el acuerdo del 2006, el cual es la base del de 2012. Esto me demuestra que Hacienda NO tiene la evidencia para demostrar fraude, engaño o falseamiento de un hecho pertinente. Por ende, no creo que el Tribunal de Primera Instancia desestime la demanda como se solicita. Irrespectivo de mi opinión, esos son los posibles escenarios.

El Tribunal de Primera Instancia desestima el pleito de Doral en o antes del 26 de junio. Probablemente se radique nuevamente la solicitud de certificación y o se acepta o no se acepta. Si se acepta la certificación, el Tribunal Supremo, con un récord fáctico, decidirá. Aún si no expide la certificación, puede ordenar que la apelación se decida en un término bien corto, aunque dudo que esto se haga así.

El Tribunal de Primera Instancia decide no desestimar y podría determinar que sigue el caso como uno ordinario. Ahí nuevamente se pediría Certificación  por Doral y depende de lo que decida el Tribunal Supremo.

El Tribunal de Primera Instancia podría decidir que Hacienda tiene el peso de la prueba de demostrar fraude, engaño o falseamiento de un hecho pertinente y que no tiene la prueba y concede la Sentencia Declaratoria. El Gobierno apelará al Apelativo y nuevamente Doral pedirá certificación, la cual se concederá o no.

Mi amigo Jay Fonseca menciona, con cierta razón, que si Doral cometió fraude como dice el Gobierno, ¿donde están las acusaciones? Me parece que la razón es que Hacienda carece de la prueba para radicar acusaciones. Se centran en el año 2012 sin aceptar que el acuerdo data del 2006. Tampoco menciona Hacienda que el acuerdo del 2012 hace mención a la existencia del acuerdo del 2006.

Reitero lo que he dicho anteriormente; las acciones de Hacienda ponen en peligro el sistema bancario de Puerto Rico, arriesga enviar a las filas del desempleo a más de 1,000 familias durante el back-to-school y destruye cualquier confianza que un inversor pueda tener en los acuerdos con el Gobierno. Más aún, las acciones de Hacienda hacen que el ciudadano de a pie se cuestione si vale la pena tener el dinero en el banco o debajo del matress. Recordemos hoy al Representante Baez y otros invitando en la radio y las redes sociales a los clientes de Doral a sacar su dinero de la institución y sembrando pánico. ¿Es eso lo que quiere esta administración?

 

 

The Doral Lawsuit

As expected, Doral sued the Department of Treasury for not honoring its agreements dated 2006, 2012 and 2013. More importantly, Doral requested interjurisdictional certification to the Supreme Court of Puerto Rico. This is done when a case needs urgent attention. I will discuss the case and its implications. The complaint and other documents can be viewed here.

The September 26, 2006, Treasury and Doral signed a final agreement (closing agreement) to prevent the latter from amending their 1998-2005 returns and claim the overpayment made ​​during these years. That means that the Treasury had no money back then and the debt became an intangible asset and used as a credit for future taxes. The agreement allowed Doral to write off the debt of $ 889,723,361 for 15 years. Clearly, when the 2006 agreement on the forms 1998-2005, this was not time barred.

The March 26, 2012, Doral and Finance reached another agreement extinguishing the old on in a novation. Novation is a legal concept which means that the parties to an agreement decided to change the agreement so that there is a new agreement, different from the previous and the earlier agreement ceases to exist. A totally new agreement is created then. The new agreement recognized that Doral overpaid taxes and even though the bank still had a $766,280,289 credit, the parties agreed to lower this amount to $ 229,884,087 (the details are discussed in the application). Doral also committed to the expansion of some social programs such as preservation of homes and commercial development that the Bank valued at $ 70,000,000.

Importantly, section 6051.07 of the Internal Revenue Code of PR, 13 LPRA § 33207, clearly states that such agreements are final unless it fraud, deceit or misrepresentation of a material fact are proven. Clearly the onus is on the party claiming nullity.

Again, on December 30, 2013, this time Melba Acosta again the Secretary of the Treasury, the overpayments are recognized. This deal is not about what the previous one but shows that this is done every day in the PR Treasury. However, on April 15, 2014, the Department of the Treasury sent a letter to Doral claiming that PR did not receive any benefit in the contract and gave the Bank ten days to justify the deal and on April 23, Doral did so. On May 14, 2014, the Treasury sent Doral letter stating that the Department had declared the contract void being simulation or unlawful device and that the amounts claimed were time barred.

Those are the facts alleged, and each claim is supported by the aged documents to the petition, which is in the link I posted at the beginning.

Apart from the law of the Internal Revenue Code that I quote, it is important to remember that these two contracts were final and constitute a transaction, contract defined by the Civil Code, Article 1709, as one made to avoid a lawsuit or a continuation of one already filed. Moreover, the affirmative defense of statute of limitations may be waived even in a litigation. Ergo, the reasons advanced by the Department of the Treasury do not seem reasonable. This brings me to my conclusion of several days ago that the fact that the President of Doral is the former Secretary of the Treasury under Fortuño is the real reason for this anomaly. In other words, pure party politics.

We knew this issue was coming but figured it would not be in time to save Doral due to the 120-day (of which only 100 remain) period set by the FDIC to resolve the issue of Tier 1 capital funds. For that reason Doral deftly resorted to interjurisdictional certification. This request is one that has been used several times in the past, most recently in the case of v Teachers Association. ELA, The procedure allows the Supreme Court to decide cases directly, without having to wait for the Courts of First Instance and Appellate Courts, a process that takes many years. How did Doral justify this?

Doral is a conglomerate of companies and employs more than 1,000 people with a payroll of $ 50 million and serves 300,000 customers. Recently, three Banks in PR were closed, and there are few left, Banco Popular, First Bank, Oriental, Santander (which is about to leave), Scotiabank and Doral. If the latter disappears, local Banks, weakened as they are, will weaken further and that means fewer loans to businesses in PR. It also indicates that if it is no certified by the PRSC, the dispute would become moot. This is an obvious reference to a liquidation by the FDIC. Ironically, if this happens, the FDIC will remove the case to Federal Court and demand payment form the PR Treasury Department and will likely win..

Doral claims that the Treasury Department has abrogated the power to declare a contract which is reserved under the Constitution to the Courts and it is right. The Treasury Department should have filed a declaratory action lawsuit such as the one filed by Doral to determine the contract illegal. It did not do it because possession is 9/10’s of the law.

 

Doral also claims that the action by the Treasury Department was ultra vires (contrary to the rules) and violates its constitutional rights. These alleged violations are:

a) Due process of the law was violated-This has two aspects: procedural and substantive. The latter, which Doral is claiming, “prohibits the state to take unreasonable, arbitrary or capricious decisions on property interests of citizens or their freedoms.” Hernandez v Trinidad. ELA, 188 D.P.R. 828 (2013). If we look at the arguments and documents they definitely support this claim.

b) Impairment of Contractual Obligations-both constitutions prohibit the impairment of contractual obligations. This issue has been discussed several times in v Teachers Association v. ELA and Trinidad Hernandez. The state can not impair contractual obligations unless justified from the point of view of public interest and that the remedy solves or substantially lessens the problem. In the balance of interests, how allowing the Treasury Department a keep $ 229 million plus in a consolidated budget of nearly $ 30 billion remedy or lessened the economic crisis which we live? I find it hard to believe the PRSC will not grant the certification petition.

Finally, Doral asks in its application for a declaratory judgment that the December 2012 agreement and other incidental agreements be declared valid. Given the above, I think the PRSC will grant the certification and resolve the case promptly. To give an example, in the case of the Teachers Association, the lawsuit was filed on January 8, 2014, the Court designated a Special Commissioner who made ​​factual findings, there were two argumentative views on the Supreme Court and even then the case was decide on April 11 The PRSC has shown that when he wants, can move very quickly. I hope it does here. We will keep you informed.